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El Gobierno ultima un agresivo plan privatizador que incluye Renfe, los puertos y los paradores

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El Ejecutivo quiere ingresar hasta 30.000 millones con un programa que aprobará antes del verano l Se reactivará la venta de la Lotería, cuestionada por el PP en la oposición

El Gobierno ultima un agresivo plan privatizador que incluye Renfe, los puertos y los paradores

Lne.es » Economía Madrid, Agencias

El Gobierno ha decidido acelerar un plan de privatizaciones con el que espera ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de euros, que se destinarán a amortizar la deuda y reducir las emisiones del Tesoro Público. El Ministerio de Economía pretende aprobar antes del verano ese programa, que afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado, Paradores de Turismo (sociedad que explota dos complejos en Asturias y tiene otro pendiente de apertura) y Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se incluirán también privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el canal de Isabel II de Madrid.

 

Esta tanda de privatizaciones afectará a todos los ministerios y supondrá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y puede conllevar fuertes ajustes de empleo. El PP adelantó hace unas semanas que la reforma del sector público que estaba preparando el Gobierno de Mariano Rajoy sería «costosa y dolorosa» por el número de despidos que puede llevar consigo. En medios del partido se estima que con este plan el peso del sector público pasará de representar el 45% al 35% del PIB.

 

En el caso de los Paradores, la privatización podría afectar a la explotación de los de Gijón (Molino Viejo), Cangas de Onís y Corias, en Cangas del Narcea. Presumiblemente, la privatización de Puertos del Estado conllevaría también la de la gestión de los puertos de El Musel y Avilés.

 

La que prepara el Gobierno puede ser la mayor tanda de privatizaciones desde las que puso en marcha el Gobierno del también popular José María Aznar durante sus primeros años de Gobierno. En esos ejercicios dejaron de ser propiedad del Estado Telefónica, Endesa, Aceralia (ahora Arcelor-Mittal), Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural. Durante los años de gobierno de Aznar el Estado vendió al sector privado más de 60 empresas.

 

El Ejecutivo también prevé diversas desinversiones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (la compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods y Red Eléctrica de España (REE). El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya quiso vender esas participaciones, pero desistió finalmente.

 

Ocurrió de ese modo porque el Ministerio de Economía, entonces liderado por Elena Salgado, consideró que las condiciones del mercado no eran adecuadas. Economía asegura ahora que está estudiando qué activos tienen un valor más atractivo para los inversores para evitar ventas a precios de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de deuda española.

 

En la agenda de privatizaciones destaca Renfe. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, arguyó recientemente que vender la compañía ferroviaria supondría una mejora de la eficiencia, además de un importante ahorro de los costes. El Ejecutivo anunció también la apertura de un proceso para fusionar Renfe con Feve.

 

El Gobierno de Zapatero ya mostró su intención de privatizar parte de Aeropuertos del Estado y Navegación Aérea (Aena) y de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), para reducir las emisiones de deuda hasta en 15.000 millones. En el caso de Aena, el Gobierno aprobó un nuevo marco legal que le habilitaba para crear antes del 28 de febrero una nueva sociedad mercantil en la que se diera entrada hasta un 49% al capital privado y quiso abrir la puerta a la gestión privada en régimen concesional de algunos aeropuertos, como el de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona). Sin embargo, en el mes de enero fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que paralizó los concursos de licitación de estos dos aeropuertos ante las desfavorables condiciones de los mercados, que podrían deteriorar el valor de los activos del gestor aeroportuario.

 

El caso de Loterías fue distinto, ya que el Gobierno socialista llegó a autorizar la salida a Bolsa de un 30% de la sociedad, lo que habría convertido la operación, que contaba con la oposición frontal del PP, en la mayor privatización de la historia de España. La salida estaba prevista para el 19 de octubre del año pasado, pero en septiembre el Ejecutivo decidió paralizar la operación porque no se daban las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejaran su valor.

 

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido retomar estas dos operaciones, a pesar de que se opuso firmemente a la privatización del 30% de Loterías argumentando que suponía una malversación de fondos públicos porque provocaría que el Estado dejara de recaudar una cantidad anual fija. También rechazó la privatización parcial de Aena, aunque avisó de que si ganaba las elecciones generales revisaría las operaciones planteadas por el PSOE para estudiarlas y cambiar parte de sus contenidos.

