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Cinco residencias de ancianos dependen de la tijera de Cascos

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El recorte de 3,9 millones en el ERA deja en el aire centros en Oviedo, Langreo, Arriondas y Narcea

16/10/2011 07:28 /

La construcción de cinco residencias de mayores pende de un hilo, el del nuevo Gobierno de Asturias. El tijeretazo de Francisco Álvarez-Cascos incluye una reducción de 3,9 millones de euros en la inversiones del ente autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Este organismo es el encargado de gestionar la extensa red de centros públicos para mayores en el Principado

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/residencias-ancianos-dependen-tijera-Cascos_0_573542652.html

El 15-M reflexiona sobre su futuro tras el éxito de la movilización global

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Las asambleas deciden a partir de ahora la hoja de ruta a seguir en los próximos meses.

Indignados ocupan en Madrid un hotel cuyo uso se está debatiendo y en Barcelona un edificio para albergar a familias desahuciadas

Foto: Un furgón policial pasa por delante del ocupado Hotel Madrid, donde se concentraron decenas de indignados. gabriel pecot

 La Voz de Asturias- 17/10/2011 / E. HERRERA / A. REQUENA / MADRID

¿Y ahora qué? El 15-M ha demostrado una inagotable capacidad de movilización con más de 80 marchas multitudinarias celebradas el pasado sábado por toda la geografía española. El clamor de los indignados contra el modelo económico salido de la crisis es además a partir de este fin de semana un fenómeno global con réplicas en los cinco continentes. Sin embargo, siguen las dificultades para articular un discurso propio en un movimiento empeñado desde el principio en tomar decisiones desde la horizontalidad.

La asamblea general que se celebró en la Puerta del Sol tras la masiva manifestación del sábado fue un buen ejemplo de las dificultades que encuentra el movimiento para definir sus propuestas. Se tornó caótica e incluso tensa en algunos momentos. Ya entrada la madrugada, el equipo de moderación decidió suspenderla por la imposibilidad de mantener el silencio y los turnos de palabra. Los primeros coletazos de la autocrítica que deja la resaca del 15-O se dejaron ver precisamente en esa asamblea. En un comunicado, se aceptó que "el miedo a compartir la diversidad" en el interior del movimiento había provocado desuniones. Esta situación acrecentaba el riesgo de "caer en las viejas formas de activismo". En el mismo texto se asumía que hay gente "preocupada" por cómo canalizar la energía que está creando el 15-M. Como respuesta a esta inquietud se incidía en la necesidad de "comenzar a tomar decisiones".

La resaca del 15-O deja también lugar a la autocrítica entre los indignados

A título individual, fuentes del 15-M de Madrid opinan, sin embargo, que es necesario utilizar el tiempo necesario en las pequeñas decisiones para poder generar amplios cambios. "Por eso se genera esa lentitud que a veces puede parecer más torpeza que operatividad", admiten. No obstante, mantienen la voluntad de seguir trabajando "desde lo local" y aseguran que "la fuerza" que les proporciona el éxito del 15-O hará que el camino sea algo más fácil a partir de ahora. Aún así, mantienen la alerta y aseguran ser conscientes de que todavía hacen falta "muchos 15-O" para "sacar a la calle a toda la gente que sigue viendo las movilizaciones desde el sofá".

Para Rita Maestre, de Juventud Sin Futuro, las manifestaciones del sábado fueron una "gran demostración de fuerza" que superó las expectativas del movimiento y que demostró que el 15-M "tiene mucho recorrido por delante". "Supone un salto cualitativo grande, ha calado la idea de que muchos problemas son globales y necesitan una respuesta global, aunque luego cada uno tenga sus circunstancias locales. Es momento de ir concretando poco a poco reivindicaciones genéricas", dice Maestre. Juventud Sin Futuro estudia y prepara acciones para los próximos meses que girarán sobre dos ejes: el de la precariedad y el empleo y el de la educación.

"Interesantes propuestas"

Siete familias iban a dormir anoche en los pisos ocupados en Barcelona

Nacho, miembro de Acampada Sol, cree que el 15-M está ante una nueva etapa y apuesta también por sacar partido de las "interesantes propuestas" que están saliendo de los grupos de trabajo y las asambleas. "Quizá haya que empezar a perseguir una serie de demandas más concretas y, sin duda, aprovechar las sinergias entre los grupos e intentar ir en la misma dirección", señala. Ayer era un día de resaca para muchos que, como Nacho, trabajaron durante semanas para conseguir coordinar las protestas del sábado.

