ACTUALIDAD

Mañana en la reunión del Consejo de Gobierno

LOS PLANES PARA CONTENER EL DEFICIT.

El Gobierno arranca el debate para ajustar 300 millones del presupuesto

Las consejerías afrontarán mañana en el consejo de Gobierno la ´hoja de ruta´ del recorte.

Las partidas de la Ley de Dependencia serán uno de los principales escollos a solventar.

01/06/2010 PABLO A. RUBIO, en La Voz de Asturias

Se abre la veda. El Gobierno del Principado iniciará mañana el análisis, consejería por consejería, para determinar donde se aplicarán los recortes presupuestarios dentro del plan de ajuste con el que el Ejecutivo pretende ahorrar hasta 300 millones de euros. Una cantidad que es resultante de la suma de los 150 millones correspondientes al plan que se aprobó en la última reunión del consejo de política fiscal, mientras que el resto saldrá justamente de todos los ajustes que se realizarán en las consejerías. El debate se afrontará en el seno del Consejo de Gobierno previsto para mañana.

Fuentes del ejecutivo ya adelantaron hace dos semanas que los recortes afectarán a todas las consejerías, sin excepción, así como a cada uno de los organismos públicos tales como la Sindicatura de Cuentas o el Consejo Consultivo.

CONTRATIEMPOS

El hecho de que los ajustes afecten a todas las consejerías traerá consigo las reticencias de algunos departamentos a reducir sus gastos. Algunos de ellos ya lo anticiparon. Por ejemplo, la Consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, advirtió de que no estaba dispuesta a aceptar más recortes. Es más, Martín anticipó que su intención es solicitar más presupuesto para acometer la Ley de Dependencia ya que los 377 millones con los que cuenta en los presupuesto se "quedarán cortos".

Otras consejerías, como la de Infraestructuras confían en no sufrir el tijeretazo. El titular, Francisco González Buendía, aseguraba la semana pasada que "en un principio no nos tiene que afectar". Sin embargo, el consejero admitía que en fechas próximas "vamos a hacer números" y entonces se sabrá realmente cómo afecta el plan de ajuste previsto en el Principado a los proyectos programados en Infraestructuras.

ORIENTE

Sin partida presupuestaria en 2010, una obra que sin duda sufrirá el ajuste será el túnel del Fitu, cuyo coste se estima en unos 200 millones de euros. O el Plan Agua de Picos de Europa, que sumaría nuevas demoras si se tiene en cuenta que, desde su presentación en 2007, apenas sí se han ejecutado tres actuaciones de las 32 previstas, con una inversión estimada de 44 millones de euros. Después de que FEVE ya hubiera retrasado a 2012 el final de las obras de electrificación de la línea férrea a su paso por el oriente asturiano entre Infiesto y Bustio, puede darse por sentado que este proyecto, con un coste total estimado de 22 millones de euros, retrasará aún más su conclusión. En estos momentos, y tras salir a licitación el tramo Arriondas a Ribadesella, está en obras el tramo entre Infiesto y Arriondas, cuya inversión suma 6 millones de euros.

En materia de restauración de espacios naturales, la Demarcación de Costas tiene pendientes dos proyectos: el parque de La Mediana, en Ribadesella, dotado con un presupuesto de dos millones de euros, y la restauración del humedal de la ría de Tinamayor, por cuatro millones. Otro proyecto que puede verse afectado por el ajuste es el relativo a la restauración ambiental del bajo Sella, cuya última estimación económica rondaba los 11 millones de euros. Aunque se encuentra en ejecución, el ajuste también podría afectar al tramo Unquera-Llanes de la autovía del Cantábrico, el más retrasado de toda la vía.

OCCIDENTE

La autovía del Suroccidente es el proyecto que más seriamente puede verse afectado por las restricciones económicas, al menos en opinión de los alcaldes de Cangas del Narcea y Degaña pese a que, desde la Consejería de Infraestructuras, se haya descartado. "Llevan dos años de retraso y van a acumular otros dos más, casi seguro", asegura el regidor de Cangas, José Manuel Martínez. También podría verse afectados por el ajuste algunos tramos pendientes en Oviedo-La Espina.

La Ciudad del Motor, en Tineo. es otra de las grandes inversiones seriamente amenazada tras varios años de retrasos acumulados desde 2003. El último anuncio situaba el inicio de obras este mismo año... Sin salir del concejo, el Monasterio de Obona puede ser otra de las inversiones que se olviden otros cuantos años más pese a que su deteriorado estado pide una intervención urgente. También en Cangas del Narcea, se quedará en la cuneta el Museo de la Villa, inicialmente previsto en la Casa de la Cultura. Los intentos municipales de recuperar la Casona de Besullo para Museo del Teatro se quedarán también en el país de los recuerdos.