 

El plan de privatizaciones que prepara el Gobierno podría afectar a la empresa Paradores del Estado. En las imágenes se muestran los tres paradores nacionales que controla esta compañía en Asturias. De arriba abajo, el Parador de Cangas de Onís, el Parador del Molino Viejo de Gijón y el de Corias (Cangas del Narcea), aún sin abrir y pendiente de obras.

35.000 empleados públicos luchan por «dignificar una imagen deteriorada»

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«No somos parásitos ni privilegiados. Somos muy necesarios», defienden los funcionarios

El Comercio. 27.05.12 - 03:39 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO.

La operaria Paula Álvarez Galán ha llegado a frotar 300 mesas de instituto en un mes con decapantes, que esta limpiadora empleada por la Administración autonómica utiliza «para quitarles la tinta». Y así lleva cinco años en los que, cuenta, ha perdido «mucho olfato». Pero es que sus cinco compañeros de brigada no lo pasan mejor rodeados de decenas de productos con los que atacan pasillos, cristales o baños. Entre «desinfectantes, desincrustantes, tóxicos. Siete horas diarias de lunes a viernes. Acabas con la garganta y el estómago fatal».

Y, a pesar de eso, Paula sabe que «funcionario» y «vago» son dos conceptos todavía asociados por un amplio porcentaje de la ciudadanía, algo que tampoco se le escapa a Matías Castaño, policía de la Comisaría de Gijón, área de Seguridad Ciudadana, después de años de «dura formación» y de doce más de destino en Madrid, que lo sabe y lo desmiente: «Me inclino a pensar que esa distorsión absoluta de la realidad se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar ’lo público’ en favor de ’lo privado’».

Mantener la asociación entre «empleado público» e «improductivo» responde, explica el también secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias, «a los intereses de dirigentes políticos y de determinados grupos de presión» que la utilizan «como argumento fumígeno para justificar el irresponsable y duro recorte de derechos y medios» que los empleados públicos vienen sufriendo en los últimos tiempos a manos de gobiernos de diverso signo. Todo, con el objetivo último, añade, «de instalar una precariedad en los servicios prestados a los ciudadanos de modo que éstos opten por los servicios privados, de los que argumentan que son más eficientes. Eso, mientras se callan que resultan menos eficaces, menos independientes y desiguales, dependiendo del nivel económico de ese mismo ciudadano».

Como Matías Castaño, muchos de los 35.000 empleados de la Administración autonómica -como el medio millar que esta semana salió a la calle en Oviedo «contra el deterioro de los servicios esenciales»- han comenzado una cruzada «para dignificar una imagen que ya está lo suficientemente deteriorada», admite Juan Gavira, representante de CSIF. Porque, como alega el portavoz de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Enrique López, «el empleado público, socialmente, sigue teniendo una vitola de aprovechado».

La realidad, a su juicio, es bien distinta: «No le debemos nada a nadie. Trabajamos, cobramos un salario y pagamos nuestros impuestos. Somos trabajadores como el resto. No tenemos que pedir perdón a nadie por tener unas condiciones laborales que ya no se dan en el mercado laboral».

Condiciones, reflexiona Paula Álvarez (que superó cuatro exámenes antes de conseguir su puesto de limpiadora tras conocer primero el sector privado), «que ya ni siquiera están garantizadas. Porque lo de ser fijo, que era lo único bueno que teníamos, con la reforma laboral se queda en nada».

«Éramos masa borreguil»

«No somos parásitos de la sociedad ni privilegiados. Somos muy necesarios y deteriorar los servicios que prestamos y con los que estamos muy comprometidos es deteriorar, por ejemplo, las condiciones de vida de los chavales que están en centros de menores o de los mayores que están en residencias», espeta, contundente, Juan Gavira.

A ese compromiso se refiere también el agente Castaño, que sostiene que buena parte de sus compañeros «mantienen una implicación personal en defensa del ciudadano, actuando más allá de su deber en casos de urgencia y con gran peligro para su integridad».

«Éramos gente que no nos movíamos, masa borreguil. Pero eso ha cambiado. Tenemos que decirle a nuestro empleador, el Gobierno, que debe trabajar por dignificar la figura del empleado público y no ir a lo más fácil, a recortar el número de trabajadores y sus salarios».

Victorino Rivero Nido, guarda que precinta salmones en Salas «tras la polémica con el Campanu», o el coordinador del 112 Marcos Rodríguez, que se enfrentó «al avance descontrolado del fuego el Valledor» hace pocos meses, a familias que tienen un accidente grave «y se quedan bloqueadas» al teléfono, a «personas que piensan que la única llamada es la suya», también se lo pide: «La Administración debe apostar ya por sus empleados».