Precisamente con el objetivo de seguir avanzando con acciones concretas, indignados de Madrid y Barcelona se lanzaron en la misma noche del sábado a ocupar edificios abandonados para darles un "uso social". En Barcelona se consolidó la ocupación de un inmueble de viviendas de nueva construcción en el popular barrio de Verdún, en el que se alojarán familias deshauciadas, informa Joao França.

El sábado, tres familias ya pasaron la noche en sus nuevas viviendas y ayer estaba previsto que fueran siete en total. Las familias todavía no han trasladado a las casas sus enseres y desde la asociación 500x20, que está organizando el espacio, aseguran que lo prioritario es estabilizarse en ese lugar ante la amenaza de un desalojo.

Entretanto, un grupo de indignados madrileños también comenzó a instalarse en el antiguo Hotel Madrid, abandonado desde hace años y situado muy cerca del la Puerta del Sol.

Tras la asamblea del sábado, algunos manifestantes decidieron ocupar el edificio al que aseguran que accedieron "sin forzar la cerradura porque la puerta estaba abierta". "No es algo nuevo, de la liberación de espacios públicos se ha hablado en las asambleas", comentó una de las indignadas a las puertas del hotel. "Quizá es el momento que empecemos a cuestionarnos el concepto de propiedad privada", agregó otra.

Pequeños grupos debatían al cierre de esta edición frente al Hotel Madrid los posibles usos que podría tener el edificio. Se barajó la posibilidad de alojar en él a familias desahuciadas o la creación de un centro social autogestionado, entre otras propuestas. Por otra parte, los dos parados que comenzaron el sábado una huelga de hambre hasta las próximas elecciones generales plantearon a la asamblea la posibilidad de utilizar el hotel para pernoctar durante su protesta.

Uno de cada cinco asturianos es pobre

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El Comercio. 16.10.11 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Foto: Un grupo de personas hace cola frente al comedor social de la Cocina Económica de Gijón. :: JOAQUÍN BILBAO

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La Red Asturiana contra la Pobreza convoca una concentración en Oviedo

 Cerca de 15.000 no pueden hacer tres comidas a la semana mientras el cobro del salario social se retrasa ya hasta un año

La crisis eleva a casi 200.000 las personas que viven en riesgo de exclusión en el Principado

Uno de cada cinco asturianos es pobre. La aseveración significa que casi 200.000 residentes en el Principado se encuentran en situación de riesgo de exclusión o, directamente, ya han pasado la barrera que les separa del estado de bienestar. Su falta de recursos, ya sea por tener un trabajo precario o, directamente, por carecer de empleo, les impide hacer frente a la hipoteca o al alquiler. Viven con menos del 60% de los ingresos medios de la región, cifra que se traduce en que no pueden hacer tres comidas saludables a la semana. O no pueden tener calefacción en casa.Esta radiografía, que habla de hambre y frío en una región del denominado primer mundo, es la que presentará hoy en Oviedo la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, EAPN en sus siglas en inglés. El ente aglutina en Asturias a 24 organismos y entidades sociales (Accem, Albergue Covadonga, Alambique, Proyecto Hombre, Xurtir, El Prial, Manos Extendidas, Asociación Gijonesa de Caridad, Amicos, Unga, Acoge, Cáritas, CISE, Colegio Oficial de Trabajo Social, Cruz Roja, Emaús, Amaranta, Compartiendo Culturas, Edes, Secretariado Gitano, Siloé, Movimiento Asturiano por la Paz, UGT y Vitae) y está presidido por el portavoz del Secretariado Gitano, Víctor García.

Es él quien señala que la crisis «ha elevado el número de personas que en Asturias está en riesgo de exclusión», ya que, a pesar de «estar mejor que la mayoría de comunidades», como refleja el estudio, «hay asturianos que llevan un año esperando por el salario social».

«No puede haber recortes»

Porque es el salario social, precisamente, el que coloca a Asturias en los lugares más bajos de la tabla de pobreza del país, un duro ranking que encabeza Melilla, con el 41% de su población en riesgo de exclusión. Sólo seis comunidades -Madrid, Cantabria, Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra- presentan mejores resultados que Asturias, con el 19% de población pobre.

