ACTUALIDAD

Los empleados públicos volverán a la jornada de 1993, trabajarán dos horas y media más a la semana

Esto significa que por cada doce trabajadoras/es que aumenten su jornada, puede cesar uno

La medida, que recogerán los Presupuestos, afectará a funcionarios de todos los niveles y pretende «hacer más eficientes» las administraciones

Lne.es » Asturias    Oviedo, E. M.

El Gobierno impondrá la semana laboral de 37,5 horas para todos los funcionarios del país, frente a las 35 actuales. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tiene previsto incluir esta medida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará ante las Cortes a finales de este mes, dentro de un paquete de reformas del sector público. La decisión afectará a los responsables de la función pública en todos los niveles administrativos, tanto estatal como autonómico y local, y ya había sido anticipada durante las últimas semanas por distintos miembros del Ejecutivo.

 

En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, indicó ayer durante su visita a Oviedo para arropar a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, que «ningún funcionario tiene que ponerse a temblar, como dicen algunos», aunque reconoció que será necesario «llevar a cabo una serie de reestructuraciones para disponer de unos servicios públicos mucho más eficientes y adaptados» a la actual coyuntura económica. Dentro de estas reformas se incluye el aumento del horario laboral en dos horas y media a la semana de los empleados de las diferentes administraciones. «El país debe hacer un esfuerzo a todos los niveles y los presupuestos que aprobaremos a nivel nacional, y también los que se aprueben por autonomías y ayuntamientos, van a ser difíciles. Pero es la única forma de caminar en la dirección adecuada», destacó Montoro, durante un coloquio con empresarios. Y defendió la reducción de empresas públicas aprobada por el Consejo de Ministros.

 

En otro orden de asuntos y a preguntas de algunos de los asistentes -entre los que se encontraban los presidentes de Alsa, Jacobo Cosmen; Hunosa, Teresa Mallada, y el director general de Los Álamos, Ignacio Núñez-, el Ministro descartó que se vayan a imponer quitas a la deuda de las administraciones públicas con los empresarios y que esta figura se empleará sólo «para casos particulares, al ser un recurso voluntario dentro de la misma operativa».

Sanidad retrasa su decisión sobre la píldora del día siguiente

Un informe de la Sociedad Española de Ginecología avala el fármaco y resta argumentos a la ministra Mato

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  Asturias .  

Lne.es » Sociedad y Cultura   Oviedo, E. G. / Agencias

Un informe de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia avalando la venta sin receta de la píldora del día después, dejó al Ministerio de Sanidad en punto muerto. La ministra, Ana Mato, asegura manejar otros informes «ni concluyentes ni coincidentes», lo que le permitió dejar el asunto en suspenso. En los próximos días, dijo, se reunirá un consejo asesor para decidir si este medicamento se debe seguir adquiriendo sin necesidad de receta médica como hasta ahora.

 

Mato compareció ayer ante la Comisión de Sanidad del Senado. La píldora del día después era el tema estrella de la sesión. La Sociedad Española de Ginecología, a la que el Ministerio había solicitado un informe, lo envió y sin andarse por las ramas: los ginecólogos españoles aseguran que la píldora polémica no es tóxica, no genera adicción, no tiene contraindicaciones, es de uso sencillo, no causa defectos congénitos ni genera efectos secundarios. El informe es demoledor.

 

Pero es un informe que va contra la tesis del partido en el Gobierno, proclive a que la píldora del día después tenga que ser suministrada a partir de una receta médica. Los informes encargados lo fueron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). De lo que diga la comisión que se creará, saldrá «la decisión que luego adopte esta ministra». Mato ha aseverado que lo que decida «no obedecerá nunca a cuestiones ideológicas» ya que «en tema de medicamentos, las decisiones deben tomarse por cuestiones científicas y criterios exclusivamente médicos», ha insistido.

 

No obstante, la ministra ha explicado que se trata de un medicamento que requiere prescripción para menores en países como Reino Unido, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Polonia, Hungría, Italia, Alemania y Grecia.

 

En su intervención, se ha defendido de las críticas sobre los supuestos retrocesos que el Gobierno promueve en materia sexual. «No creo que ustedes se puedan molestar conmigo porque simplemente haya dicho que iba a enterarme» sobre cuáles son los riesgos de la píldora tras «un par de años» de venta libre, ha expuesto.

 

«Ahora se prescribe de manera informada y cuando la mujer se toma la pastilla el farmacéutico le dice ’que sepa usted que esto tiene este peligro y no tiene que leerlo en un folleto, sino que se lo explican con detenimiento y me parece bien’», ha relatado la ministra .