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Javier Fernández elige un Gobierno de fieles al PSOE para abordar los duros ajustes

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El primer secretario general de la FSA que llega a la Presidencia del Principado se decanta por un equipo que combina gente nueva y experiencia, con más mujeres (5) que hombres (3)

Foto: Javier Fernández elige un Gobierno de fieles al PSOE para abordar los duros ajustes 

Lne.es » Asturias Oviedo, J. A. ARDURA

 Un gobierno «solvente», mezcla de juventud y experiencia, «equilibrado y consciente de las dificultades de Asturias», en referencia a los duros ajustes que se verá obligado a realizar. Esta es la carta de presentación del Ejecutivo socialista de Javier Fernández, con el que iniciará la novena legislatura y el primero en la historia del Principado en el que habrá más mujeres (5) que hombres (3). Un Javier Fernández sonriente y tranquilo desveló ayer los nombres de sus ocho consejeros en su primera comparecencia como presidente electo del Principado ante los medios de comunicación.

 

 Javier Fernández leyó personalmente una lista de consejeros que formarán un Gobierno «made in FSA»: Guillermo Martínez (Presidencia), Dolores Carcedo (Hacienda), Graciano Torre (Economía y Empleo), Ana González (Educación), Esther Díaz (Bienestar Social y Vivienda), Faustino Blanco (Sanidad), Belén Fernández (Fomento) y María Jesús Álvarez (Agroganadería). Los miembros del nuevo gabinete son gente de partido, con larga trayectoria en la Federación Socialista Asturiana, y sin desgaste interno. Javier Fernández es el primer secretario general de los socialistas asturianos que ocupa la Presidencia del Principado y su Gobierno lleva ese sello. Y lo hace en un período de estrecheces y austeridad, en el que los cargos políticos no cotizan al alza, ni por sueldos ni por prestigio, lo que dificulta «fichajes» de profesionales procedentes de ámbitos distintos al de las organizaciones políticas, ya sean de la Universidad o de la empresa privada.

 

 

«Es el equipo con el que me proponía contar, con experiencia y juventud», aseguró Javier Fernández, quien destacó que ha buscado «gente solvente, equilibrada, para formar un Gobierno consciente de las dificultades de Asturias». El presidente electo empezó el listado por Guillermo Martínez, el ex alcalde de Siero, que asumirá la Consejería de Presidencia y podría ser la cara y la voz del nuevo Ejecutivo, ya que ese departamento tiene entre sus competencias la comunicación del Ejecutivo además de las políticas de igualdad. Aunque el nombre del ex alcalde de Siero sonaba con insistencia para formar parte del nuevo Gobierno, su designación para Presidencia, el Consejero que estará más cerca de Javier Fernández, ha supuesto una de las sorpresas del Gabinete, ya que ese puesto parecía reservado a María Luisa Carcedo, que seguirá en labores de dirección del Grupo Socialista en el Congreso.

 

 

A la economista Dolores Carcedo le toca asumir la Consejería más impopular del nuevo Ejecutivo, la de Hacienda. En una legislatura que estará marcada por el «tijeretazo» y los ajustes en todas las áreas, esta economista, que primero fue asesora de Jaime Rabanal en el Gobierno arecista y luego estuvo al frente del seguimiento de las políticas presupuestarias, cargará con la «cruz» del nuevo Gobierno. Sin ir más lejos, Dolores Carcedo lleva varios días encerrada con las cuentas del presupuesto y el plan económico-financiero heredado del Ejecutivo casquista para superar su primera reválida: la presentación de un nuevo plan ante el Ministerio de Hacienda que despeje las dudas que el Gobierno de Mariano Rajoy alberga sobre las cuentas de Asturias.

 

 

Graciano Torre vuelve al Principado tras el paréntesis del Gobierno casquista. Aunque desde la FSA se había dejado entrever en los últimos días que en el Gobierno de Javier Fernández no habría ningún consejero de los gobiernos arecistas, el ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio supone la excepción a esa regla. Su cercanía con Javier Fernández y su buena relación con los agentes sociales (sindicatos y patronal) le convierten en un interlocutor experimentado al frente de la cartera de Economía y Empleo, un departamento del que cuelgan la actividad industrial y la minería, sectores clave para el desarrollo económico de Asturias. Será uno de los «pesos pesados» del Gobierno de Javier Fernández y le tocará lidiar con el paro, que ya afecta a 100.000 asturianos.