Degaña e Ibias se verán menos afectados en grandes inversiones, aunque con recortes en obras menores. También la construcción del Parque Multiaventura de Riocastiello, en Cangas del Narcea, al depender parte de la inversión de subvenciones o créditos. En Salas se esperaba poder iniciar la demorada rehabilitación del monasterio de Cornellana este año y, en Navia, ya se aplazó a 2011 la inversión prevista en la futura Casa de las Artes.

INDUSTRIA

Algunos proyectos industriales que debido a las vacas flacas pueden estar en la línea floja y que, de hecho, se han ralentizado son los ciclos combinados. Mientras el de El Musel sigue en el limbo, en los dos que anunció ESBI en Corvera ya se ha anunciado inversión ralentizada y en la planta de Trubia se suman también multitud de rechazos por su impacto ambiental. Fallido fue, por el alto coste de una inversión sin demasiado viento, el parque eólico de El Musel. Y Arcelor optó por gastar 100 millones en reformar el alto horno de Veriña en lugar de construir un segundo.

 POSIBLES RETOQUES EN LA PRESION FISCAL.

La subida del IRPF a las rentas más altas afectaría a 16.000 asturianos

IU pide aumentar el tributo a los que ganen más de 60.000 euros.

01/06/2010 P. A. RUBIO, en La Voz de Asturias

Una vez que definidas las líneas del recorte, la otra patata caliente es el capítulo de ingresos. Y ahí, los posibles retoques del IRPF cada vez toman más cuerpo. La intención del Gobierno parece que pasa por subir el tipo impositivo a las rentas más altas, es decir, aquellos que cuentan con ingresos superiores a 60.000 euros. Según la última memoria publicada por la Agencia Tributaria (2007), en Asturias hay 15.800 contribuyentes que ganan más de dicha cifra. Alrededor de 13.800 ingresan entre 60.000 y 150.000 euros al año, mientras que el resto, 2.035 asturianos cuentan con salarios que superan los 150.000 euros.

El tipo impositivo más elevado del IRPF se encuentra en el 43%, dividido en dos tramos autonómico y estatal, ambos del 21,5%. El gobierno central no descarta en absoluto incrementar su porcentaje y el propio Consejero de Economía, Jaime Rabanal, admitió que no han desechado ninguna posibilidad.

DEMANDAS DE IU

Por lo pronto, desde Izquierda Unida (IU) de Asturias, ya se ha emplazado al Principado a que su política de ajustes no vaya solo encaminada al capítulo de gasto, sino también al de ingresos. A lo que hay que añadir, que la coalición lleva tiempo pidiendo una subida de la presión impositiva sobre las rentas más altas, siguiendo la política de progresividad que defiende la formación.

La postura de la coalición pasa directamente por tocar el IRPF en el tramo autonómico en cada una de sus escalas. Tanto en la que va de 60.000 a 100.000 euros de ingresos, en la siguiente de 100.000 a 150.000 y la que discurre entre 150.000 y 600.000. Además, IU propone un tipo especial para todos aquellos que ingresen por encima de los 600.000 euros. La coalición lo tiene claro, quiere negociar con el PSOE asturiano una mayor presión fiscal, para que el anuncio de Zapatero de gravar más a los ricos pase de las "palabras a los hechos".

Otras comunidades parece que ya han dado pasos hacia el incremento del tramo más alto del IRPF. Es el caso de Cataluña, donde pretender aprobar hoy una medida que desde el Ejecutivo de José Montilla admiten que solo afectará a las clases altas y en ninguna medida a las medias.

De todos modos, en el caso catalán se está hablando de variar al alza el tramo de aquellos con ingresos por encima de los 100.000 euros y no 60.000 como pide IU en Asturias.

IU emplaza a Areces a seguir el criterio de la FSA y aumentar los ingresos por vía fiscal

La coalición plantea al PSOE que «Asturias sea el dique de la izquierda»

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
Izquierda Unida emplazó ayer a la parte socialista del Gobierno y al presidente, Vicente Álvarez Areces, a seguir el criterio de la Federación Socialista Asturiana de aumentar los ingresos por la vía fiscal, mediante la subida de impuestos a las rentas más altas, una política en la que será pionera Cataluña. La coalición sostiene que el Gobierno regional tiene la oportunidad de convertir Asturias «en el dique de la izquierda en este país» frente al giro a la derecha que, a su juicio, ha dado el Gobierno central al reducir los salarios a los trabajadores del sector público y congelar las pensiones. Mientras tanto, el Ejecutivo regional todavía no ha perfilado las partidas del ajuste ni ha facilitado información sobre el alcance de los recortes salariales a los funcionarios, de los que Izquierda Unida se ha desmarcado.

