35.000 empleados públicos luchan por «dignificar una imagen deteriorada»
«No somos parásitos ni privilegiados. Somos muy necesarios», defienden los funcionarios
El Comercio. 27.05.12 - 03:39 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO.
La operaria Paula Álvarez Galán ha llegado a frotar 300 mesas de instituto en un mes con decapantes, que esta limpiadora empleada por la Administración autonómica utiliza «para quitarles la tinta». Y así lleva cinco años en los que, cuenta, ha perdido «mucho olfato». Pero es que sus cinco compañeros de brigada no lo pasan mejor rodeados de decenas de productos con los que atacan pasillos, cristales o baños. Entre «desinfectantes, desincrustantes, tóxicos. Siete horas diarias de lunes a viernes. Acabas con la garganta y el estómago fatal».
Y, a pesar de eso, Paula sabe que «funcionario» y «vago» son dos conceptos todavía asociados por un amplio porcentaje de la ciudadanía, algo que tampoco se le escapa a Matías Castaño, policía de la Comisaría de Gijón, área de Seguridad Ciudadana, después de años de «dura formación» y de doce más de destino en Madrid, que lo sabe y lo desmiente: «Me inclino a pensar que esa distorsión absoluta de la realidad se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar ’lo público’ en favor de ’lo privado’».
Mantener la asociación entre «empleado público» e «improductivo» responde, explica el también secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias, «a los intereses de dirigentes políticos y de determinados grupos de presión» que la utilizan «como argumento fumígeno para justificar el irresponsable y duro recorte de derechos y medios» que los empleados públicos vienen sufriendo en los últimos tiempos a manos de gobiernos de diverso signo. Todo, con el objetivo último, añade, «de instalar una precariedad en los servicios prestados a los ciudadanos de modo que éstos opten por los servicios privados, de los que argumentan que son más eficientes. Eso, mientras se callan que resultan menos eficaces, menos independientes y desiguales, dependiendo del nivel económico de ese mismo ciudadano».
Como Matías Castaño, muchos de los 35.000 empleados de la Administración autonómica -como el medio millar que esta semana salió a la calle en Oviedo «contra el deterioro de los servicios esenciales»- han comenzado una cruzada «para dignificar una imagen que ya está lo suficientemente deteriorada», admite Juan Gavira, representante de CSIF. Porque, como alega el portavoz de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Enrique López, «el empleado público, socialmente, sigue teniendo una vitola de aprovechado».
La realidad, a su juicio, es bien distinta: «No le debemos nada a nadie. Trabajamos, cobramos un salario y pagamos nuestros impuestos. Somos trabajadores como el resto. No tenemos que pedir perdón a nadie por tener unas condiciones laborales que ya no se dan en el mercado laboral».
Condiciones, reflexiona Paula Álvarez (que superó cuatro exámenes antes de conseguir su puesto de limpiadora tras conocer primero el sector privado), «que ya ni siquiera están garantizadas. Porque lo de ser fijo, que era lo único bueno que teníamos, con la reforma laboral se queda en nada».
«Éramos masa borreguil»
«No somos parásitos de la sociedad ni privilegiados. Somos muy necesarios y deteriorar los servicios que prestamos y con los que estamos muy comprometidos es deteriorar, por ejemplo, las condiciones de vida de los chavales que están en centros de menores o de los mayores que están en residencias», espeta, contundente, Juan Gavira.
A ese compromiso se refiere también el agente Castaño, que sostiene que buena parte de sus compañeros «mantienen una implicación personal en defensa del ciudadano, actuando más allá de su deber en casos de urgencia y con gran peligro para su integridad».
«Éramos gente que no nos movíamos, masa borreguil. Pero eso ha cambiado. Tenemos que decirle a nuestro empleador, el Gobierno, que debe trabajar por dignificar la figura del empleado público y no ir a lo más fácil, a recortar el número de trabajadores y sus salarios».
Victorino Rivero Nido, guarda que precinta salmones en Salas «tras la polémica con el Campanu», o el coordinador del 112 Marcos Rodríguez, que se enfrentó «al avance descontrolado del fuego el Valledor» hace pocos meses, a familias que tienen un accidente grave «y se quedan bloqueadas» al teléfono, a «personas que piensan que la única llamada es la suya», también se lo pide: «La Administración debe apostar ya por sus empleados».
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