El exjefe de Urgencias del Severo Ochoa de Leganés dio una charla sobre los derechos al final de la vida en Avilés.

 

«La libertad en el final de la vida tiene que ser un derecho universal»

11.06.11 - A. PALACIO | AVILÉS, en El Comercio.

Foto: Luis Montes Médico y presidente de DMD.

El doctor Luis Montes, ahora presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), y el jefe del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés denunciado por mala praxis durante el 'caso Lamela' -más tarde declarado inocente por la Justicia-, participó ayer en un coloquio sobre los derechos al final de la vida, organizado por IU en la Casa de Cultura. Montes aseguró que «una ley de muerte digna que está despenalizada, es de buenas prácticas y necesaria, debe ser transversal y admitida como tal, aunque tendría mis dudas de que se pusiese en práctica con un gobierno de derechas una ley que cambie el ordenamiento jurídico y el código penal que penaliza el homicidio compasivo».

-¿Qué le parece la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna?

-La ciudadanía tiene claro que la muerte, que es inevitable, debe ser breve, sencilla, confortable y que no hiera la sensibilidad de nuestros familiares y amigos. Una agonía dilatada en el tiempo no la comparte ni un 1% de la sociedad. En un caso como el de Ramón Sampedro, que exige una ayuda para morir, no puede estar penalizada esa colaboración. Es un derecho disponer de nuestra propia vida porque es nuestra, no es del Estado de derecho ni de una sacralidad de la vida de un ser superior. Tenemos el derecho, en esas condiciones de intenso sufrimiento, de disponer de ella.

-¿Cuál es el papel del médico?

-La Ley de Autonomía del 2002 lleva unos derechos de ciudadanía que los médicos no van a desarrollar. Yo llevo mucho tiempo trabajando como médico y lo hago mucho mejor en el paternalismo. Ahora implica que los derechos de ciudadanía van a ser conculcados, cuando el ciudadano es el único que los puede reivindicar. El cambio no puede venir desde el vértice, tiene que venir de los ciudadanos.

-¿Hay problemas con los familiares de los pacientes?

-Si los ciudadanos no desarrollamos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, lo que es conocido como el testamento vital, y no dejamos dicho lo que queremos, serán nuestros familiares los que van a decidir los procesos. Pero en la familia, al igual que la sociedad, existe un pluralismo y llegar a una unidad de criterios es difícil si no has dejado todo por escrito.

-¿Qué se aconseja desde la asociación que preside para evitar este tipo de conflictos?

-Intentamos conseguir que se dejen los testamentos vitales y que se nos respete en nuestro estado final de la vida. También qué tratamientos aconsejamos y pedimos que se nos practiquen y ejecuten. Hablamos del testamento vital porque hay poca pedagogía al respecto, la mayoría de la ciudadanía no sabe ni dónde se puede hacer. Nuestra asociación, además de otras labores, exige que se cambie el ordenamiento jurídico y el código penal porque los ciudadanos somos propietarios de nuestro derecho a la vida y si decidimos apearnos, dimitir o abandonarla cuando deseemos, queremos que se pueda cumplir nuestro deseo.

-Desde hace años anima a las familias a denunciar los casos de agonía prolongada.

-Sí, pero el problema es superar el miedo y la valentía a seguir el proceso porque la justicia es lenta y después del duelo es un tema complicado. Aunque es algo bonito de defender y desarrollar, porque si no tenemos este derecho vamos a seguir muriendo muy mal, cuando la libertad en el final de la vida tiene que ser un derecho universal.

-¿Cómo recuerda todo el proceso del 'caso Lamela'?

-Personalmente creo que fue un hecho tan infame que me cabe la satisfacción de haber abierto el proceso sobre la muerte digna en este país.