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«Me mantiene mi padre, de 93 años, porque mi paga se quedó en 278 euros al mes»

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Rafa Funes, tetraparesio de El Entrego con el máximo grado de dependencia, dice que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella»
Foto: Rafael Funes, en su silla de ruedas acompañado de su padre, Antonio, de 93 años. :: JUAN CARLOS ROMÁN
El comerecio. 24.04.13 - 00:23 - CH. TUYA | GIJÓN.
«Mi padre está para que le cuiden a él. De hecho, debería vivir en una residencia, para recibir la atención profesional que necesita, pero, claro, si él se va yo quedo con 278 euros al mes...¿y de qué vivo? Su pensión se la come la residencia».

A sus 54 años, Rafael Funes es el paradigma de la Ley de la Dependencia. Para casos como el de este vecino de El Entrego, el de un tetraparesio -dolencia que le impide controlar el movimiento de sus extremidades -con nulo nivel de autonomía personal, dependiente de sus padres para las actividades básicas de la vida diaria -necesita quien le vista, silla de ruedas para moverse, una grúa para acostarse y apoyo para el aseo personal- nació la ley.

Recogía el texto aprobado en diciembre de 2006 que Funes, y el resto de españoles con máximo nivel de la dependencia o con mínimo nivel de autonomía personal, tendrían derecho a diferentes servicios -plaza residencial, ayuda a domicilio, centro de día, de integración y, sobre todo, asistente personal- o prestaciones económicas, tanto para buscarse en la red privada la atención necesaria como para pagar a un familiar por cuidarles.

Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor, este entreguino, el primero en solicitar ayudas en la región, aquel 23 de abril de 2007, confiesa que «estoy peor que antes de que la aprobaran». Lo dice porque, pese a carecer de toda autonomía personal, pese a que necesita ayuda para comer, para asearse, para levantarse o acostarse, para ir al baño «para todo, hasta que no me sientan en la silla, yo no puedo hacer nada», como beneficiario de la Ley de la Dependencia en su máximo nivel recibe «278 euros al mes». Sin más.

De ese dinero, entiende el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que gestiona la Ley de la Dependencia, «que yo tengo que sacar para contar con una persona a mi lado 24 horas al día». Una persona que sí tiene, pero porque la paga su padre, con su pensión de 1.360 euros al mes, algo que enrabieta a su hijo «es su pensión, como los 598 euros que le dan por tenerme. No es mi dinero. Él me mantiene y yo no puedo hacer nada».

Pero sí hace. Socialista militante, ha estado siempre en los comités de discapacidad de su partido «hasta lograr que San Martín sea un municipio accesible», y ahora dirige el centro social de El Entrego, un cargo «sin remuneración, claro». Desde su militancia, es el primero en reconocer que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella», ni siquiera su partido, que la impulsó e implantó hace cinco años. «Era una ley muy ambiciosa, tenía que ser la mejor ley aprobada nunca en España, pero la han asfixiado».

El joven Funes mira al Funes senior. Ambos lloran la muerte de la madre y esposa, Consuelo. «Ellos siempre lo dieron todo por mi y yo sigo sin poderles dar nada a ellos».

Dos de cada cien asturianos son dependientes, pero el 40% no recibe ningún tipo de ayuda

La Ley de la Dependencia cumplió ayer cinco años de implantación en Asturias, con 25.448 casos y sólo 15.566 prestaciones concedidas

El Comercio. 24.04.13 - 00:27 - CHELO TUYA ctuya@elcomercio.es | GIJÓN.

2 de cada 100 asturianos son dependientes. 25.448 personas cuentan con un certificado de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que acredita que su escasa autonomía personal les convierte en beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, sólo 15.566 reciben una ayuda. Es decir, el 40% se ha quedado sin cobertura económica. De ellos, 3.459 porque están en el denominado ’limbo’, es decir, ya saben que tienen derecho a la ayuda, pero aún no la reciben debido al atasco en la gestión. El resto, porque los cambios introducidos en la ley el pasado verano por el Gobierno central les han dejado a la espera.

La Ley de la Dependencia cumplió ayer su primer lustro de andadura envuelta en polémica y marcada por los recortes. El 23 de abril de 2007 Asturias era la primera comunidad del país en poner en marcha una norma nacida para equiparar en derechos a las personas con escasa autonomía personal. El carácter pionero del Principado es un demérito del resto de comunidades, incluida la asturiana, ya que la ley debería haber comenzado a aplicarse el 1 de enero anterior. No sería hasta el verano cuando se diera por implantada en todo el país.

Estos trompicones iniciales ya apuntaban un difícil desarrollo de una norma compleja que obligaba las administraciones a ofrecer a las personas con dependencia todo tipo de servicios -residencia, centro de día, de integración, ayuda a domicilio, teleasistencia y, sobre todo, asistente personal- o ayudas económicas, tanto para pagarse en el sector privado la plaza que no encontraran en la red pública o, en menor medida, para pagar a un familiar como cuidador. Cinco años después, esa paga, calificada de excepcional, la cobran en Asturias 8.647 personas, casi la mitad de los beneficiarios.

Mientras los dependientes critican los retrasos que acarrea la ley y los recortes aplicados -no es posible compatibilizar servicios, las pagas al cuidador familiar se han rebajado, al igual que las prestaciones- la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defiende los cambios realizados porque, dice, con ellos «ahora el Sistema de Atención a la Dependencia es transparente», con «132.000 nuevos beneficiarios en un año». Según explicó ayer en el Senado, la ley «es hoy más sostenible que hace un año». Pero no que hace cinco.

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