 

Mato ha afirmado que le preocupaba especialmente la protección de los menores porque hay que «preservarlos al cien por cien». En esta línea se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto sobre la necesidad de que los padres estén informados si una hija menor de edad quiere interrumpir su embarazo. «Me preocupa mucho que una niña de 16 años pueda abortar sin que yo lo sepa, fundamentalmente por el apoyo que le puedo prestar».

 

Ha insistido en que el aborto es «un drama» y por eso ha expresado su disposición de «buscar fórmulas» para que ninguna embarazada deje de tener un niño por problemas económicos, sociales o laborales.

29-M... ¡¡quedan 8 días!!

21/03/2012 12:31. Administrador

Los municipios proponen compartir funcionarios y servicios para ahorrar

Los alcaldes rechazan los despidos impuestos por Hacienda a los ayuntamientos que va a rescatar

Foto:Escuela infantil municipal en Asturias, uno de los servicios que prestan los ayuntamientos. LVA

La Voz de Asturias. 21/03/2012 00:00 / Susana D. Machargo Oviedo

Despedir funcionarios o compartirlos. Esa parece la disyuntiva si se simplifican al mínimo las medidas que enfrentan al Ministerio de Hacienda por un lado y a los ayuntamientos asturianos por otro. El plan del ministro Cristóbal Montoro para rescatar a los municipios con graves problemas de solvencia exige compensaciones a cambio y esas contrapartidas se han concretado en una batería de medidas publicadas el pasado viernes en el BOE, entre las que se encuentran el despido de personal municipal, la rebaja de sueldos o el recorte en las prestaciones. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera que este plan de viabilidad es una “intromisión” en las competencias de las entidades locales, pese a que entienden que el Gobierno debe de pedir garantías antes de concretar la inyección económica. Las alternativas de la federación pasa porque varios ayuntamientos compartan empleados y servicios, como la recogida de basura, por reducir inversiones y gasto corriente y por ampliar los concursos públicos de suministro de material.

 

Hace unas semanas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzaba un salvavidas a las maltrechas arcas municipales, al anunciar un programa para garantizar la liquidez de los concejos españoles y el pago a los proveedores. De los 78 ayuntamientos asturianos, 56 se acogieron al plan de Montoro y presentaron la semana pasada la documentación necesaria para cursar la solicitud. Los 22 restantes, en principio, no sufren demoras en los pagos. Los otros 56 acumulan una deuda de 81 millones de euros. Aunque la cifra puede parecer muy elevada es, en realidad, solo una pequeña porción de los 9.584 millones que conforman la deuda de las entidades locales en España.

 

Tijeretazo municipal Los ayuntamientos tienen ahora un mes para presentar su plan de viabilidad, cómo piensan reconducir sus finanzas para no seguir generando deuda. En ese plan de ajuste es donde nacen ahora las divergencias. El proyecto publicado por el BOE incluye un formulario oficial con 14 apartados sobre la financiación de los servicios públicos que prestan los concejos. Deben detallar cómo van a sufragar servicios públicos básicos de su competencia, como el abastecimiento de agua, el servicio de alcantarillado, la recogida de basuras o el tratamiento de los residuos sólidos, además de detallar el impacto financiero para los próximos 10 años. Los consistorios también deberán aclarar qué van a hacer con otros servicios que prestan pero que, en teoría, no son de su competencia, ya sean sanitarios, educativos o de prestación social. Un ejemplo pueden ser las escuelas públicas de cero a tres años.

 

El presidente de la FACC, el alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, cree que el detalle con el que Hacienda ha diseñado el plan de viabilidad supone “una intromisión en las competencias de los ayuntamientos”. De Luis entiende que el Gobierno establezca criterios pero no que baje a la arena de la gestión y les imponga medidas tan concretas. Sobre todo, porque los especialistas en la administración municipal saben que para gobernar una entidad local hay que tener en cuenta la singularidad de los territorios y el devenir del día a día.

 

Otras opciones Frente al tijeretazo indiscriminado de Montoro, la federación asturiana de concejos exige que, ante todo, se defienda la calidad de los servicios que se presta a los ciudadanos. Antonio de Luis afirma que los funcionarios son necesarios y rechaza el recorte de las plantillas. Entiende que no se contraten refuerzos, que se supriman algunos contratos temporales o que, en casos extremos, se reduzcan los sueldos, pero no que se despida.

 

La alternativa es usar la cabeza y las herramientas legales que ya tienen a su alcance. Así habla de coordinar a varios ayuntamientos pero sin estructuras mancomunadas que incrementen gastos y burocracia. La idea de compartir servicios queda clara con el ejemplo de la recogida de basura. Varios municipios se pueden unir para sacar a concurso un único servicio, con las rutas que sean necesarias. De Luis dice que la ley también les permite contratar personal a medias, que pase parte de la semana en un consistorio y parte en otro, o con un reparto de jornada por horas.

