Quirós lidera la objeción al cese de asistencia a los «sin papeles»
El ex consejero de Salud firma con otros sanitarios un manifiesto por la «Resistencia, sosegada pero activa»
Ramón Quirós.
Galicia y Valencia, primeras comunidades del PP en rebelarse.
Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, M. S. M.
El ex consejero socialista de Sanidad, Ramón Quirós, y la que fue su directora de Salud Pública, Amelia González, encabezan junto a otros veintitrés médicos y profesionales de la sanidad pública un manifiesto en el que dejan constancia de su desacuerdo con el decreto ley 16/2012, aprobado por el Gobierno central, que retira la asistencia a inmigrantes sin permiso de residencia, una medida que algunos gobiernos autonómicos han decidido no respaldar, entre ellos el Ejecutivo asturiano que preside Javier Fernández.
Bajo el título «Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 como trabajadores de salud pública», los firmantes muestran su disconformidad con la aplicación de dicho decreto a partir del 1 de septiembre, porque, a su juicio, «en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados, incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el artículo 43.2 de la Constitución española, así como otras leyes, al menos en varios aspectos».
Los firmantes insisten en que «el consumo de recursos sanitarios por parte de los inmigrantes es inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas sanas y jóvenes cuyo nivel de salud en general es bueno». Además consideran que la aplicación del decreto «supone una reorientación indebida de los servicios de salud con una menor accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad».
Contra la aplicación del decreto del Gobierno de Rajoy, los sanitarios asturianos alegan que la misma supondría «la limitación del acceso a programas e intervenciones que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva», además de opinar que «la creación e estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye una discriminación que añade más dificultades a su integración en la sociedad».
Además expresan su temor a que esta discriminación sea sólo un primer paso de otra que puede afectar al resto de prestaciones sociales. «El decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de las desigualdades sociales».
Las opiniones de los veinticinco médicos y trabajadores de la sanidad pública que firman este manifiesto coinciden con los más de 1.700 en toda España que han decidido objetar contra la normativa gubernamental y seguir atendiendo a los inmigrantes. Desde Asturias, «valoran de forma muy positiva y apoyan las actuaciones que determinadas administraciones autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco) desarrollan para mantener la atención a la población inmigrante», e insisten en que muchas de sus actividades preferenciales en salud pública van dirigidas a colectivos vulnerables y empobrecidos y que no ha de excluirse de estas actividades a los inmigrantes no regularizados.
Los sanitarios firmantes instan al Gobierno central a revisar el decreto en lo referente a la atención a la población «sin papeles» y en «aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un sistema sanitario público y sostenible». Asimismo recomiendan al Gobierno que revise y modifique los apartados del decreto en los que se incumple la legislación vigente en la Constitución y en la ley General de Salud Pública.
Por último, piden que se tengan en cuenta las iniciativas elaboradas al amparo del Ministerio para reducir las desigualdades de salud en España, donde se concretan iniciativas para avanzar en equidad.
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