Según explica Víctor García, «el disponer de la Ley del Salario Social ha hecho que la crisis fuera menos dura en Asturias, porque las personas tienen garantizada una renta mínima. Sin embargo, el atasco en la gestión hace que la cifra de personas en riesgo haya subido».

Por ello, aunque los porcentajes dibujen una región más inclusiva que la mayoría del país, lo cierto es que las cifras de personas en riesgo es muy elevada, como lo son las que, del total de casi 200.000 asturianos pobres, se encuentran ya bajo el umbral de la pobreza. Según el informe de la Red Europea, en Asturias están ya en esa situación 135.229 personas, de las que casi 15.000 sufren lo que los técnicos han denominado ’Pobreza Material Severa’. Es decir, que no tienen ingresos para pagar la hipoteca o la renta, para hacer tres comidas saludables a la semana, pagar la calefacción o, por ejemplo, contar con lavadora en casa.

García advierte que, mientras no cambie la situación económica, «la pobreza continuará subiendo», por lo que urge a «que no haya recortes en materia social, porque cuando los parados se queden sin su prestación, el volumen de personas en riesgo se disparará». Recuerda García que, «tenemos 30.000 parados sin subsidio y 29.000 desempleos de larga duración. No puede haber recortes»

Los menores no podrán beber alcohol en Asturias

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El Comercio. 15.10.11 - 02:39 - CHELO TUYA | OVIEDO.

Exalcohólicos aplauden la medida, mientras los hosteleros piden «consenso» y «vigilancia extrema» contra el botellón

El Principado prepara una ley que penalizará la venta y consumo antes de los 18 años

Asturias dejará de ser una isla. En una fecha aún por determinar, el Principado hará lo que ya han hecho el resto de comunidades autonómas: prohibir el consumo y la venta de alcohol a los menores de edad. La ley que prepara la Consejería de Sanidad incluirá, además, la prohibición de publicidad y patrocinios, así como medidas enfocadas a la prevención.

Esa fue la noticia con la que la diputada de Foro Asturias Cristina Coto intentó desactivar la proposición no de ley presentada ayer por el PP en la Junta General del Principado en la que se instaba al Gobierno regional a elevar de los actuales 16 años a los 18 la edad mínima para consumir alcohol.(leer más)

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Asturias-prohibira-vender-alcohol-menores_0_572942705.html

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2011/10/15/principado-pliega-decide-prohibir-venta-alcohol-menores-edad/1143001.html

Valencia cierra 262 camas hospitalarias para ahorrar 86.000 euros

Valencia cierra 262 camas hospitalarias para ahorrar 86.000 euros

 

 

El plan, «totalmente reversible», afecta a centros de Alicante, Castellón y la capital

 Valencia, Efe

La Generalitat valenciana ha puesto en marcha un plan de optimización de camas hospitalarias que prevé el cierre de 262, una medida de gestión «coyuntural y «totalmente reversible» que puede suponer un ahorro de hasta 86.460 euros diarios. La secretaria autonómica de Sanidad, Manuela García, presentó en rueda de prensa este plan, que responde a la constatación de la existencia de un «alto número de camas sin ocupar» en los hospitales, debido a «múltiples factores», uno de ellos el que no haya llegado la gripe a la Comunidad Valenciana, donde se registran temperaturas máximas de 34 grados.

 

A su juicio, ante la actual crisis económica es una «obligación ética» de los gestores sanitarios «rediseñar la gestión», actuar sobre aquellos servicios donde «más no es mejor» y, «en definitiva, eliminar las bolsas de ineficacia». Por ello, según dijo, se ha reagrupado el número de camas que no se consideran necesarias con el fin de optimizar los costes sanitarios y los recursos humanos.

 

Según Manuela García, esta «optimización de camas hospitalarias» no va a suponer el cese de ningún profesional sanitario, ni la merma de la actividad asistencial ni recorte alguno de las prestaciones sanitarias». «Es una medida de gestión coyuntural y totalmente reversible de forma inmediata», aseguró, añadiendo que si en las próximas horas se registrara una epidemia de gripe «se podrían volver a ocupar» todas las camas.