La coalición considera que la prioridad, en estos momentos, pasa por crear empleo «y para dinamizar la actividad hacen falta recursos». IU hace hincapié en su «cercanía» al mensaje lanzado por el secretario general de la FSA, Javier Fernández, partidario de aumentar los ingresos mediante la subida de impuestos a las rentas más altas. «En cambio, el Consejero hace todo tipo de equilibrios malabares», advirtieron fuentes de IU para las que «los socialistas asturianos deben afrontar la disyuntiva de elegir entre la política del tijeretazo y el decretazo de Zapatero o demostrar que la izquierda tiene alternativas para afrontar la crisis».

Los socios de gobierno creen que las medidas en las que ya trabajan otras autonomías, como la reforma fiscal en Cataluña o el recorte de sólo el dos por ciento para los empleados públicos en el País Vasco, frente al cinco por ciento promovido por Zapatero, se pueden complementar con otro tipo de iniciativas como una política que persiga a fondo el fraude fiscal y la economía sumergida. Para IU, «los socialistas, hasta ahora, han centrado la respuesta a la crisis en el recorte del gasto público y olvidan que lo realmente importante es garantizar los ingresos mediante una reforma en profundidad del sistema fiscal que garantice la progresividad en el esfuerzo de los contribuyentes». La coalición lamenta que «el PSOE no tenga problemas en recortar las pensiones o los salarios mientras es un océano de dudas a la hora de subir los impuestos a los ricos de este país».

Izquierda Unida sigue a la espera de conocer el ajuste en el que trabaja la Consejería de Economía. La coalición ya advirtió días atrás de que su paciencia «se agota», pero desde el departamento que dirige Jaime Rabanal se evitó entrar en polémicas y se aseguró que el resto de consejerías tampoco conocen cómo les afectan los recortes.

El ajuste

Asturias tendrá que recortar 200 millones de euros

-El presupuesto consolidado de Asturias en 2010 asciende a 4.600 millones, de los que ahora tendrá que recortar unos doscientos.

El centro de Salud de El Quirinal centraliza las urgencias a partir de hoy

 

Sabugo, Villalegre, Llano Ponte y La Magdalena pierden el servicio entre las ocho de la tarde y las diez de la noche

 

Enlace con el comercio digital 01/06/2010

 

Entrevista al Presidente de la Asociación de Facultativos del HUCA

«No somos una casta de privilegiados»

«En la Administración regional hay muy poco diálogo. Para llegar a acuerdos hay que oír, pero también hay que saber escuchar»

Faustino García Presidente de la Asociación de Facultativos del HUCA

31.05.10 -LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Desde mediados de mayo preside la Asociación de Facultativos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), un colectivo que llevaba tiempo inactivo y que se ha vuelto a unir para actuar contra algunas de las medidas de la llamada ’reforma Quirós’.

-¿Por qué resurge la asociación?

-La asociación estuvo un tiempo sin actividad. Había surgido en los años 80 por una problemática de entonces. Ahora renace porque queremos tener voz ante los cambios que se están produciendo en la sanidad pública.

-¿Van contra la Administración?

-Nuestro espíritu no es el de la beligerancia, ya que no somos ni un partido político ni un sindicato. Somos una asociación profesional.

-El lema de presentación decía que la asociación renacía para defender los derechos de los facultativos frente a la Administración.

-Queremos poder expresar nuestro sentir. Partiendo de la base de que el trabajador no siempre tiene razón, ¿por qué entonces, las gerencias creen que ellos siempre la tienen? Para llegar a acuerdos hay que oír pero también hay que saber escuchar.

-¿Ahora se les escucha?

-En esta Administración hay muy poco diálogo.

-¿En qué disienten?

-Pues por ejemplo, la forma en que se llevó a cabo lo de las jubilaciones no fue la más correcta. De la noche a la mañana, jubilaron a un montón de especialistas y eso generó un caos en la sanidad. Hubo gente que tenía programadas consultas y operaciones y de un día para otro tuvo que dejar a todos esos pacientes colgados.

-¿No están de acuerdo con la jubilación a los 65 años?

