“Red SOStenible” la respuesta a la propuesta del gobierno con relación al intento de cercenación de los derechos civiles en INTERNET

 

Desconocimiento, ocultación, estupidez...a la ley antidescargas le llueven los piropos

 

"La propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos". Este es el principio jurídico que inspira la oposición a la Ley de Economía Sostenible en lo que afecta a las descargas por Internet, cuyo texto ya puede consultarse.

 

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 11.1.2010

 

El Ministerio de Economía y Haciendo ha publicado en su página web el texto definitivo del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y, como novedad, señala que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interrumpir la prestación de un servicio de una página web que "pretenda causar un daño patrimonial". En el texto, también se especifica que el ’bloqueo’ de webs se producirá contra los prestadores "con ánimo de lucro directo o indirecto". Tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.

 

Para el abogado experto en la Red David Bravo, la inclusión del término ’daño patrimonial’ supone una "ampliación del espectro" de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. "Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?", se pregunta. Bravo también critica la inclusión de las palabras ’directo e indirecto’, un cambio a su entender "innecesario". "Eso ya era posible antes. Según esto, un mero blog con publicidad puede verse afectado por poner un simple enlace a Youtube".

 

En cuanto al resto del documento, no se incluye ninguna novedad respecto a lo anunciado por González-Sinde. A día de hoy, falta por conocer la composición de la sección segunda de la comisión, que estudiará la interrupción de la prestación del servicio y que la ministra anunció que "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias".

 

En un artículo del pasado mes de diciembre, el periodista Ignacio Escolar adelantaba que Cultura planteó un esquema en su reunión con los ’blogueros’ que incluía a dos representantes de este organismo, dos de las entidades de gestión y otros dos nombrados por las operadoras de telecomunicaciones. No obstante, matizaba que la composición "aun no parecía estar muy clara".

 

Para este martes, la Asociación de Internautas ha convocado una rueda de prensa con el fin de dar a conocer los argumentos jurídicos y sociales por los que rechaza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Se presentará también la "Red SOStenible" que se ha creado en respuesta a la propuesta del gobierno y que tiene por objetivo coordinar las diversas acciones y campañas previstas durante la Presidencia Europea para plantear la posición de la sociedad civil en relación a los derechos digitales.

 

Sobre los argumentos jurídicos para oponerse a la ley, Eduardo Vidal Martínez aporta una completa explicación que le lleva a concluir que, casi con todas seguridad, el Consejo de Estado enmendará la plana al Gobierno. Lo que me preocupa -añade- es que o bien el gobierno ni siquiera conoce cuál es el orden de prioridad de los derechos (al margen de que los ciudadanos le importen más o menos -o algo-) o bien conociéndolo quiere alterarlo a escondidas sin hacer una reforma Constitucional.

 

Enrique Dans, uno de los blogueros que más activamente se ha opuesto a esta ley, hace un repaso de las diez razones por las que considera que la norma del Gobierno es una "estupidez".

 

Diez razones por las que la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es una estupidez

 

Porque la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos. Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad.

Porque poner los delitos contra la propiedad intelectual por encima de muchos otros delitos infinitamente más graves es algo que no se justifica de ninguna manera.

Porque no se protege a los creadores, sino únicamente a la industria intermediaria de la creación cultural. Los creadores, en una economía basada en atención, pueden adoptar modelos de negocio que les permitan seguir siendo remunerados por sus creaciones.

Porque crear una “casta de protegidos” que pueden acudir a una “justicia express” para solucionar sus problemas supone un evidente desprecio al resto de la ciudadanía.

Porque la cultura española no está sufriendo por culpa de las webs de enlaces que este plan pretende supuestamente combatir. De hecho, la cultura española no está sufriendo en absoluto.

Porque tal y como está redactado, el articulado permite que se persiga cualquier tipo de página web, sea cual sea su contenido y función. De hecho, al retirar la responsabilidad de los derechohabientes (quien denuncia es la Comisión, y quien asume responsabilidades en caso de daños y perjuicios por tanto el Estado), éstos pasarán a “tirar con pólvora del Rey”, y el volumen de denuncias y las casuísticas recogidas en ellas se incrementarán notablemente.

Porque la protección existente con el ámbito legislativo actual es adecuada. Un derechohabiente que considere lesionados sus intereses puede interponer medidas cautelares que se ejecutan en un plazo muy breve, y derivar las oportunas responsabilidades en caso de que éstas existan. Que los jueces hasta el momento hayan considerado que esos casos deben ser sobreseídos o desestimados no es un “error del sistema”, sino un criterio judicial plenamente fundamentado y justificado. La medida, por tanto, supone un desprecio al criterio de los jueces.

Porque la Ley de Economía Sostenible no es lugar para este debate, ni lo permite. El debate sobre la protección de los derechos de autor debe vincularse con la redefinición legislativa de los derechos de autor y la propiedad intelectual para adecuarla al nuevo escenario, y debe tener su propia tramitación independiente.

Porque permitir que un lobby industrial introduzca artículos a su antojo en un anteproyecto de ley revela un importantísimo problema de funcionamiento democrático, y debería conllevar la correspondiente depuración de responsabilidades: ¿cómo consiguió la Coalición de Creadores “colar” esa disposición final ahí? ¿Qué miembro del Gobierno les permitió hacerlo? ¿Por qué se escuchó a ese lobby que se arroga la representación de “los creadores”, cuando existen muchos más creadores en Internet cuya voz no fue escuchada?

Y sobre todo, porque no va a servir para nada. Las páginas que sean cerradas reaparecerán con otros nombres, se clonarán cien mil veces, y se reubicarán constantemente. Porque esas páginas ni siquiera son necesarias para localizar contenidos para su descarga. Porque los bloqueos pueden saltarse de infinitas maneras. Y porque se está creando un incentivo para el desarrollo de una red mucho más incontrolable, que acabará generando muchos más problemas que los que hoy se pretende combatir.