 

 

La alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, es otra de las incorporaciones de última hora al Ejecutivo, ya que se hará cargo de la cartera de Bienestar Social y Vivienda, una de las dos que la FSA había pactado dar a IU. El rechazo de los militantes de la coalición a entrar en el Gobierno de Javier Fernández obligó al presidente electo a tirar de «plan B» y ofrecer ese departamento a la alcaldesa langreana, que se había mostrado muy activa tanto en la campaña electoral como posteriormente en contactos sectoriales.

 

 

La cartera de Sanidad también será de las más complejas del nuevo Gobierno. Ese servicio público se lleva más de un tercio del presupuesto regional y está en el punto de mira de los recortes exigidos desde el Gobierno central. Faustino Blanco, que fue el primer gerente del Sespa, tiene una aquilatada experiencia en tareas de gestión en la sanidad asturiana, si bien en los últimos años había dado un paso atrás para trabajar en un centro de atención primaria de Gijón. Muy próximo a María Luisa Carcedo, la diputada nacional que sin estar en el Gobierno regional ha debido de tener una gran influencia en la designación de tres consejeros: Faustino Blanco, Dolores Carcedo y Belén Fernández, la nueva titular de la cartera de Fomento, que ya fue responsable de Medio Ambiente en el último Gobierno arecista. Funcionaria, años atrás rechazó ser la candidata a la Alcaldía de Avilés y antes había coincidido con María Luisa Carcedo en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

 

 

La edil gijonesa Ana González tendrá la responsabilidad de la «macroconsejería» de Educación y Cultura, una de las novedades introducidas por Javier Fernández en la estructura de su Gobierno. Profesora de Secundaria, estuvo en el Gabinete de Bibiana Aído en Igualdad y presenta en su haber una trayectoria sin vinculación con la «operación Marea». También lidiará con los recortes.

 

 

La ex presidenta de la Junta María Jesús Álvarez, al frente de Agroganadería, completa el trío de licenciados en Geografía e Historia con que cuenta el nuevo Ejecutivo regional. La diputada por la circunscripción occidental se encargó del área agroganadera en el Grupo Socialista en la anterior legislatura. Javier Fernández toma posesión hoy, en un acto en la Junta, a mediodía, y al que asistirá la ministra de Fomento, Ana Pastor.

35.000 empleados públicos luchan por «dignificar una imagen deteriorada»

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«No somos parásitos ni privilegiados. Somos muy necesarios», defienden los funcionarios

El Comercio. 27.05.12 - 03:39 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO.

La operaria Paula Álvarez Galán ha llegado a frotar 300 mesas de instituto en un mes con decapantes, que esta limpiadora empleada por la Administración autonómica utiliza «para quitarles la tinta». Y así lleva cinco años en los que, cuenta, ha perdido «mucho olfato». Pero es que sus cinco compañeros de brigada no lo pasan mejor rodeados de decenas de productos con los que atacan pasillos, cristales o baños. Entre «desinfectantes, desincrustantes, tóxicos. Siete horas diarias de lunes a viernes. Acabas con la garganta y el estómago fatal».

Y, a pesar de eso, Paula sabe que «funcionario» y «vago» son dos conceptos todavía asociados por un amplio porcentaje de la ciudadanía, algo que tampoco se le escapa a Matías Castaño, policía de la Comisaría de Gijón, área de Seguridad Ciudadana, después de años de «dura formación» y de doce más de destino en Madrid, que lo sabe y lo desmiente: «Me inclino a pensar que esa distorsión absoluta de la realidad se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar ’lo público’ en favor de ’lo privado’».

Mantener la asociación entre «empleado público» e «improductivo» responde, explica el también secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias, «a los intereses de dirigentes políticos y de determinados grupos de presión» que la utilizan «como argumento fumígeno para justificar el irresponsable y duro recorte de derechos y medios» que los empleados públicos vienen sufriendo en los últimos tiempos a manos de gobiernos de diverso signo. Todo, con el objetivo último, añade, «de instalar una precariedad en los servicios prestados a los ciudadanos de modo que éstos opten por los servicios privados, de los que argumentan que son más eficientes. Eso, mientras se callan que resultan menos eficaces, menos independientes y desiguales, dependiendo del nivel económico de ese mismo ciudadano».