-No es eso. La decisión de jubilarse a los 65 sale de un acuerdo político. Lo que digo es que se podría haber organizado mejor. Fue como dicen que pasaba en la época de Franco, que te mandaba un motorista a casa y, hala, fuera todos.

-Las áreas de gestión, tampoco es una fórmula que guste a los médicos del HUCA, ¿verdad?

-La gestión clínica no es una mala fórmula. Lo que no nos gusta es que no hayan contado con los profesionales.

-¿No les gusta porque se carga las jefaturas?

-Hasta ahora, la plaza y el cargo de jefe de servicio se ganaba a través de un concurso-oposición. Sin embargo, con este nuevo organigrama, los próximos directores o coordinadores de área de gestión serán nombrados por la dirección del centro hospitalario. Se convertirán en cargos políticos y fluctuarán en función de quién te haya nombrado.

-Pero, ¿cuál es el problema de que esas plazas se puedan renovar? Pasa ahora lo mismo con las gerencias, las direcciones médicas.

-No es un problema de renovación. Igual es mejor esa fórmula que estar al frente durante 30 años como jefe de servicio. Nuestro temor es que los cambios no respondan a motivos profesionales sino a amiguísmos o a cuestiones políticas.

-¿Qué le parece que el consejero de Salud de a entender que los médicos son unos privilegiados, que cobran carrera profesional y hacen menos horas que antes?

-No nos gusta valorar cuestiones relacionadas con los políticos. Nuestra asociación se centra en cuestiones profesionales. El consejero tendrá su opinión, pero ahí están las encuestas de satisfacción que sitúan a la sanidad asturiana como la mejor valorada en España.

-Entonces se lo preguntó yo. ¿Son ustedes una casta privilegiada?

-Con esto de la crisis todo el mundo mira a los médicos, enfermeras, celadores o funcionarios como si fueran privilegiados. Pero a nosotros nadie nos trajo el nombramiento ni el cargo a casa. No es culpa nuestra que haya crisis. No somos privilegiados, sino trabajadores de la sanidad pública, con un sueldo.

-Pero no me negará que en los últimos años han mejorado su situación laboral...

-Si, pero la carrera profesional es algo que viene de atrás. Cuando yo era residente ya se empezó a pelear por ese reconocimiento. Además, que nadie se llame a engaño, no fue el personal sanitario el que metió a España en la crisis. Nosotros no generamos el gasto sanitario. En todo caso, son los ciudadanos los que consumen sanidad. ¿Qué es, qué también vamos a hacer culpables a los pacientes de ir al médico?

Con un abaratamiento del despido

Zapatero prepara su reforma laboral

El Gobierno planea ya un modelo que generaliza un contrato indefinido con despido más barato - La norma acotará el uso de la temporalidad

LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 31/05/2010, en El Pais.

El Gobierno está cada vez más convencido de que tendrá que elaborar su reforma laboral en solitario. Tras cuatro meses oficiales -y casi dos años extraoficiales- de negociación con patronal y sindicatos, el proceso aparece más enquistado que nunca. Consciente de que el tiempo apremia, el Ejecutivo prepara ya un documento de reforma laboral que pretende generalizar el contrato indefinido con despido más barato (33 días por año trabajado) a cambio de endurecer las causas del temporal para limitar su uso. Pese a todo, el Gobierno concede una última oportunidad a la negociación y hoy tiene previsto un encuentro tripartito, justo cuando expira el plazo fijado para alcanzar un acuerdo. Las expectativas de éxito son muy bajas.

La reforma laboral se ha convertido en prioritaria después de que los organismos internacionales y los mercados en general la hayan reclamado insistentemente como señal de confianza. Tras la incredulidad inicial, el Ejecutivo ha asumido esa necesidad y se dispone a aprobar en las próximas semanas un texto que agilice el funcionamiento del mercado laboral sin flexibilizarlo del todo. Bajo la hipótesis de que el documento se redacte sin el aval de los agentes sociales, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentará combinar medidas reclamadas por los sindicatos con otras del agrado de la patronal. La presión de las últimas semanas para que los países europeos -y España en particular- aprueben recortes y reformas estructurales hace más probable que prosperen algunos postulados de los empresarios que hasta hace poco estaban descartados. En ese escenario, el interés de CEOE por pactar con el Gobierno ha decaído. También el de los sindicatos, que han considerado una agresión el decreto de austeridad elaborado por Zapatero con el mayor recorte social de la democracia.

