Sanidad negocia la supresión de las plazas de médicos que trabajan 2,5 horas diarias

 

La aplicación de una norma estatal obliga a un centenar de facultativos de cupo a integrarse en hospitales y centros de salud con una jornada normal

Foto.- Parte de "nuestros representantes" en mesas de negociación anteriores.

20.11.2013, Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.

La Consejería de Sanidad del Principado negocia hoy la supresión de las plazas (entre 80 y 100, no han trascendido las cifras exactas) de los médicos denominados "de cupo y zona", cuyo régimen de trabajo actual se caracteriza porque tienen asignado un determinado número (cupo) de enfermos y una jornada laboral de dos horas y media diarias. El objetivo del Gobierno regional consiste en dar cumplimiento a un real decreto del Ejecutivo central, que establece que estos profesionales han de ser integrados, antes del próximo 31 de diciembre, en los servicios jerarquizados de los hospitales y centros de salud de la región.

 

Dicho de otro modo, se trata de que estos facultativos se incorporen al régimen de trabajo en el que está encuadrada la inmensa mayoría de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa), con 37,5 horas de jornada semanal. Una opción que se les ha ofertado en diversas ocasiones y que, por razones diversas, hasta ahora siempre habían rechazado. Algunos de estos médicos -no todos, ni mucho menos- rebasan los 4.000 euros e incluso los 5.000 euros mensuales brutos por 12,5 horas semanales.

 

La citada negociación se llevará a cabo en el marco de la reunión de las mesas general y sectorial, en las que están representados tanto la Administración regional como los sindicatos. Buena parte de los facultativos de cupo llevan muchos años desempeñando su trabajo en el ambulatorio de La Lila, de Oviedo, y dependen del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La estimación de que el colectivo lo forman entre 80 y 100 profesionales ha sido realizada por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). La edad media es elevada.

 

En 2011 y 2102, los médicos de cupo fueron objeto de una notable controversia a raíz de que el anterior Gobierno socialista aplicara a unos 40 de ellos un recorte del volumen de pacientes y, por consiguiente, del salario. El objetivo argumentado por el Ejecutivo de Areces era ajustarse a la legalidad -los socialistas enfatizaban que la dimensión de los cupos estaba por encima de lo que establecía la ley- y ahorrar de paso unos 300.000 euros anuales. Los afectados sufrieron una merma retributiva media de casi 600 euros mensuales.

 

El debate político se vio impregnado de una particular acritud que se agudizó cuando la oposición atribuyó la postura de Foro al hecho de que una de las perjudicadas por la reducción de cupos era la esposa del consejero de Sanidad del Ejecutivo forista, José María Navia-Osorio. Éste último negó esta motivación, replicó que no había intervenido en el proceso y argumentó que la medida adoptada por el PSOE tenía "sus contrapartidas", entre ellas un "importante" aumento de la lista de espera generado en diversos servicios del HUCA, hospital al que habían sido enviados los pacientes quitados a los médicos de cupo.

 

Más tarde, la marcha atrás del Ejecutivo de Cascos supuso devolver a los facultativos de cupo una parte de los pacientes, y por tanto parte del salario, que les había quitado el Gobierno socialista. Salvo a cuatro de ellos, que terminaron con más enfermos que antes del inicio de los cambios. Entre estos últimos figuraba la mujer de Navia-Osorio.

 

El Sindicato Médico señala que uno de los problemas que para la Administración acarrea la integración de los médicos de cupo en los servicios jerarquizados es el aumento de costes salariales. Estos facultativos disfrutan de un régimen retributivo en el que el plus de antigüedad tiene un enorme peso. Ese concepto debería ser mantenido, al tiempo que el Sespa habría de incrementar otros conceptos salariales como consecuencia del aumento de jornada.

 

También en la reunión de hoy entre Administración y sindicatos se ofertará -en este caso no cabe la imposición, por razones jurídicas- al colectivo de profesionales sanitarios que son funcionarios de carrera que se conviertan en personal estatutario fijo del Sespa. Se da por hecho que la mayoría de ellos -médicos, enfermeros y matronas- rechazarán la propuesta. Lo previsible es que en toda España se siga un criterio de interpretación del citado real decreto del Gobierno de Rajoy que en la práctica permitirá que estos trabajadores -conocidos como "titulares", "rurales" o de asistencia pública domiciliaria (APD)- continúen "sine die" en sus puestos actuales.

 

Las claves

En la sanidad pública asturiana trabajan entre 80 y 100 médicos de cupo. Su régimen laboral se caracteriza porque tienen asignado un determinado número (cupo) de enfermos y una jornada laboral de dos horas y media diarias. Su salario rebasa, en algunos casos, los 4.000 e incluso los 5.000 euros mensuales brutos.

 

El objetivo del Gobierno regional consiste en aplicar un real decreto del Ejecutivo central, que establece que han de ser integrados, antes del 31 de diciembre, en los servicios jerarquizados de los hospitales y centros de salud de la región, lo que implica asumir una jornada de 37,5 horas semanales.

 

El SIMPA argumenta que esta medida aumentará los costes salariales, pues el plus de antigüedad -muy elevado- debe ser respetado y otros conceptos retributivos deberán aumentar por el incremento de horas.