Como Matías Castaño, muchos de los 35.000 empleados de la Administración autonómica -como el medio millar que esta semana salió a la calle en Oviedo «contra el deterioro de los servicios esenciales»- han comenzado una cruzada «para dignificar una imagen que ya está lo suficientemente deteriorada», admite Juan Gavira, representante de CSIF. Porque, como alega el portavoz de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Enrique López, «el empleado público, socialmente, sigue teniendo una vitola de aprovechado».

La realidad, a su juicio, es bien distinta: «No le debemos nada a nadie. Trabajamos, cobramos un salario y pagamos nuestros impuestos. Somos trabajadores como el resto. No tenemos que pedir perdón a nadie por tener unas condiciones laborales que ya no se dan en el mercado laboral».

Condiciones, reflexiona Paula Álvarez (que superó cuatro exámenes antes de conseguir su puesto de limpiadora tras conocer primero el sector privado), «que ya ni siquiera están garantizadas. Porque lo de ser fijo, que era lo único bueno que teníamos, con la reforma laboral se queda en nada».

«Éramos masa borreguil»

«No somos parásitos de la sociedad ni privilegiados. Somos muy necesarios y deteriorar los servicios que prestamos y con los que estamos muy comprometidos es deteriorar, por ejemplo, las condiciones de vida de los chavales que están en centros de menores o de los mayores que están en residencias», espeta, contundente, Juan Gavira.

A ese compromiso se refiere también el agente Castaño, que sostiene que buena parte de sus compañeros «mantienen una implicación personal en defensa del ciudadano, actuando más allá de su deber en casos de urgencia y con gran peligro para su integridad».

«Éramos gente que no nos movíamos, masa borreguil. Pero eso ha cambiado. Tenemos que decirle a nuestro empleador, el Gobierno, que debe trabajar por dignificar la figura del empleado público y no ir a lo más fácil, a recortar el número de trabajadores y sus salarios».

Victorino Rivero Nido, guarda que precinta salmones en Salas «tras la polémica con el Campanu», o el coordinador del 112 Marcos Rodríguez, que se enfrentó «al avance descontrolado del fuego el Valledor» hace pocos meses, a familias que tienen un accidente grave «y se quedan bloqueadas» al teléfono, a «personas que piensan que la única llamada es la suya», también se lo pide: «La Administración debe apostar ya por sus empleados».

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No decía D. Mariano Rajoy que había que decir la verdad aunque fuera dolorosa… pues los mineros lo están cumpliendo.

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Llaman "mercenarios" al PP de Asturias

Los mineros asturianos llevan sus protestas ante la sede del PP regional

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los mineros asturianos han llevado su protesta al centro de Oviedo este jueves, concretamente frente a la sede del PP de Asturias, en la calle Manuel Pedregal, donde han querido mostrar su malestar por los recortes de las ayudas a las comarcas mineras y de los fondos mineros por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según han confirmado fuentes del PP, los mineros han roto un cristal de una ventana con una piedra, además de haber arrojado huevos y esparcir pintura azul por la acera. Los manifestantes además hacían explotar unos sonoros petardos, en una movilización de tráfico que produjo atascos en las calles cercanas. "Más minería, menos policía", coreaban los mineros.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Maximino García, ’Mino’, ha dicho en declaraciones a los periodistas que esta nueva jornada de huelga de la minería ha sido un nuevo éxito. Y ha señalado que los trabajadores del sector de la minería son conscientes de lo que significa la propuesta del Gobierno central, que es "claramente restrictiva".

"Venimos a la sede del PP porque claramente hay una responsabilidad política de alguien que está engañando a la sociedad, utilizando un doble lenguaje", ha señalado.

"Les queremos trasladar que desde el sector de la minería y las comarcas mineras no vamos a dejar de presionar a los políticos asturianos del PP, que son mercenarios porque votan a favor de unos presupuestos que pretenden acabar con la minería del carbón", ha añadido ’Mino’. Ha señalado que si todo esto no cambia, la presión que están ejerciendo los mineros "se incrementará".

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La patronal, los sindicatos y los partidos, menos Foro, se unen en defensa de Asturias

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FADE, UGT, CC OO y los representantes asturianos en el Congreso presentan una mesa de «concertación política» para atajar problemas como las tarifas portuaria y eléctrica y la minería

la concertación política. En el sentido del reloj, Mar Celemín, Rodríguez Braga, García Vigón, Antonio Pino, Gilberto García, Alberto González, Mariví Monteserín, Llamazares, Trevín, María Luisa Carcedo y Fernández Rozada. miki lópez

Los constructores consideran «obsceno» que FAC «presuma» de superávit en las cuentas.

