El ajuste obligará a Asturias a reducir personal y servicios

Los expertos coinciden en que existe escaso margen para acometer la reforma sin tocar Prestaciones en sanidad y educación

Vaticinan que España retrocederá en el ránking mundial

Foto: Intervención quirúrgica durante el primer trasplante hepático realizado en el Principado. FERNANDO ROBLES

La Voz de Asturias. 11/04/2012 00:00 / PILAR CAMPO OVIEDO

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El segundo paquete de recortes anunciado por el Gobierno de Rajoy en educación (3.000 millones) y sanidad (7.000 millones) obligará a Asturias a suprimir prestaciones, reducir plantillas e incluso podría implicar más bajadas de sueldos ante la desaparición de algunos complementos productivos. Los expertos consultados por LA VOZ coinciden en que Asturias no podría asumir el recorte social sin rebajar los servicios e interpretan las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular (PP) como un paso más en su política de ahogo al sistema público.

 

El PP no ha querido desvelar, partida por partida, dónde se meterá la tijera y emplaza su análisis detallado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la ministra Ana Mato ha adelantado para el próximo día 18 -estaba previsto inicialmente para finales de mes- para tratar de alcanzar “acuerdos de consenso” con todos los consejeros del ramo.

 

Las reacciones Apenas 24 horas después de que el gobierno anunciara el recorte social que pondrá en marcha, el portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, censuró durante su intervención en la sesión de control parlamentario que la educación “no es una prioridad para el PP”. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 confirma además, en opinión de Areces, “los peores presagios” ya que recorta un 21,9% el presupuesto en educación. El expresidente del Ejecutivo recriminó al ministro José Manuel Wert que, en contra de lo que anunció, se recorte también la política de becas en 166 millones y recordó que los 10.000 millones de euros que calculan de ahorro con el tijeretazo “presagia lo peor porque probablemente va a incidir también en las tasas universitarias y a las ratios de escolarización en primaria y secundaria”, lo que afectaría gravemente “a la equidad y a la calidad educativa”.

 

Areces reprochó a los populares que en el caso de las transferencias a las autonomías, de los 17 programas de cooperación territorial hagan desaparecer 10, algunos muy significativos como el plan 2.0 o la escuela de 0 a 3 años.

 

El exconsejero de Educación, Herminio Sastre, comparte su opinión y reconoce que las repercusiones en Asturias serán “muy dolorosas” porque con el tijeretazo habrá que hacer modificaciones en el desarrollo de la docencia. “Las primeras medidas que se han dado a conocer hablan de incrementar el número de alumnos por aula y reducir el número de profesores en lo que supone un atentado fuerte sobre la educación”.

 

Herminio Sastre, que ejerce la docencia desde su cátedra de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, recuerda que durante su etapa al frente de la consejería se hicieron muchos esfuerzos para lograr una educación de calidad que ahora el PP echa por tierra.

 

El exconsejero de Educación teme que los indicadores de escolarización y titulación de ESO que auparon a Asturias a los primeros puestos de cabeza del ránking nacional también puedan correr riesgo de perderse. Sastre calcula que si a Asturias le corresponden 70 millones de euros menos con el ajuste, “habrá que ver si esa reducción dentro del presupuesto del Principado a qué partida se corresponde, si es a inversión o a gasto corriente y habrá que ver si los complementos van a eliminarse. Habrá que ir viéndolo todo poco a poco, pero la noticia desde el punto de vista del bienestar social es cuanto menos preocupante”, subraya.

 

El sindicato SUATEA advierte que al PP sólo le interesa “deteriorar la enseñanza pública mediante el hacinamiento, la eliminación de profesorado para atención a la diversidad, el aumento del número de alumnos que cada docente debe atender y el despido de miles de interinos a la enseñanza pública para así favorecer a la enseñanza privada, concertada o no”.

 

SUATEA se suma a las críticas socialistas sobre la eliminación de los presupuestos generales para este año de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la desaparición prácticamente de la formación permanente del profesorado, el recorte sustancial de las becas y el presupuesto para la enseñanza superior, la secundaria, el bachillerato, la FP y las escuelas de idiomas.

 

El sindicato de enseñanza ironiza sobre la forma que tiene el PP de solucionar el fracaso escolar al estilo de las comunidades madrileña o valenciana, “con el aumento del horario lectivo para los docentes, la eliminación de tutorías y la atención a la diversidad, con la supresión de optativas, mientras se le ceden gratis suelos y edificios completos a la enseñanza privada concertada y se conceden subvenciones en forma de desgravación fiscal a quienes mandan a sus hijos a la privada”. Unos ajustes que provocarán el “desmantelamiento de la enseñanza pública”.

 

Sanidad a dos velocidades Si en Educación los recortes repercutirán negativamente en la calidad del sistema, la incidencia no será menor en Sanidad. El exconsejero del ramo durante la etapa socialista, Ramón Quirós, prefiere ser cauto hasta conocer en detalle cómo se concretarán los recortes, aunque sí advierte de que “no se pueden hacer a ciegas ni indiscriminadamente porque es un peligro” .

 

Una vía que ha abierto el ministerio es el incentivo para que “las rentas altas salgan del sistema sanitario público y en ese caso sería una sanidad basada en el consumo” y el riesgo que se corre, en opinión de Ramón Quirós, es que “haya una sanidad a dos velocidades. Esa es la amenaza más importante”, asegura.

 

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, Carlos Ponte Mittelbrunn, considera que Asturias no puede asumir este recorte sin prescindir de prestaciones. “Este recorte pone en cuestión a la sanidad pública”, corrobora.

 

La propuesta del ministerio es, en opinión de Carlos Ponte, “una barbaridad porque rompe el principio de solidaridad entre todos los sectores sociales”.