En esa línea, los negociadores de Trabajo preparan un texto que generalice el contrato indefinido de 33 días de indemnización para los nuevos contratos. Se trata de ampliar a otros colectivos (los parados y las conversiones de temporales a fijos) el llamado contrato de fomento de la contratación indefinida, de forma que el ordinario (45 días por año) se mantenga sólo para los ya en vigor y para fichajes. Hasta ahora, la fórmula con despido más barato se aplica a jóvenes, mujeres subrepresentadas, mayores de 45 años, parados que lleven más de seis meses inscritos, discapacitados y trabajadores con cargas familiares, es decir, a la mayoría de los supuestos, aunque su utilización es escasa (apenas el 15% de los nuevos fijos). Introducir las dos condiciones que pretende el Gobierno supondría en la práctica ese abaratamiento del despido que Zapatero rechazó durante mucho tiempo y que las nuevas circunstancias le han llevado a reconsiderar.

Esa medida tiene por sí sola el potencial para justificar la huelga general con la que han amenazado UGT y Comisiones Obreras si hubiera un decreto que lesionara los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo, no obstante, pretende introducir una compensación por el lado de la contratación temporal, que consiste en endurecer las causas por las que el empresario puede acogerse a esa fórmula. Aunque la legislación las acota, en la práctica el contrato temporal se ha convertido en la vía flexible de acceso al mercado laboral. En su propuesta del 12 de abril, el Ministerio de Trabajo abogaba por fijar plazos máximos para el contrato de obra (ahora ilimitado) y prescindir del contrato eventual para actividades estacionales cíclicas, como el turismo.

Una de las incógnitas reside en la solución que la reforma otorgará al debate sobre las causas del despido. Esta cuestión ha sido la que más discrepancias ha generado entre patronal y sindicatos, pues CEOE pretendía que se relajaran las causas y el procedimiento para acogerse a un despido por causas económicas, que lleva asociada una indemnización de 20 días por año. Fuentes próximas a la negociación indican que, si finalmente se opta por allanar a las empresas ese camino, se hará también un gesto hacia los sindicatos dificultando una fórmula legal en vigor desde 2002 que permite al empresario despedir sin someterse al proceso judicial, con la condición de que reconozca su improcedencia y deposite la indemnización correspondiente.

Tampoco las partes se han puesto de acuerdo en cómo financiar el despido. En la adaptación a España del modelo austriaco, en el que cada trabajador dispone de una cuenta a la que el empresario cotiza y que el empleado percibe en caso de ser despedido o recupera al final de su vida laboral, los sindicatos pedían que sólo cubriera despidos procedentes. Esa condición convertiría la medida en algo residual, pues la mayor parte de los despidos en España, aun en tiempos de apuros económicos, son improcedentes. El motivo es que resultan más fáciles de gestionar aunque sean onerosos.

Al enfrentamiento que ha presidido toda la negociación se ha sumado con fuerza en los últimos días el debate sobre la flexibilidad interna de las empresas. CEOE pretende eliminar trabas para que las compañías puedan modificar las condiciones de trabajo de los empleados, sus funciones o su localización geográfica. Aunque estas materias son más propias de la negociación colectiva, también han surgido en este proceso, aunque el difícil que el Ejecutivo se arriesgue a regularlas cuando están pendientes de negociación bilateral entre empresarios y sindicatos.

En ese contexto de discrepancias, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano; los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo; y el líder de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se disponen hoy a celebrar una de las últimas -si no la última- de las citas que han mantenido con cierta periodicidad desde principios de febrero. En el caso de que en el encuentro de esta mañana se concluya que no hay margen para el acuerdo, el Ejecutivo presentará en los próximos días sus líneas maestras de reforma que someterá a consultas -no a negociación- de los agentes sociales. Se hará previsiblemente mediante un decreto que se aprobará en unos 15 días y que luego se tramitará como ley en el Congreso, por lo que deberá negociarse con los grupos parlamentarios.

Más allá de los elementos controvertidos, la reforma incluirá cuatro aspectos sobre los que el acuerdo entre las partes es aceptable: el programa de fomento de la contratación juvenil, el modelo alemán de reducción de jornada para evitar despidos cuando las empresas entran en crisis y la reordenación de la política de bonificaciones al empleo para focalizarlas en los colectivos de difícil inserción.

La reducción de actividad de las aseguradoras médicas, la caída de la demanda estética y odontoestomatológica, y la menor oferta de empleo en la sanidad pública, entre las causas.

La crisis reduce a la mitad el déficit de médicos en toda España

31.05.10 - RAFAEL HERRERO | MADRID, en El Comercio.