Lne.es » Asturias Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

«Concertación política en defensa de Asturias». Así resumió el diputado de IU Gaspar Llamazares el frente común que ayer se comprometieron a levantar los parlamentarios asturianos en el Congreso de todos los partidos, excepto Foro Asturias (FAC), junto a la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO. El objetivo es buscar soluciones en conjunto para los principales problemas que aquejan en estos momentos a la región. Entre ellos están, según indicó Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT, los riesgos de deslocalización empresarial por la tarifa eléctrica y las tasas portuarias, las infraestructuras y, con carácter de urgencia, los recortes a las ayudas a la minería, que amenazan con liquidar al sector en el corto plazo. Se trata, añadió el líder sindical, de una «tormenta perfecta» que amenaza al Principado y contra la que es preciso actuar «sin más demoras».

La reunión de ayer, celebrada en la sede ovetense del Consejo Económico y Social (CES), fue convocada por los agentes sociales. Por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) asistieron su presidente, Severino García Vigón, y el secretario general, Alberto González. Por UGT estuvieron presentes su secretario general, Justo Rodríguez Braga, y Mar Celemín, secretaria de Acción Sindical. Por Comisiones, su secretario general, Antonio Pino, y el secretario de Política de Desarrollo, Gilberto García Buelga. Desde el ámbito político, la delegación más numerosa fue la del PSOE, representado por los diputados nacionales Mariví Monteserín, Antonio Trevín y María Luisa Carcedo. Por IU asistió el diputado Gaspar Llamazares, y por el PP, el senador Isidro Fernández Rozada. Foro no estuvo presente. Según indicó Rodríguez Braga, el diputado nacional casquista, Enrique Álvarez Sostres, excusó su asistencia y podría reunirse por separado con los agentes sociales en unos días.

Antonio Trevín calificó la iniciativa de la patronal y de los sindicatos de «muy positiva e innovadora». El diputado socialista valoró especialmente el compromiso expresado por Fernández Rozada en cuestiones como el mantenimiento de la minería, pero precisó que «debemos verlo en el presupuesto, porque lo que no está en el presupuesto no existe». Además, en relación a la presencia de Arcelor en Asturias, advirtió de que «las tarifas portuarias son una de las cuestiones, aunque no la única, que tiene en cuenta la compañía para determinar su actividad en la región»

Llamazares, por su lado, señaló que la de ayer «fue una reunión sin precedentes, en una situación sin precedentes en Asturias». El diputado de IU valoró especialmente que, además de la concertación social, «lo importante ahora es que los partidos iniciamos una concertación política para defender en el Congreso de los Diputados las prioridades que tiene Asturias». «Hoy estamos más unidos que ayer», sentenció el dirigente de IU.

«La minería sufre una situación de emergencia, con un interrogante que ya no está sobre su futuro sino sobre su presente, y el sector industrial está amenazado por las tarifas eléctricas, las portuarias y por el bloqueo en la conclusión de las infraestructuras», añadió Gaspar Llamazares, para argumentar su apoyo a una gran entente entre las fuerzas políticas asturianas en una situación «tan excepcional».

 

 

El representante popular en el encuentro, Isidro Fernández Rozada, aseguró que el PP de Asturias está trabajando «con intensidad» para buscar una solución «urgente» que evite el cierre de las minas y «la pérdida de miles de puestos de trabajo en las cuencas asturianas». El veterano senador subrayó que el PP, tanto cuando estuvo en el Gobierno entre 1996 y 2004, como en la oposición a José Luis Rodríguez Zapatero, siempre mostró un «claro compromiso» con las infraestructuras de la región. «Nadie debe poner en duda que va a seguir siendo así», señaló. A este respecto, puso en valor que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se haya comprometido a que toda la Autovía del Cantábrico esté en 2013 y a concluir la variante de Pajares. Sobre el nuevo acceso ferroviario, que no entrará en servicio como poco hasta 2014, Rozada elogió a la Ministra por no comprometer fechas para no caer en «errores anteriores».

La intención de los agentes sociales y de los partidos es que este tipo de reuniones se celebren cada cierto tiempo.

