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La FADSP acusa al Gobierno de ser “valiente” con los débiles y “cobarde” con las multinacionales

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierte de que el copago farmacéutico introducido por el Gobierno favorecerá el no cumplimiento de los tratamientos y una mayor utilización de urgencias, así como un aumento de las tasas de hospitalización.

nuevatribuna.es

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia la introducción del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno y critica el hecho de que las nuevas medidas adoptadas “se han vendido ante la opinión pública como un ajuste necesario para sostener la sanidad pública”, sin contar con los inconvenientes.

En este sentido, la FADSP recuerda que en España los jubilados tienen unas pensiones muy bajas (el 8,51% cobra menos de 300 euros y el 54,02% menos de 650 euros) “lo que les colocara en la tesitura de optar entre pagar los medicamentos y comprar alimentos, con lo que, cualquier decisión que tomen será muy negativa para su salud”.

La asociación considera que establecer copagos distintos según tramos de renta tiene algunas dificultades y costes que no se han tenido en cuenta. Entre las dificultades, el hecho de que la renta es variable y que en España el fraude fiscal es muy elevado y de difícil control “con lo que los defraudadores seguirán muy probablemente sin pagar y se penalizará a las personas que viven de un salario, una pensión o la prestación por desempleo”.

Por otro lado, las medidas introducidas por el Gobierno obligarán a cambiar las tarjetas sanitarias de toda la población (47 millones de personas), dependiendo de la complejidad que se quiera incorporar a las mismas la estimación de coste, según la FADSP, es de entre 470 y 900 millones euros, un gasto que supera a los ingresos previstos, al menos durante el primer año,

También subrayan que la experiencia de introducir el copago en otros países ha demostrado que los copagos en medicamentos “favorecen el no cumplimiento de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes”.

Sobre la cartera de servicios, lo anunciado hasta el momento, hace temer a la asociación “que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud, porque las prestaciones que se han mencionado no producen un gasto significativo y entran en el terreno del marketing demagógico”.

En cuanto al control del “turismo sanitario”, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se trata de “un serio problema no de normativa como de recogida de datos y control por parte de los centros sanitarios y las administraciones autonómicas” y que el ahorro que se calcula “es sumamente improbable”.

En suma, la FADSP muestra su rechazo a tales medidas porque “son muy regresivas y van a penalizar a los más enfermos y los más pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias. El Gobierno ha optado por usar la valentía de la que presume con las personas más débiles y desprotegidas y su cobardía a la hora de tocar los intereses económicos de las multinacionales”.

“Estas medidas –añaden- van a tener una efectividad muy limitada y muy inferior a la prevista por el Ministerio” y recuerdan que desde la FADSP se ha propuesto una serie de medidas que sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones lograrían un ahorro de casi 10.000 millones euros, tal y como publicó recientemente nuevatribuna.es.

VER LAS PROPUESTAS DE LA FADSP

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