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Deciden utilizar la “moción más imperativa de todas”: ¡¡La Ley!!…

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La oposición recuperará el control parlamentario sobre las decisiones económicas del Gobierno

Dejará sin efecto la decisión del gobierno regional sobre la RTPA

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios de la oposición PSOE, PP e IU-Verdes han presentado una proposición de Ley para la modificación del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, con el propósito de recuperar el control parlamentario sobre las decisiones económicas y relativas al sector público llevadas a cabo por el Gobierno del Principado.
Según han indicado en rueda de prensa los portavoces de los tres grupos de la oposición, que cuentan con mayoría en la Cámara asturiana, esta decisión se toma después de que el Ejecutivo dijese que haría caso omiso a la moción parlamentaria presentada por PSOE, PP e IU-Verdes para anular el acuerdo del Consejo de Gobierno del 4 de octubre, en el que se incluían las retenciones de crédito al ente público de comunicación RTPA.
El socialista Fernando Lastra ha explicado que los grupos de la oposición entienden necesario retirar la facultad concedida al Ejecutivo para actuar por sí mismo en lo relativo a la reordenación de las empresas públicas y el gasto público ya que "no le está dando un uso adecuado". De esta forma, la Junta General volverá a recuperar sus competencias "con toda la dureza de la ley" ya que "era obligado actuar ante la actual situación", ha dicho.
Por su parte, Pérez-Espinosa ha incidido en que "ningún Ejecutivo puede actuar de espaldas a la Cámara" ya que "no se puede eludir el control parlamentario". Por eso, ha reprochado la actitud del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, que pese a estar en minoría parlamentaria "pretende actuar sin dar explicaciones". "Si no acepta la orientación del parlamento, tendrá que hacerlo por ley", ha reseñado.
De este modo, la portavoz del PP ha resaltado que la ley vuelve a situarse en "el punto del que no debió alejarse", recordando que su grupo rechazó las disposiciones aprobadas el pasado año por PSOE e IU-Verdes. Asimismo, ha remarcado que los tres grupos están de acuerdo en cuál debe ser el procedimiento, pero cada uno mantendrá la independencia en sus decisiones sobre lo que se debata en la Junta.
Desde IU-Verdes, Jesús Iglesias ha argumentado que la decisión es "excepcional" porque el Ejecutivo ha dicho "que va a ignorar las decisiones de la mayoría parlamentaria". "El Gobierno ha anunciado que usará la deslegalización no para mejorar el sector público sino para cortarlo en seco".
Los portavoces han afirmado que se puede dejar sin efecto un acuerdo del Consejo de Gobierno con carácter retroactivo. "Tendrá que paralizarlo, presentar otra propuesta de ajuste y llevarla ante la Cámara", ha apuntado Lastra, comentando que no se impide al Ejecutivo reorganizar el sector público sino que se haga en sede parlamentaria y con el apoyo de la mayoría, al igual que las limitaciones de gasto.
"Esto tiene que ver con la transparencia", han defendido los portavoces, que han criticado las formas en las que el Gobierno autonómico ha realizado los ajustes del gasto, las retenciones de crédito a la RTPA, y el anuncio de la venta de la empresa pública Sedes.
MODIFICACIONES
Con esta proposición de ley, que esperan debatir lo antes posible, se modificará el artículo 'Materias de reserva legal' pasando a indicar que será necesaria "la autorización al Consejo de Gobierno para la constitución de empresas públicas del Principado, así como para la modificación, absorción, segregación, fusión o supresión de las existentes, y para los actos de adquisición o pérdida de su posición mayoritaria".
Igualmente, se añade una nueva letra al artículo sobre 'Competencias del Consejo de Gobierno' apuntando que tendrá que "proponer a la Junta General las restricciones de gasto público en las transferencias a los organismos y entes públicos".
También se modificará el articulo relativo a las 'Obligaciones económicas del Principado de Asturias' indicando que "las transferencias nominativas a los organismos y entes públicos se librarán por doceavas partes del crédito total, sin perjuicio de los acuerdos de restricción de gasto público que el Pleno de la Junta pudiera adoptar a propuesta motivada del Consejo de Gobierno, que deberá acreditar las circunstancias que justifican o aconsejan esa restricción, así como su cuantía".
Además, se añade un nuevo apartado a la disposición adicional segunda 'Organismo y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada y empresas públicas que reciben transferencias corrientes de la Administración del Principado'. Así, se apunta que lo señalado en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de restricción del gasto público que el Pleno de la Junta, a propuesta del Consejo de Gobierno y en los términos de lo dispuesto en esta Ley, pudiera adoptar.
Con todo, el Consejo de Gobierno deberá proceder a dejar sin efecto el acuerdo de 4 de octubre de 2011, sobre la necesidad de establecer retenciones de crédito en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011, así como cuantos otros de similar o análoga naturaleza haya podido adoptarse, de lo que se dará cuenta a la Junta General en el plazo de quince días desde la entrada en vigor de la Ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPA.

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