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Un año y otro… más perdida de poder adquisitivo, más jornada, menos empleo… pero habrá quien todavía diga que por lo menos no nos quitan la extra otra vez… ¡¡que buenos son ahora estos chicos del PP!!

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Los sindicatos dan por hecho que el Gobierno congelará los salarios públicos por cuarto año

Las administraciones bajan su plantilla en Asturias en 2.225 personas

Regiones y ayuntamientos, los que más recortan

26.09.2013, Madrid/ Oviedo, E. P./ M. MARTÍNEZ, en La Nueva España.

Los sindicatos de funcionarios dan por hecho que el Gobierno les comunicará hoy una nueva congelación de los salarios públicos para 2014, que sería el cuarto año consecutivo sin subida de sueldos. De confirmarse, la medida afectará en España a 2.576.746 trabajadores de las administraciones públicas (estatal, autonómicas, locales y universidades). De ellos, 57.569 están en Asturias, 2.225 menos que hace un año. La reducción en el conjunto del país ha sido de 109.091 personas entre enero de 2012 y enero de 2013. Las comunidades autónomas y los municipios han sido los más aplicados con el ajuste de plantillas. Según los sindicatos, desde el inicio de las crisis, los empleados públicos ya han perdido un 30% de su poder adquisitivo.

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado martes en el Senado que no se suprimirán las pagas extraordinarias de los empleados públicos la próxima Navidad ni en 2014. Pero no aclaró si habrá o no congelación salarial. «Hemos pedido un notable esfuerzo a los trabajadores públicos. Soy consciente de su trabajo y de la profesionalidad de los empleados públicos y en cuanto podamos mejoraremos su situación», afirmó sin dar más detalles.

 

Los sindicatos de la Función Pública se esperan lo peor, fundamentalmente porque nadie del Gobierno ha salido desmintiendo las informaciones que apuntan a una nueva congelación salarial. El Ministerio de Hacienda ha convocado a los representantes sindicales a una reunión para las cinco de esta tarde de hoy, en la que esperan que se les confirme lo que hasta el momento son suposiciones.

 

Si esto es así, 2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que sufren ajustes. A las congelaciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 hay que sumar el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la supresión de la paga extraordinaria de Navidad decidida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

 

«El presidente del Gobierno ha dejado muy a las claras que vamos a tener una nueva congelación salarial, la enésima», se lamentó el presidente nacional de CSI-F, Miguel Borra, al tiempo que incidía en que «los empleados públicos han sido los primeros en hacer esfuerzos en esta crisis y es hora ya de que se les compense», empezando por el abono de la parte devengada de la paga extra de 2012 (44 días en el caso de los funcionarios, 14 días en el de los laborales) que les retiró el Gobierno y que los tribunales están conminando a devolver. «La primera medida es acatar las sentencias que le están cayendo al respecto», remarcó Borra. Por ello, instó al Ejecutivo de Rajoy a que habilite un crédito extraordinario. «Devolviendo ese dinero también se reactiva la economía», añadió Borra.

 

El Gobierno presentará su plan a los sindicatos sólo unas horas antes de que lo analice y le dé el visto bueno el Consejo de Ministros en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, que se conocerán mañana, viernes. Los representantes de los trabajadores denunciaron ayer la política de hechos consumados que practica el Ejecutivo, al que acusaron de negarse a abordar cualquier tipo de negociación.

 

La política de ajustes en el sector público no se limitará a los salarios de sus empleados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado martes que una vez que se ha cumplido el objetivo de suprimir 515 sociedades mercantiles creadas por las comunidades autónomas, «en una siguiente fase se amplía este número a 708, lo que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros». Esto también implica reducción de plantillas.

 

Andalucía ha sido, en términos absolutos, la comunidad autónoma en la que más se ha reducido en el último año el número de empleados públicos (27.233). También ha sido la región con mayor supresión de empresas públicas (125). Según un boletín estadístico del Ministerio de Hacienda, entre enero de 2012 y el mismo mes de 2013, la plantilla del conjunto de las administraciones bajó en 2.225 personas en Asturias. Los mayores ajustes se produjeron en la autonomía (1.048 puestos menos) y en los ayuntamientos (1.088).