El sector médico y sanitario no ha sido ajeno a los efectos de la crisis económica y, en esta coyuntura de recesión, ha visto reducida a casi la mitad la demanda de profesionales médicos. Así, se ha pasado de necesitar en toda España a cerca de 9.000 facultativos a que exista en la actualidad una demanda de unos 4.400, sobre todo en poblaciones de mediano o pequeño tamaño. Ésta es la estimación efectuada por Adecco Medical & Science, empresa especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva.

Aunque el déficit se ha reducido notablemente, sigue existiendo una importante demanda de profesionales, como ocurre en casi la mitad de las comunidades, incluida Asturias, y certifica el INEM en su catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.

El principal motivo que explicaría esta reducción de casi el 50% en la demanda de profesionales médicos estaría vinculado mayoritariamente a la reducción de la actividad, producida en las entidades de sanidad privada o mutuas de accidentes de trabajo. Con la crisis económica, la actividad de las aseguradoras médicas ha disminuido por la reducción de pólizas colectivas y privadas. Además, la parte de consumo vinculado a la estética u odontología ha sufrido un fuerte retroceso, lo que ha dado lugar a una menor demanda de profesionales. A ello hay que añadir las limitaciones presupuestarias en varias consejerías de Salud que limitan la contratación de profesionales.

España es uno de los países con mayor ratio de médicos por habitante (446 por cada cien mil habitantes), superior a la media europea, pero la dispersión geográfica supone un gran problema.

Entrevista a Javier Elola autor del estudio “Futuro del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias” encargado por el CES

«El gasto farmacéutico no se ataja con el copago, sino con un buen uso de los fármacos»

«En Asturias creció mucho el coste del personal sanitario, una autonomía no puede hacer una política de salarios independiente del resto»
«La sanidad pública no será sostenible si mantiene el ritmo de gasto actual, por encima del crecimiento económico, que será más lento»

FRANCISCO JAVIER ELOLA Consultor en gestión de la sanidad

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
Francisco Javier Elola conoce la sanidad pública desde dentro porque durante once años ocupó diversos cargos en el ministerio del ramo. Desde 1999 dirige su propia consultoría y acaba de realizar una radiografía sobre el estado del sistema público de salud en Asturias, por encargo del Consejo Económico y Social (CES), en la que advierte sobre la necesidad de controlar el crecimiento del gasto y marca como reto optimizar los recursos sin perder calidad. En tiempos de crisis como el actual se desmarca de las teorías que defienden el copago como la panacea para garantizar el futuro de la sanidad pública.

-¿Está preparada la sanidad asturiana para resistir un ciclo de bajo crecimiento económico?

-La sanidad pública asturiana, como en el resto de autonomías, ha experimentado desde 2002, el año de la transferencia del Insalud, un importante crecimiento del gasto. El marco económico ha cambiado notablemente desde 2008-2009 y la sanidad asturiana tendrá que adecuar el crecimiento de su gasto al de la economía, que será más lento.

-Su estudio apunta que el sistema sanitario de la región consumirá en 2017 el 53 por ciento del Presupuesto regional, de seguir al ritmo actual. ¿Esas cifras lo hacen inviable a corto plazo?

-De seguir el crecimiento del gasto en los ritmos actuales, por encima del crecimiento de la economía, la sanidad pública no será sostenible. Destinar tal volumen de recursos a la salud entraría en conflicto con otros sectores de gasto social como la educación, la dependencia o la protección a las familias o con otros componentes del gasto público como, por ejemplo, las infraestructuras.

-¿Y cómo se puede atajar ese gasto?

-Se puede hacer más y mejor con los mismos recursos. Se puede -y además es un deber ético- aumentar la eficiencia y productividad del sistema sanitario público.

-¿La reducción de costes desembocará en una pérdida de calidad de las prestaciones?

-No necesariamente. Muchas medidas de las propuestas en el informe, como crear un nuevo modelo asistencial, incorporar al paciente como un agente activo del sistema y dotar de una mayor autonomía de gestión a los servicios clínicos, permiten que con el mismo o menor coste aumente la calidad de la asistencia.

-El gasto en personal sanitario ha crecido un 35% en los últimos años. ¿Ha derrochado el Principado en ese capítulo en tiempos de bonanza económica?

-Ha sido el componente de gasto con crecimiento más notable, lo que demuestra la interconexión entre el servicio sanitario público asturiano y el Sistema Nacional de Salud. Aspectos estratégicos de la política de personal como las retribuciones deberían abordarse en el marco del Sistema Nacional de Salud. Una autonomía como Asturias no puede hacer una política de personal de forma independiente del resto de los servicios de Salud de las comunidades.