Agentes sociales y políticos unen sus fuerzas para defender Asturias en Madrid

El Hospital de Cabueñes diagnostica un caso de cáncer de colon al día

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Gijón implanta en los centros de salud un plan de prevención para casos con riesgo familiar, pero la idea es generalizarlo a los mayores de 50 años

Foto:Charla y despedida. Adolfo Suárez protagonizó ayer la conferencia de las sesiones clínicas de los jueves, de las que fue su impulsor en Cabueñes hace casi dos décadas. El facultativo aprovechó para despedirse de sus compañeros tras su inminente marcha como jefe de sección de Digestivo del HUCA. :: JOAQUÍN PAÑEDA

El Comercio. 25.05.12 - 00:12 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

A cáncer diario. Así se presenta el tumor de colon y recto en Gijón. El Hospital de Cabueñes diagnostica, de media, uno al día. Lo aseguró Adolfo Suárez, médico especialista en Digestivo, que ayer presentó en el hospital gijonés los resultados del programa de cribado del cáncer colorrectal impulsado desde Cabueñes y que ahora se extiende por la totalidad de los centros de salud del Área V. Este especialista, que en junio pasará a ser jefe de sección de Digestivo del HUCA, señaló que en 2011 se habían detectado 227 casos, «lo que viene a equivaler a un cáncer de colon al día», indicó (exceptuando del cálculo los sábados y domingos).

Suárez hizo hincapié en la necesidad de impulsar programas de detección precoz. Máxime en un tumor como éste donde su diagnóstico temprano permitiría elevar la supervivencia del actual índice del 48% a casi el 70%.

Hoy en día, el de colon es el primer cáncer en incidencia en España (por delante del de pulmón), con más de 26.000 afectados al año, y el segundo con mayor mortalidad. Reducir estas cifras sería posible con la implantación de planes de screening similares al que las autoridades sanitarias asturianas desplegaron en su día para el cáncer de mama. Se trata de detectar casos en la fase inicial, incluso cuando el tumor de colon y recto ni siquiera ha aparecido ni se ha desarrollado, cuando la patología se presenta todavía en forma de pólipos. «Eso es lo ideal porque estaríamos evitando muchos futuros cánceres y, con ello, el gasto que conllevan los tratamientos de quimioterapia y radioterapia», ejemplificó.

3.000 colonoscopias

Adolfo Suárez y su equipo llevan años lidiando contra el cáncer colorrectal. Este facultativo se marcha de Cabueñes dejando en funcionamiento, al menos en Gijón, buena parte del programa de cribado. De momento, la iniciativa se centra en la detección de cánceres en personas con riesgo elevado, como son aquellas que tienen un familiar directo que haya padecido este tumor (padre, madre, hermanos o tíos consanguíneos). A todas ellas se les ofrece la realización de una colonoscopia, indicó Suárez, quien recordó que el riesgo medio de padecer este cáncer es del 6% pero se eleva entre el 12 y el 18% para quienes tengan antecedentes familiares.

Pero el objetivo del plan de detección precoz es extenderlo a todos los adultos (hombres y mujeres) mayores de 50 años, a los que se les ofrecería una prueba de sangre oculta en heces. Quienes dieran positivo serían sometidos a una colonoscopia.

En los últimos cinco años, Cabueñes realizó 2.839 colonoscopias a personas con riesgo familiar. En 20 de ellas se detectó un tumor mientras en otro 22% se observó la presencia de pólipos con un riesgo medio de degenerar en cáncer y en un 7% se hallaron vellosidades de mayor potencial canceroso.

El screening costaría, en el caso del tumor de colon y recto, 2.369 euros por persona para una colonoscopia y 1.130 euros para las pruebas de sangre oculta en heces. Una factura mucho más baja si se la compara con los 18.000 euros anuales que cuestan los cribados de cérvix y de mama.