 

En la actualidad hay un total de 262 camas cerradas (159 en Alicante, 53 en Valencia y las 50 restantes en Castellón). Si se calculan los costes directos e indirectos de una cama, suponen 330 euros diarios en el caso de ser hospitalaria y de 230 euros si es de hospitalización a domicilio.

Portugal elimina las pagas extras a funcionarios y pensionistas

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La supresión, que se llevará a cabo hasta finales de 2013, afectará a los salarios de más de 1.000 euros mensuales

Foto: El primer ministro de Portugal, el conservador Pedro Passos Coelho. / Ap

El Comercio. 14.10.11 - EFE | LISBOA

El primer ministro luso ha anunciado también el aumento en media hora de la jornada laboral en el sector privado, donde además se reestructurará el calendario de vacaciones

 El primer ministro de Portugal, el conservador Pedro Passos Coelho. / Ap

El primer ministro de Portugal, el conservador Pedro Passos Coelho, ha anunciado nuevas medidas de austeridad para 2012, entre las que se incluye la eliminación de las dos pagas extraordinarias a funcionarios y pensionistas y el aumento en media hora de la jornada laboral en el sector privado.En una declaración televisada, el jefe de Gobierno luso ha detallado que la supresión de las pagas extras de verano y navidad, que se llevará a cabo hasta finales de 2013, afectará a los salarios de más de 1.000 euros mensuales de funcionarios, trabajadores de empresas públicas y pensionistas. Ha explicado que en el sector privado también se reestructurará el calendario de vacaciones para promover la productividad.

Estas medidas, incluidas en el presupuesto de 2012, están destinadas, según Passos Coelho, a corregir desvíos presupuestarios que ponen en peligro los compromisos adquiridos con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestaron al Portugal 78.000 millones de euros.

Críticas contra el anterior Ejecutivo

Ha justificado la necesidad de aplicar las medidas extraordinarias -aprobadas hoy en Consejo de Ministros y que se debatirán en el Parlamento la próxima semana- para evitar la bancarrota del país y las presiones para abandonar la zona euro. La salida del euro "sería inaceptable y no permitiré que ocurra", ha dicho Passos Coelho, quien ha acusado al anterior Gobierno socialista de haber gastado hasta junio de 2011 el 70% de lo presupuestado para este año.

El dirigente conservador ha alertado de la profunda recesión que afronta el país, cuyo PIB se prevé que caiga un 1,9% este año y un 2,2 el próximo. Ha insistido en que es fundamental que Portugal cumpla lo pactado para contar con los 78.000 millones del préstamo internacional, imprescindibles para el funcionamiento del país.

Portugal se ha comprometido con la UE y el FMI a reducir gradualmente su déficit, en el 9,8% en 2010 y revisado al alza recientemente por las deudas ocultas de la región de Madeira, hasta menos del 3% en cuatro años.

También ha anunciado un aumento de varios tipos de IVA, del intermedio (13%) hasta el alto (23%), aunque los productos básicos estarán en la tasa reducida. Asimismo, ha señalado que las deducciones fiscales se reducirán entre los salarios más altos.

Cospedal elimina ayudas a los sindicatos pero no a la patronal

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La Junta de Castilla-La Mancha reduce además al mínimo el número de liberados sindicales

Foto: Cospedal, en un acto público en julio. Mónica Patxot

La Voz de Asturias. 14/10/2011 / IÑIGO ADURIZ / MADRID

El PP volvió a asestar ayer un duro golpe a los derechos sindicales de los trabajadores públicos con la crisis económica como justificación sin provocar en cambio el mínimo rasguño a la patronal. La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por la número dos de los conservadores, María Dolores de Cospedal, decidió eliminar por completo las subvenciones a los sindicatos de la función pública. Se trata de un nuevo tijeretazo dentro de los recortes que puso en marcha el PP desde que accedió al Ejecutivo regional tras el 22-M.El Consejo de Gobierno, reu-nido ayer en Toledo, acordó la suspensión de la aplicación de los pactos y acuerdos suscritos por la Administración regional y los sindicatos en relación con los derechos sindicales en el ámbito del empleo público autonómico. El portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban, aseguró que estas medidas se enmarcan en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales que anunció en su momento la propia Cospedal y que pretende la reducción del déficit público.