-¿Tiene remedio el crecimiento del gasto farmacéutico?

-Sí, pero no a través de medidas como el copago, sino con una mejor política de incentivos a los profesionales.

-¿Para que receten menos?

-No. El incentivo al profesional debe centrarse en estimular el uso adecuado de los medicamentos entre sus pacientes.

-¿Cómo se cambia la mentalidad de los ciudadanos que quieren un hospital comarcal con el mismo nivel de prestaciones que el Central?

-Explicándoles que la atención a su salud está mejor garantizada si la asistencia sanitaria se presta en el lugar más apropiado. Para alcanzar el volumen crítico de procesos que garantice la seguridad del paciente se precisa un mínimo de población de referencia, que en ocasiones es muy superior a la de un área de salud.

-¿Y los políticos tienen el coraje para afrontar ese cambio de mentalidad en sus votantes?

-Liderar significa asumir la responsabilidad de guiar a la sociedad hacia mejores metas, poniendo el interés general por encima de los intereses particulares o locales. Los políticos deben asumir esta responsabilidad, confiando también en la inteligencia de la ciudadanía. Sé que Ramón Quirós; su antecesor, Paco Sevilla, de cuya amistad me honro, o el consejero de Hacienda, Jaime Rabanal, son conscientes del reto y tienen el coraje necesario, pero es importante que la sociedad civil arrope y acompañe a los políticos decididos a ese empeño.

Una dilatada experiencia en la gestión sanitaria

Francisco Javier Elola Somoza, médico de formación, ocupó diversos cargos en el Ministerio de Sanidad y Consumo entre 1986 y 1997, llegando a ser asesor ejecutivo del Ministro.

También ha sido director provincial del Insalud en Madrid. Desde 1999 se ha dedicado a labores de asesoría y consultoría de la sanidad. Ha dirigido para el Ministerio de Sanidad los informes de «Cohesión sanitaria en Europa» y ha escrito varios libros y artículos sobre política y gestión sanitaria.

La reunión de ayer sábado no supuso avance alguno

La reforma laboral, estancada pese al maratón de reuniones

La reunión que ha mantenido ayer el Gobierno con los agentes sociales para desbloquearla ha terminado sin avances. Corbacho, Toxo, Méndez y Díaz Ferrán se han levantado de la mesa sin acercar posturas pero con el propósito de seguir negociando a lo largo del fin de semana. Aunque todo hace pensar que la negociación se prolongará más allá del lunes, el plazo dado inicialmente por el Ejecutivo para cerrar un acuerdo.

NUEVATRIBUNA.ES

Contratación -flexibilidad y el contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días- y rebaja de cotizaciones sociales son los grandes escollos que separan a sindicatos y empresarios y los que han impedido hasta ahora que se acerquen posiciones. Aún así, los sindicatos siguen dispuestos a la negociación y mantienen la voluntad de llegar a un acuerdo, aunque las dudas sobre la posibilidad de consenso aumentan ante la falta de cambios en las posiciones de los empresarios. Lo que más temen es que la reforma derive en un abaratamiento del despido al incrementar los motivos para el procedente, es decir, el que no obliga a indemnizar. De producirse, CC. OO. y UGT ya han advertido que irán a una huelga general.

Los contactos seguirán este fin de semana, ya sean telefónicos o con nuevas reuniones, y servirán al Gobierno para analizar si sindicatos y empresarios van a ser capaces de entenderse o si, por el contrario, la reforma laboral tendrá que hacerse por decreto. En el encuentro de hoy han participado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El lunes termina oficialmente el plazo dado por el Gobierno a los agentes sociales para que alcancen un acuerdo. Pero parece que si las cosas siguen como hasta ahora, el Ejecutivo no tendría inconveniente en alargar unos días más las conversaciones, siempre y cuando el diálogo no se eternice y no se extienda hasta bien entrado junio. La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya admitió el viernes esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando también dijo que se agotarán todas las posibilidades y se apurará todo lo necesario para lograr el consenso porque esa es "la mejor vía". También el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, habló de la posibilidad de que las negociaciones se prolongaran durante la próxima semana.

A los sindicatos no les importa seguir negociando esta semana o incluso alguna más si eso les conduce a un buen acuerdo, pero la CEOE tiene un gran interés en que se respete el plazo del lunes 31 que se estableció en un principio. El motivo es muy sencillo: una vez que el Gobierno ha anunciado su intención de hacer la reforma vía 'decretazo' si los agentes sociales no llegan a un acuerdo, los empresarios prefieren dejar en sus manos la 'papeleta' de tener que imponer lo que el mundo del trabajo seguramente verá como un nuevo recorte de derechos sociales.