El centro abre una tercera sala de endoscopias

Los especialistas de Cabueñes diagnostican cada día un caso de cáncer colorrectal

Las bases de IU dicen no al Gobierno

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Los militantes descartan sólo por 16 votos el acuerdo con el PSOE, que incluía dos consejerías - El apoyo de Cangas del Narcea a entrar en el Ejecutivo relativizó el rechazo en las Cuencas y Gijón

Intenso referendum.  Con la entrada en el Gobierno en juego, la tarde fue intensa en las asambleas locales de Izquierda Unida, donde los militantes rechazaron finalmente la entrada en el Ejecutivo. A la izquierda, un momento de la votación en Oviedo y, a la derecha, el coordinador general, Jesús Iglesias, escucha la intervención del portavoz municipal de IU de Gijón, Jorge Espina. luisma murias / ángel gonzález

Fotos de la noticia

Lne.es » Asturias Esta información ha sido elaborada por: Álvaro FAES (Oviedo), Román GARCÍA (Gijón), Teresa CEMBRANOS (Avilés), Franco TORRE (Siero) y David MONTAÑÉS (Mieres)

Las bases de Izquierda Unida hablaron y dieron un «no» a la entrada en el Gobierno de Asturias junto al PSOE. Fue in extremis, por solamente 16 votos de diferencia, después de que 1.330 de los aproximadamente 4.000 militantes de la coalición participasen en el referéndum que ponía en juego un acuerdo para entrar en el Ejecutivo socialista. En caso de respuesta afirmativa, IU habría ocupado dos consejerías: la de Agroganadería y la de Bienestar Social, además de la dirección general de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Hacienda.

 

La coalición cumplió el compromiso de su último consejo político, que era el de someter la decisión a la consulta de la militancia, después del malestar que generó que fueran los dirigentes quienes acordasen dar el voto a Javier Fernández en la investidura. Tras el recuento, que desde la coalición no dieron a conocer hasta muy cerca de la medianoche, la suma final dio el resultado de que 664 militantes rechazaban el acuerdo mientras que 648 lo daban por bueno. En porcentajes, las bases de Izquierda Unida rechazaron entrar en el Gobierno por un solo punto, 49,9% contra el 48,7. Las 18 abstenciones habrían cambiado el resultado del referéndum de haberse convertido en sufragios positivos.

 

El voto negativo se concentró en las asambleas de las Cuencas. En Mieres el rechazo fue unánime: 95 votos en contra, ninguno a favor y solamente una abstención. El peso de históricos militantes mierenses que se decantaron por el no, como Manuel Carnero, Antonio Hevia, Berto Barredo o Conchita Valdés, todos ellos críticos con el equipo del coordinador general, Jesús Iglesias, inclinó la consulta hacia su opción. Fue en una de las asambleas con mayor participación de los últimos años, según la opinión de algunos de los asistentes, que, en general, mostraban su rechazo a entrar en un Gobierno que prevé una importante batería de recortes en el gasto público, algo que no agrada a los más puristas de la coalición.

 

En Langreo fueron 42 militantes los que rechazaron el acuerdo, por los únicamente siete que lo aceptaron. Avilés fue otra plaza fuerte para el rechazo. Sólo 15 eligieron el sí, por los 60 que votaron por el no. Ángel Guido García, coordinador general en Avilés, explicó que el resultado allí transmite «el sentir de la agrupación en la ciudad, un reflejo de lo que ya fue el rechazo a entrar en el gobierno local con el PSOE tras las últimas elecciones municipales».

 

Gijón, con 132 rechazos y 80 votantes de acuerdo, contribuyó también al resultado final. Durante las votaciones, que se prolongaron en la sede gijonesa de la coalición desde las cuatro de la tarde hasta las nueve y media de la noche, los militantes celebraron además una asamblea local en la que la mayor parte de los que intervinieron se mostraron en contra del pacto.

 

Durante la asamblea algunos de los militantes valoraron la posibilidad de impugnar aquellos votos que se hubieran depositado antes de las seis de la tarde, momento en el que Jesús Iglesias explicó el pacto a los militantes. La impugnación, si la hubiera, se presentaría y se votaría directamente en el consejo político de Asturias que se va a celebrar hoy.

 

Junto a Mieres, el resultado de Degaña ofreció también unanimidad en la opción que finalmente fue mayoritaria (19-0).

 

Sin embargo, hubo un resultado que a punto estuvo de dar un vuelco a la situación. En Cangas del Narcea, donde el ex alcalde José Manuel Martínez ejerce una fuerte influencia. Allí, el visto bueno a la entrada en el Ejecutivo de Javier Fernández fue amplísimo, 176 votaron a favor y solamente 8 militantes expresaron su rechazo.

 

Otras localidades que votaron a favor fueron Castrillón (60-14), Grado (37-22) y Laviana (37-19).

 

El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, ofrecerá hoy una valoración tras el apretado resultado del referéndum, antes del consejo político que celebrará la coalición para estudiar su estrategia ahora que no estarán en el Gobierno.

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