Si los sindicatos son capaces de presentar propuestas alternativas a las que recoge el Plan Económico, que respeten la premisa fundamental de mantener los puestos de trabajo y generen el mismo ahorro que comporta dicho Plan, serán tenidas en cuenta
El dilema de Andalucía: o reducción salarial a los trabajadores públicos o 10.000 despidos en Sanidad
En la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, en que se abordó con las organizaciones sindicales el Plan Económico-Financiero de la Junta de Andalucía, se puso de manifiesto que este plan contempla una reducción salarial de los trabajadores públicos para evitar que, como consecuencia de la ampliación de la jornada laboral (a 37,5 horas semanales) impuesta por el Gobierno central, tengan que ser despedidos 10.000 trabajadores de los centros sanitarios.
Foto: Maria Jesus Montero, Consejera de Sanidad de Andalucía.
Sevilla, 23/05/2012, en Acta Sanitaria
Según la nota difundida por la Consejería de Salud al término de la reunión, en la que se informó a las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad de los detalles del Plan Económico y Financiero de la Junta de Andalucía y su impacto en el sector sanitario, se llamó la atención sobre el incremento de la jornada laboral a 37,5 horas, cuya aplicación es de obligado cumplimiento por exigencia del Gobierno central, lo que comportaría el despido de 10.000 personas que actualmente desarrollan su labor en los centros sanitarios. Para evitar la pérdida de empleo de estas 10.000 personas y el deterioro del modelo social de Andalucía en cuanto a mantenimiento de prestaciones sanitarias, sociales y educativas, el Plan Económico y Financiero establece la reducción salarial de los trabajadores públicos. Esta medida, que supone un esfuerzo solidario colectivo muy importante por parte de todos los profesionales, es la opción planteada por el Gobierno andaluz para evitar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo y los efectos negativos en las economías familiares de estas personas.
Propuestas alternativas
De acuerdo con la información oficial, ambos aspectos centraron el desarrollo de la reunión, presidida por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero. Los sindicatos manifestaron su rechazo a las reducciones de las retribuciones de los trabajadores públicos, si bien la titular de Salud y Bienestar Social invitó a sus representantes a plantear propuestas alternativas a las que recoge el Plan Económico, siempre que se respete la premisa fundamental de mantener los puestos de trabajo y se consiga el mismo ahorro que comporta dicho Plan. En este sentido, se optó por hacer un esfuerzo solidario y que los ahorros que tienen que conseguirse para lograr el objetivo de déficit se repercutan en los salarios de los profesionales de forma progresiva. Una medida solidaria entre los trabajadores públicos que supone que se ajustarán más los salarios altos y la reducción será menor en aquellos que menos cobran.
La Junta, insiste la nota oficial, se ve obligada por imperativo legal a realizar estos ajustes. De hecho, este plan responde al compromiso del Gobierno andaluz de cumplir el objetivo de déficit marcado para 2012 por el Gobierno central, una imposición de reducción con el que se está dando un trato injusto y se está perjudicando notablemente a Andalucía, exigiéndole un mayor esfuerzo para el control del déficit público que al propio Estado.
Mantener el empleo y los servicios públicos
En el encuentro con las organizaciones sindicales, se reiteró el compromiso del Gobierno andaluz por mantener el empleo público, a diferencia de otras comunidades que están tomando medidas de recortes de servicios básicos para la ciudadanía y de privatizaciones. Ejemplo de esto son el cierre de plantas de hospitales en Baleares o Cataluña y la reducción de programas diagnósticos en Castilla-La Mancha.
Además del impacto económico y social que supondría el despido de 10.000 trabajadores, que se pretende evitar a toda costa con el Plan Económico, se produciría también un importante impacto en la actividad sanitaria. De hecho, se estima que prescindir de 10.000 personas en el sector sanitario equivaldría al cierre de un hospital como el Hospital Virgen del Rocío o el Hospital Regional de Málaga o de la mitad de los centros de atención primaria de Andalucía, así como la suspensión de más de 60.000 operaciones quirúrgicas o más de un millón de consultas de especialistas. Esta situación llevaría a la senda de privatizaciones, tal y como ya viene ocurriendo en otras comunidades autónomas y que es la situación que el Gobierno andaluz pretende evitar con este Plan Económico.
VER NOTICIAS ANTERIORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS:
0 comentarios