EL GOBIERNO "VA A SUDAR LA CAMISETA"

De momento, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha comprometido este sábado "todos los esfuerzos" del Gobierno central, que "va a sudar la camiseta" con el objetivo de "convencer" a empresarios y sindicatos y lograr una reforma laboral "acordada", que considera "necesaria e imprescindible".

Blanco ha dibujado el papel del Ejecutivo en torno a dos conceptos. El primero es que "en ningún caso va a abdicar de su responsabilidad en este momento". Y el segundo que, de optar por la vía del 'decretazo', daría a conocer el texto a las fuerzas políticas "para acordarlo con ellas y en su caso aprobarlo en el Parlamento".

Otras fuentes señalan que, si hay acuerdo antes del lunes, el Gobierno necesitará unos días para ponerlo por escrito y darle forma legislativa, con lo que la fecha más probable que baraja el Ejecutivo para el paso de una reforma laboral pactada por el Consejo de Ministros sería el 11 de junio.

Contra el plan director del Hospital y por la construcción del Centro de Salud en La Cortina

Un millar de cangueses exige que se recorte en asesores y no en sanidad

Los alcaldes de la comarca suroccidental dejaron solo al de Cangas al frente de la manifestación

Cangas del Narcea, Pepe RODRÍGUEZ, en La Nueva España

«Más sanidad, menos asesores; más sanidad, menos comedores». Esta significativa frase se convirtió en el mejor resumen del impulso que llevó a casi un millar de personas a manifestarse ayer por las calles de Cangas del Narcea para advertir al Principado de que no aceptarán recortes en su área sanitaria y para defender el proyecto de un centro de salud en la zona de La Cortina. La movilización, azuzada por el alcalde de Cangas, José Manuel Martínez (IU), tuvo predicamento entre la ciudadanía, pero, pese a los esfuerzos del regidor, no encontró la misma respuesta en los alcaldes de los concejos de la comarca. Ni Degaña ni Ibias ni Allande tuvieron presencia institucional en la marcha, que partió de la plaza del Ayuntamiento y concluyó frente al terreno donde estaba previsto el tan demandado centro médico.

Entre los manifestantes estaban, por supuesto, todos los miembros del gobierno local, pero no había nadie del Grupo Socialista. Asimismo, acudió el líder del Partido Popular de Cangas, Emilio Rodríguez, y la cabeza visible de la nueva formación IDEAS, Juan Morales.

Las consignas que gritaron los asistentes hacían referencia, inevitablemente, al ajuste recientemente aprobado por el Gobierno central, aunque hubo quien exclamó que «la culpa de todo esto la tiene Cuervo», en referencia al anterior alcalde de Cangas y senador socialista.

La protesta concluyó, como no podía ser menos, con un discurso del regidor local, José Manuel Martínez, que se despachó a gusto: «Ninguna ciudad puede demoler un barrio donde existan viviendas y negocios con el único fin de crear solares y un pequeño número de plazas de aparcamiento, porque eso sólo tiene un nombre y es especulación urbanística; los cangueses no podemos seguir soportando corruptelas que beneficien a unos pocos», espetó, antes de exigir la construcción del centro de salud en La Cortina.

Martínez también tuvo puyas para los concejales socialistas del Pleno cangués, de los que dijo que «no deja de ser dramático que los mismos que nos animaron a ceder estos terrenos a la Consejería de Salud ahora sean los primeros en esconderse tras la abstención, para no dar la cara y defender como concejales los intereses de Cangas. Callan cuando se les recuerda que el plan director significa una fuerte reducción de camas y de servicios hospitalarios, para derivarnos hacia otros hospitales, pero su silencio cómplice con la discriminación que sufren los cangueses se ve respondida aquí por todos nosotros».

Por su parte, Emilio Rodríguez aseguró que si el PP llega al Gobierno del Principado, no se consentirá un solo recorte en el hospital y se hará el centro de salud en La Cortina. «Es algo innegociable», precisó el líder de los populares locales, que matizó además que «somos el único grupo político que defiende lo mismo aquí y en Oviedo, con coherencia, pues IU dice una cosa aquí pero calla allí, asumiendo este recorte sanitario».

Mientras tanto, Juan Morales tachó de «inmoralidad» plantear estos recortes y aseguró que «vendremos las veces que haga falta para mostrar nuestro apoyo y solidaridad al pueblo cangués, pues esto ya no es sólo una política errática, es que es una auténtica inmoralidad política».