El recorte de liberados se centra en la enseñanza y la sanidad pública

Los que contribuirán a ese objetivo serán los representantes de los trabajadores públicos. Las centrales sindicales dejarán de ingresar 477.000 euros durante el próximo ejercicio. Esa es la cifra que destinó a los sindicatos la Junta castellanomanchega para 2011 y que elimina para 2012. Es la misma cantidad, sostienen los socialistas de la región, que el Ejecutivo autonómico dedica a las organizaciones empresariales.

Pero, entre las decisiones adoptadas ayer por el Consejo, no se contempla ningún recorte en las ayudas que, a través de diferentes líneas de actuación se conceden a la patronal anualmente. Fuentes de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) explicaron a este diario que, por el momento, no han recibido por parte de la Junta ninguna notificación sobre que esté entre sus previsiones hacer recorte alguno en la partida del año próximo.

Público intentó en reiteradas ocasiones que la Presidencia de Castilla-La Mancha confirmara cuáles son sus planes respecto a los recortes en las subvenciones que recibe el empresariado a través de los citados planes de actuación. No se facilitó ninguna respuesta.

El Ejecutivo autonómico asegura que quiere reducir el déficit público

Aparejado al fin de las ayudas públicas a las centrales sindicales, el Consejo de Gobierno regional acordó suprimir hasta 501 liberados "a tiempo total". Según el Ejecutivo castellanomanchego, esto supone mantener "el mínimo legal, que se sitúa en los 284 y que sí va a mantener la Junta de Castilla-La Mancha". En este sentido, su portavoz, Leandro Esteban, aseguró que el Gobierno socialista mantuvo "785 liberaciones sindicales".

Las cifras contempladas en el último acuerdo de la Mesa de la función pública desmienten, en cambio, las cifras facilitadas por el Ejecutivo del PP. Los liberados elegidos en las elecciones sindicales, sumados a los que corresponden al cumplimiento de pactos con las centrales, como el suscrito en materia de prevención de riesgos laborales o interlocución laboral, son 601.

El Gobierno de Cospedal sostiene, sin embrago, que en la actualidad se están utilizando 610 liberaciones por parte de los sindicatos, dedicándose las 175 restantes hasta los 785 a horas sindicales correspondientes a otros representantes de los trabajadores. Según el Ejecutivo regional, las 610 liberaciones están distribuidas entre la Administración general, las instituciones sanitarias y el personal docente, ascendiendo a un costede 23 millones de euros.

El PSOE advierte de que la región "es el laboratorio" de lo que va a hacer Rajoy

Precisamente es en la ense-ñanza donde se producirá un mayor recorte de liberados. El ajuste llega en medio de las protestas de los docentes, que han salido a la calle en contra de la reducción del número de profesores interinos. Desde el PSOE de Castilla-La Mancha advirtieron del "peligro" que suponen las decisiones de Cospedal para los castellanomanchegos y para "todos los españoles".

Sin sistemas de control

En opinión de Esther Padilla, secretaria de comunicación de los socialistas en la región, puede que su comunidad autónoma se esté convirtiendo en "el laboratorio" de las políticas que podría poner en marcha un hipotético Gobierno de Mariano Rajoy. "Cospedal quiere evitar la existencia de cualquier tipo de sistema de control. Suprimió el Consejo Económico y Social encargado de elaborar informes sobre las iniciativas legislativas de las Cortes regionales, eliminó al Defensor del Pueblo y ahora recorta liberados sindicales y quita las ayudas a los sindicatos", lamentó Padilla.

Las centrales sindicales también salieron en tromba en contra de estas nuevas medidas del PP. CCOO de Castilla-La Mancha consideró que la Junta busca con los recortes "debilitar los derechos sindicales y laborales de los trabajadores de la Administración y su capacidad para defenderlos".

En opinión de la central sindical, que hizo público un comunicado a última hora de la tarde, el Ejecutivo de Cospedal "induce a la confusión al denominar subvenciones a las dotaciones que perciben los sindicatos representativos de los empleados públicos" castellano manchegos para desarrollar su tarea. Entre esos gastos, añadió CCOO, están los materiales y los viajes para asistir a reuniones. El sindicato insistió en que, en todo caso, las cuantías se justifican mediante las correspondientes facturas.

