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Los Juzgados empezarán a cobrar las nuevas tasas a partir de mañana

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«Lucharemos para que se deroguen», anuncia el Colegio de Abogados de Oviedo

Los secretarios deben rechazar todo escrito sin justificante de pago

Lne.es » Asturias Oviedo, L. Á. VEGA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden dictada por el Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas judiciales, que podrán cobrarse a partir de mañana, lunes. Desde que se aprobó la subida de tasas, el pasado 20 de noviembre, no había sido posible efectuar el cobro debido a que no existía el formulario para el pago del impuesto. A partir del lunes, los secretarios deberán rechazar todo escrito que se presente sin justificante de pago y requerir a quien ejerce la acción para que lo aporte. Como se ve, la aplicación de las tasas queda en manos de los secretarios, sin que los jueces puedan intervenir, lo que hace difícil la posible «insumisión» de los magistrados, tal como propone un juez de Benidorm (Alicante).

 

 Los profesionales del sector eran conscientes de que el hecho de que no se cobrasen las tasas se debía más a la improvisación con que había sido aprobada la ley (se hacía necesario que entrase en vigor antes del 1 de diciembre porque en la misma se incluía la supresión de la paga extra de los jueces) que a una hipotética reconsideración por parte del ministro Gallardón. La aprobación de la ley por parte del Ministerio de Hacienda no los ha cogido precisamente de sorpresa. «Se concreta lo que era ya un desastre. Seguiremos oponiéndonos y luchando todo lo que podamos para que se deroguen las tasas», indicó Ignacio Cuesta, secretario del Colegio de Abogados de Oviedo.

 

 El temor ahora es a que se cobren las tasas de forma retroactiva a aquellos que hayan presentado escritos desde el pasado 20 de noviembre, fecha en la que se aprobó la subida. «Eso ha creado una gran incertidumbre», indicó un secretario judicial. Y un juez, Luis Ortiz Vigil, delegado en Asturias de la Asociación Francisco de Vitoria, llamó la atención sobre «la situación curiosa, el vacío legal creado, puesto que la anterior ley de tasas quedó derogada el pasado día 20 y la actual no estaba en vigencia, dado que los secretarios judiciales recibieron una instrucción que les ordenaba no cobrar aún las tasas». Otro magistrado, Julio Martínez Zahonero, de Jueces para la Democracia, criticó la «descoordinación» en torno a este asunto. Y hay otros magistrados que consideran que los asuntos no deberían paralizarse por el impago de las tasas.

 

Lne.es » Asturias

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Las nuevas tasas judiciales

 

Orden jurisdiccional civil

 

Verbal y cambiario: 150 euros.

 

Ordinario: 300 euros.

 

Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros.

 

Ejecución extrajudicial: 200 euros.

 

Concurso necesario: 200 euros.

 

Apelación: 800 euros.

 

Casación: 1.200 euros.

 

Orden contencioso-administrativo

 

Abreviado: 200 euros.

 

Ordinario: 350 euros.

 

 

Apelación: 800 euros.

 

Casación 1.200 euros.

 

 

Orden social

 

Suplicación: 500 euros.

 

Casación: 750 euros.

 

Hay que sumar entre un 0,25% y un 0,50% del interés económico.

 

Las tasas judiciales se aplicarán a partir del próximo lunes

El Comercio. 15.12.12 - 17:00 -EUROPA PRESS | MADRID

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro

La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas

Los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si recurren ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa

La nueva ley de  tasas judiciales  comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro. La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013

La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, también ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas además de asegurar que en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Exenciones

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que "comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite", según la ley, recogida por Europa Press.

Rechazo de jueces

La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de "poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial" debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su Gobierno a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo. "Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente", ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia, añadiendo que la decisión sobre las tasas es "sensata y equilibrada".

Según Rajoy, los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios del servicio de la Justicia".

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