Un plan con los días contados
FAC se une a PSOE e IU y pedirá que se declare lesivo el convenio sobre el aparcamiento de Uría
Foto: Una sesión plenaria en el ayuntamiento ovetense. Archivo
25/05/2011 / Alexia E. Martín Oviedo
El plan de Uría, al que dio luz verde el convenio suscrito por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y el empresario Miguel Ángel Menéndez del Fueyo el 27 de abril del año pasado para liquidar la deuda municipal derivada de la expropiación de Villa Magdalena, tiene los días contados.
El candidato a la alcaldía de Foro Asturias, Arturo González de Mesa, anunció ayer que su formación solicitará que se declare lesivo el citado acuerdo, por el que se dio luz verde a la construcción de un gran aparcamiento con capacidad para 1.500 vehículos bajo la calle Uría y aledaños. En concreto, el convenio, rechazado en su día por los grupos políticos de la oposición y que originó la formación de un movimiento vecinal, contempla el pago en especie a la empresa Comamsa con la entrega de subsuelo en el centro para un párking y de una parcela en Teatinos para viviendas.
Pues ayer, González de Mesa reiteró que los principios de FAC y su programa electoral estarán por encima de cualquier pacto. Y el plan de Uría constituirá una de las líneas principales del trabajo de Foro en Oviedo, “desde el gobierno o desde la oposición”. Foro intentará frenar la operación que defiende el PP incoando un proceso para que el tribunal de lo contencioso-administrativo concluya que el convenio es lesivo para el interés público.
Este asunto, que FAC abordará primero en una sesión plenaria, recibirá el apoyo de PSOE y Oviedo por la Izquierda. Por lo tanto, el plan de Uría se frenará ya que estas tres fuerzas suman 16 concejalías y el Partido Popular salió de las urnas el pasado domingo con 11 ediles, sin la mayoría absoluta.
Responsabilidades Además, el líder de Foro en la capital avanzó que exigirá “al alcalde y a los ediles que contribuyeron en esa lesividad, la responsabilidad contraída” frente al consistorio en la expropiación del palacete de Villa Magdalena. González de Mesa manifestó ayer que deberán responder con su patrimonio el regidor y los concejales que, en su día, actuaron incorrectamente y no ordenaron la consignación del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa en 11,2 millones de euros. “Responderán económicamente por lo que hicieron”, subrayó ayer el cabeza de lista de FAC en la capital asturiana.
Arturo González de Mesa reiteró su rechazo al plan de Uría por varios motivos. Para empezar, aseguró que su partido no está de acuerdo con la expropiación del palacete. “No veo la utilidad pública del chalé, 63 millones de euros para una biblioteca es excesivo”, dijo en relación al precio planteado por Comamsa cuando solicitó una retasación del palacete, proceso que se paralizó para firmar el convenio.
Además, González de Mesa rechaza la actuación urbanística ideada para liquidar la deuda municipal. “La obra del párking será letal para los comerciantes de la zona”, recalcó al tiempo que mostró el rechazo de FAC al pago en especie, que también contempla la entrega de un solar en Teatinos.
Apoyo de PSOE e IU PSOE y Oviedo por la izquierda, que rechazan el plan de Uría desde su aprobación con la mayoría popular, apoyarán cualquier iniciativa que intente frenar la operación. El secretario de los socialistas ovetenses, Alfredo Carreño, señaló ayer que “si viésemos que la declaración de lesividad es viable, claro que la apoyaríamos”. El concejal recordó que la actuación “constituye una atrocidad y será un varapalo para el comercio”.
El líder de Oviedo por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, también expresó su apoyo a la iniciativa. Y anunció que su formación desarrollará nuevas medidas para paralizar el plan. El concejal indicó que llevarán al ayuntamiento la declaración del Campo San Francisco como Bien de Interés Cultural (BIC), que no prosperó en el Parlamento asturiano por los votos negativos de PSOE y PP.
Sánchez Ramos avanzó, asimismo, que en los próximos días mantendrá un encuentro con el abogado Gerardo de la Iglesia, el que le lleva este asunto en los tribunales, para diseñar una nueva estratagema para tumbar abajo el convenio suscrito por el gobierno del PP y la empresa Comamsa.