 

Hacienda ultima otros presupuestos de austeridad con pensiones y sueldos públicos congelados

El Gobierno aflojará la fiereza con la que usó la tijera en las cuentas públicas anteriores, pero aún tendrá que recortar para compensar la inercia por la que crece parte del gasto público.

La partida de desempleo también se reducirá por el menor número de personas con derecho a prestación.

Los recortes farmacéuticos, como el copago, o la tasa Wert en las Universidades serán otros elementos claves de la dieta del Estado

 

Belén Carreño, en eldiario.es

La troika, Bruselas, los hombres de negro, el Gobierno, los mercados... los responsables o corresponsables de la estricta dieta de adelgazamiento a la que lleva sometido el gasto público en España, han levantado el pie del freno. El consenso internacional ante la necesidad de suavizar los ajustes para empezar a dar paso a la recuperación se traducirá en los Presupuestos Generales que el Ejecutivo presentará este viernes en Consejo de Ministros. Los efectos de este alivio se traducen ya en la mejoría de las previsiones económicas para 2014, que sitúan a España con un crecimiento de entre el 0,5% y el 1%.

 

Sin embargo, completados los grandes recortes, el Gobierno no queda libre de hacer más ajustes para contener el gasto y cumplir así la senda de déficit comprometida con los socios europeos. Este ejercicio (2013) las cosas ya van mal para Hacienda, que hasta agosto tiene un déficit acumulado del 4,62%, lo que hace muy difícil que cumpla su objetivo con Bruselas. Para 2014, el recorte esbozado en la senda inicial era de poco menos de 1.000 millones de euros para el Estado, pero terminará siendo más si no se controla el gasto en lo que queda de año.

 

El gasto estatal es muy difícil de domesticar, ya que algunas de las principales partidas crecen inexorablemente por la inercia de su propia composición. En primer lugar las pensiones, que crecen a un ritmo superior al 4%, debido al envejecimiento de la población y a las mejores bases de cotización (sueldos) de los nuevos jubilados.

 

Hasta el viernes no se sabrá qué sucederá con las prestaciones de jubilación para 2014, ya que es esta semana cuando se decide la revalorización prevista para el próximo ejercicio. Hasta ahora lo habitual era fijar la subida con la inflación prevista por el Banco Central Europeo (que se tomaba el 2% que el supervisor tiene como objetivo), pero la crisis hizo que tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy se hayan saltado esta referencia. De hecho, este mismo viernes podría ser la puesta de largo del nuevo factor de revalorización propuesto por los sabios, y que desliga la subida a las pensiones del IPC.

 

Este factor tiene en cuenta otros elementos –principalmente el balance de la Seguridad Social– para decidir si sube las pensiones un mínimo estipulado del 0,25% o se puede abrir más la mano para conservar el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dejado abierta la posibilidad de mejorar los ingresos del sistema, algo que se puede hacer con una transferencia o con un crédito vía impuestos, para no aplicar de forma estricta este factor.

 

Será muy difícil, en cualquier caso, ver subidas por encima del 1%, sobre todo porque el Ejecutivo cuenta con el colchón de que este mes de noviembre, mes en el que tradicionalmente se toma como referencia para las pensiones, la inflación estará por debajo de esa cifra. Tampoco se espera que 2014 sea un año con altas subidas de los precios, lo que da margen para que el Ejecutivo intente abrocharse el cinturón con esta partida.

 

Intereses de la deuda y paro

Los otros grandes gastos del Estado también son muy difíciles de embridar, aunque los factores externos se están aliando con el Estado para contener el gasto. Atender los intereses de la deuda se llevó casi 40.000 millones de euros el año pasado. Sin embargo, la bajada de la prima de riesgo y la reducción del tipo de interés español van a lograr que este servicio de la deuda no crezca con el mismo vigor que en años anteriores e, incluso, gracias a la amortización de la deuda más cara, se podría reducir.