La hora de los recortes

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Las administraciones públicas deberán suprimir 200.000 empleos en toda España hasta 2013, según un informe del banco suizo UBS

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La economía sumergida alcanzó en 2010 un 21% del PIB.  Economía 

Lne.es » Economía   JORDI CUENCA

Cuatro años después del inicio de la crisis económica, las administraciones públicas han empezado, con distintos ritmos, a aplicar los recortes que una mayoría de empresas comenzaron a poner en práctica ya en 2008, cuando la intoxicación por las hipotecas basura llevaba un año contaminando el sistema, sobre todo el financiero, que da vida a todo lo demás. La crisis de la deuda, que estalló con toda su crudeza en la primavera de 2010, obligó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo un severísimo recorte del gasto público -bajada de sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones- para contener el déficit.

 

Los mercados donde España se financiaba hasta entonces dijeron basta, y el Ejecutivo tuvo que frenar en seco la política keynesiana de inversión pública con que había pretendido hacer frente a la crisis hasta aquel momento. Las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y el temor a un castigo inmisericorde de los ciudadanos provocó que ninguna autonomía, ni siquiera las más endeudadas, tomaran medidas de alcance para reducir de una vez sus déficits y sus deudas.

 

Luego del triunfo del PP en casi toda España en las elecciones autonómicas y ante la perspectiva de que este partido conseguirá el Gobierno de España tras las elecciones del 20 de noviembre, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, para no perjudicar a Mariano Rajoy, están tomando medidas de contención que más bien parecen parches para evitar la sangría. Cataluña, con un Gobierno más asentado y de signo político contrario al anterior, está siendo -si exceptuamos ese banco de pruebas en que parece estar convirtiendo a Castilla-La Mancha la presidenta de esa autonomía y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- la mejor imagen, al entender de muchos, de lo que le espera a este país cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo. Sea del PP o del PSOE -o de coalición con nacionalistas-, hay coincidencia en que 2012, como mínimo, será un año de gran sufrimiento, para la ciudadanía y el sector público, incluidas las sacrosantas sanidad y educación, que ya están viendo las orejas al lobo. Otra cosa es dónde ponga el acento -y los límites del recorte- cada partido.

 

Con la celebración de las elecciones, ya nadie tendrá excusas para no actuar. Y los augurios son tremendos. El banco suizo UBS, en un reciente informe sobre la economía española en la era de la austeridad, asegura que la caída de las dos principales partidas del gasto público (salarios y gastos corrientes) es «insuficiente para reducir el déficit público a la velocidad requerida» y apunta que, al margen de la «prevista reducción del número de funcionarios, es probable que los salarios medios crezcan menos que la inflación durante unos años». Además, incide en la necesidad de más recortes en el gasto corriente, con «120.000 millones aún plagados de partidas superfluas y prescindibles» entre las que cita las subvenciones y las prestaciones en especie.

 

UBS cree que, para alcanzar el objetivo de déficit de 2012 y dada la reducción de ingresos prevista, las autonomías «deberán haber reducido los gastos ordinarios reales respecto a 2010 en 9.200 millones de euros (-6%)», una decisión «que afectará a multitud de partidas presupuestarias. El estudio dice que los ingresos autonómicos «están muy por debajo de lo presupuestado», y que el Gobierno central limita la capacidad de endeudamiento de estas administraciones al tiempo que los mercados exigen tipos de interés muy altos. La «reacción primera para gestionar la falta de liquidez está siendo una devastadora postergación masiva de los pagos a los proveedores, con unas dramáticas consecuencias para la actividad económica y el empleo». UBS añade que, «además de la paralización de las obras públicas, la reducción del gasto salarial está superando lo presupuestado: intensa destrucción de empleo interino y del personal laboral». Los pronósticos para el sector público son muy desalentadores. Los salarios de los más de 3,2 millones de empleos -las autonomías han acumulado más de un millón desde 1995- consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto, excluidas las prestaciones sociales.

 

UBS considera que «el empleo público debería reducirse cerca del 6% hasta 2013, unos 200.000 asalariados menos» para que a mitad de década vuelva al tamaño de 2006, es decir unos 2,9 millones. Al margen de lo que pueda suceder con derechos básicos como la sanidad y la educación, la destrucción de empleo público supondrá un nuevo jarro de agua fría para las pretensiones de cualquier Gobierno de poner freno al paro, tal como se puso de manifiesto en septiembre, donde el desempleo aumentó entre otros motivos por los recortes de empleo público.