 

El resto de los instrumentos son de sentido común: reducir la inversión al mínimo, ajustar el gasto corriente y conseguir atraer a más proveedores de servicios a los concursos públicos, ahora que los ayuntamientos tienen liquidez, para rebajar los precios.

 

El formulario oficial publicado por Hacienda establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. El Gobierno central también pide que se especifiquen las “subidas tributarias, la supresión de exenciones y las bonificaciones voluntarias”.

 

Si todo va como Cristóbal Montoro espera, y pese a la avalancha de solicitudes --5.000 en toda España--, los proveedores con facturas pendientes de ayuntamientos morosos podrán comenzar a cobrar en el mes de mayo. A partir de ese momento, comenzarán a funcionar los mecanismos de control. Los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento y, en caso de desviación, el Estado podrá retener parte de las transferencias.

 

Ahora solo resta por ver qué harán esos 56 ayuntamientos asturianos que necesitan con urgencia liquidez.

29-M... ¡¡quedan 9 días!!

Todo lo relacionado con los permisos de votación para el 25 de marzo

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se regula, en el ámbito del Principado de Asturias, la concesión de permiso a los trabajadores a fin de poder ejercer el derecho a voto en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias convocadas para el día 25 de marzo de 2012 por el Decreto 1/2012, de 30 de enero, del Presidente del Principado, de disolución anticipada y convocatoria de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.

VER TEXTO DE LA RESOLUCION EN EL BOPA

Hacienda prevé rebajas de sueldos y despidos en los planes municipales

Montoro pide explicaciones a los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan

de pago a proveedores sobre un catálogo de 23 medidas de gastos e ingresos

Financiación de competencias impropias

El País. JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid 20 MAR 2012 - 00:37 CET5

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado fin de semana en Jaén. / EFE

El Ministerio de Hacienda contempla que los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores puedan despedir a trabajadores municipales o rebajarles el sueldo para sanear sus cuentas. El “modelo del plan de ajuste”, que los Ayuntamientos tienen que remitir a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria, incluye un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos. El Gobierno quiere garantías sobre las decisiones que adoptarán los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.(leer más)

Foro dice ahora que no le repugna suprimir la dedicación exclusiva de los médicos

«No es una prioridad, pero si hubiera que hacerlo no nos rasgaríamos las vestiduras», afirma Navia-Osorio sobre un posible cambio legislativo

Foto: De izquierda a derecha, José María Navia-Osorio, Francisco Menéndez (moderador), Vicente Herranz y Ángel López. miki lópez

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

«No nos repugna, pero tampoco es una prioridad». El consejero de Sanidad del Principado se pronunció ayer en estos términos en nombre de Foro Asturias al ser preguntado por la posible supresión de la dedicación exclusiva de los médicos de la sanidad pública regional.

 

Como candidato de Foro, José María Navia-Osorio ofreció una opinión que había eludido el pasado 14 de septiembre, cuando afirmó en la Junta General del Principado que, «como consejero», no tenía «ninguna» opinión sobre el asunto. «Un Consejero no puede tener opinión de todo lo divino y lo humano», precisó en aquel momento.

 

Ayer, a seis días de las inminentes elecciones autonómicas, Navia-Osorio sí tuvo opinión, e incluso se explayó al exponerla en el transcurso de un debate sobre los programas electorales en materia sanitaria celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ante la pregunta de un trabajador del complejo sanitario que seguía el coloquio, Navia-Osorio explicó que la supresión de la dedicación exclusiva de los médicos no figura en el programa de Foro para los comicios del 25-M. Pese a lo cual, reconoció, «no me repugnaría», y añadió que «si en un momento dado hubiera que hacerlo, no nos rasgaríamos las vestiduras».

 

Eso sí, matizó el Consejero, si se aprobara la compatibilidad entre el ejercicio público y el privado, Foro apostaría por extremar el «control» para que nadie pudiera aprovecharse del sistema público para rentabilizar su consulta privada. «Es uno de cada mil casos, pero como puede haberlos hay que establecer ese control», apostilló.

 

El pasado 4 de septiembre, LA NUEVA ESPAÑA publicó una información según la cual las autoridades sanitarias del Principado estaban estudiando el modo de cambiar la legislación asturiana que imponía la dedicación exclusiva de los facultativos, en vigor desde el 1 de enero de 2003. De inmediato, Foro negó que tal proyecto formase parte de su agenda, y al día siguiente la Consejería difundió un comunicado que afirmaba esencialmente lo mismo. El partido de Álvarez-Cascos incluso llevó a los tribunales a este periódico por dicha información.