 

Las prestaciones por desempleo son otra de las partidas que consumen el Tesoro español. La caída de los beneficiarios de una prestación llevará, con casi toda probabilidad, a que el Gobierno reduzca la cuantía destinada a esta partida, que ya en 2013 se redujo en un 6,3%. Aunque los organismos internacionales, coinciden en que la tasa de paro seguirá aumentando, el número de parados que tengan derecho a cobrar una prestación se reducirá drástricamente. La cobertura, esto es, los parados que cobran prestación, ya ha caído a poco más del 60% de este colectivo. Y la tendencia sigue a la baja.

 

Otro de los principales quebraderos de cabeza del ministro de Hacienda de turno al hacer las cuentas es encajar las nóminas de los casi 600.000 empleados que dependen de la Administración General del Estado. Aunque Rajoy ya se comprometió esta misma semana en el Congreso a no quitarles de nuevo una paga extra, todo apunta a que este viernes se anunciará, un año más, la congelación de sus sueldos.

 

Con este será el quinto año consecutivo en el que los empleados públicos perderán poder adquisitivo. Además de las congelaciones, en 2010 y 2012 registraron dos recortes de sueldo (el primero del 5% de media y el segundo al quitar la extra que les redujo un 7% la nómina de aquel año). Así las cosas, con la inflación acumulada en estos años, el poder adquisitivo de los funcionarios habrá caído alrededor de un 20%.

 

A pesar de esta congelación, la masa salarial tiene como auténtico contrapeso la reducción real del número de funcionarios, consecuencia de la política de tasa de reposición cero, que está esquilmando la plantilla de la Administración General del Estado ante la avalancha de jubilaciones. Este ERE silencioso en la plantilla pública es el auténtico muro de contención del gasto en recursos humanos del Estado.

 

Otros recortes

Los otros grandes gastos del Gobierno, como la factura farmacéutica o las transferencias o las becas, ya han sufrido un tajo a lo largo de 2013, con medidas como el copago o la política restrictiva de becas del ministro José Ignacio Wert. El Ejecutivo también intentará trasladar a las partidas de contabilidad del Gobierno sus anunciados ahorros fiscales, en medidas como la supresión de empresas públicas o la fusión de organismos. "El adelgazamiento de la Administración" tendrá sin dudar que traducirse de forma tangible en las cuentas públicas.

 

Lo esperable, en cualquier caso, es que el Ejecutivo se reserve alguna sorpresa, positiva o negativa, dentro de las cuentas públicas, habitual chistera de los Gobiernos para sorprender al electorado. Como las cuentas públicas se diseñan ahora para contentar más a la troika que a los contribuyentes, aún puede anunciarse algún recorte de última hora para dar ejemplo del compromiso del Gobierno en su senda de austeridad. En cualquier caso, en partidas de gasto corriente poco, o nada, queda por limar. En general, las partidas de gasto serán prácticamente iguales que en años posteriores. Las primeras que se han conocido, las del Parlamento, que se recortarán entre un 0,21% un 0,31%. La navaja de Hacienda aún puede rebanar partidas como Dependencia, Ayuda Oficial al Desarrollo o todo tipo de subvenciones. También las ayudas asistenciales o a la formación como el plan PREPARA.

 

Las otras sorpresas podrían venir por el lado de los ingresos. La eliminación de ciertos privilegios fiscales a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, redundará sin duda en mejorar la partida de ingresos, que recibirá muy pocas alegrías por su principal fuente: la renta de los trabajadores. Montoro ya advirtió que este año no se moverán los márgenes del IRPF, que en su día prometió bajar para eliminar lo que calificó de "recargo temporal de solidaridad".

 

También la fiscalidad medioambiental se dejará percibir en estas nuevas cuentas que, con todo, necesitarán de algún ingreso extra para poder compensar la inercia del Estado. El año pasado la sorpresa fue, por ejemplo, el nuevo impuesto de Loterías.

 

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