 

En aquel momento, los diputados del PP desvelaron que en las negociaciones para lograr un pacto de Gobierno, desarrolladas dos meses antes, habían sido precisamente los representantes de Foro -y más en concreto Enrique Álvarez Sostres, hoy diputado nacional- los que habían propuesto un cambio legal para dar libertad de elección a los médicos. Sostres lo negó.

 

Por otra parte, era bien conocida la postura favorable a la compatibilidad pública-privada defendida por Navia-Osorio cuando era dirigente del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y presidente de la comisión de sanidad del PP. Idéntica era la posición de la mayor parte -si no de la totalidad- de las bases sanitarias del partido de Álvarez-Cascos.

 

Sin embargo, por entonces, las órdenes venidas de arriba imponían otra cosa. Y así quedó de manifiesto unas semanas más tarde, el 28 de octubre, cuando los diputados de Foro votaron conjuntamente con los del PSOE y los de IU en contra de una iniciativa parlamentaria del PP. La proposición no de ley presentada por los populares estaba encaminada a habilitar un mecanismo legal para que los facultativos de la sanidad pública pudieran renunciar a la dedicación exclusiva y, de paso, al plus de 790 euros brutos mensuales que conlleva. El Estatuto Marco del personal sanitario estipula que sea establecido este mecanismo, pero los sucesivos gobiernos asturianos se han negado a habilitarlo. Como consecuencia, Asturias continúa siendo la única comunidad autónoma española en la que los médicos no pueden compaginar el ejercicio público con el privado.

 

Las citadas consideraciones sobre la dedicación exclusiva formaron parte de un amplio abanico de propuestas y posicionamientos surgidos en el marco del debate organizado por el Sindicato de Celadores y Personal no Sanitario (Sicepa). El PP y UPyD optaron por no participar. Tanto el PSOE como IU reiteraron su negativa a que los médicos puedan compaginar el ejercicio público con el privado.

 

Una porción relevante de la discusión giró en torno a la posible privatización de servicios en el nuevo HUCA. Había entre el público trabajadores de diversas categorías preocupados ante el riesgo de una pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de hipotéticas medidas privatizadoras. Navia-Osorio explicó que el Gobierno de Foro -tal como anticipó este periódico el pasado 5 de febrero- ha modificado la decisión del Ejecutivo de Areces y apuesta por construir una central de esterilización en el propio recinto que ocupa el HUCA. En ella «va a trabajar gente del Sespa», señaló el Consejero para tranquilizar a las auxiliares de enfermería, que temen que este estamento se vea reducido en 105 efectivos.

 

Para los técnicos de mantenimiento, el recelo se deriva de la hipótesis de que la incorporación de nueva tecnología lleve aparejados contratos de mantenimiento con las propias firmas suministradoras. Navia-Osorio precisó que el aparataje de alta tecnología sí será llevado por técnicos «de fuera», en tanto que el resto de los equipamientos serán revisados por los operarios del HUCA. Como botón de muestra de su voluntad de preservar el empleo, el consejero de Sanidad explicó que su departamento ha decidido prescindir de los robots que el anterior equipo pretendía instalar en el nuevo Hospital Central. «Iban a costar tres millones de euros y suponían echar a la calle a 60 personas», argumentó.

 

El Consejero admitió que si el resto de las comunidades autónomas así lo deciden, Asturias ampliará a 37,5 horas la jornada semanal en la red sanitaria. «Probablemente no nos dejen elegir», adujo. Vicente Herranz, del PSOE enfatizó: «Rotundamente, no aplicaremos las 37,5 horas, porque con 35 pueden hacerse muchas cosas».

 

Ángel López, de IU, coincidió con el PSOE en negarse a una ampliación de la jornada, pero insistió en que el gran debate de la sanidad pública debe centrarse en quién manda sobre ella, dado que el actual proceso de toma de decisiones «es incapaz de gobernar el sistema». López apostó por un modelo de gestión basado «en profesionales -no en políticos- controlados por un consejo de administración con amplia participación de los ciudadanos».

 

«El equipo anterior iba a gastar 3 millones en robots del HUCA y echar a 60 personas»

 

 

 

Foro Asturias

 

«Estamos en contra de aumentar la jornada a 37,5 horas; en 35 se puede hacer mucho»

 

 

 

PSOE

 

«El debate es quién manda; la sanidad debe ser controlada por los ciudadanos»

 

<Ángel López >

 

IU