La controversia sobre el volumen de empleo público en Asturias

Los sindicatos, «hartos» de que se achaque la crisis a los funcionarios

Oviedo, J. A. A., para La Nueva España
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, no comparten ni de lejos las valoraciones críticas sobre el coste que suponen las plantillas públicas y su repercusión sobre la crisis. Y es que mientras el diputado popular Joaquín Aréstegui señala el volumen del gasto público y las plantillas como «uno de los principales problemas de la región», UGT no vacila en mostrar su «hartazgo» de que se apunte a los «empleados públicos como los culpables de la crisis», en palabras de Luis Ángel Ardura. El responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT apuntó a «los intereses de mucha gente en sustituir empleo público por privatizaciones donde no hay la misma garantía sobre las prestaciones». Tanto Ardura (UGT) como Melchor Salvadores (CC OO) rechazaron que las plantillas públicas estén sobredimensionadas y atribuyeron el volumen del empleo público en la región a la orografía, que obliga a dispersar servicios públicos, y al envejecimiento de la población. Salvadores y Ardura defienden que «se necesitan más funcionarios para reducir la temporalidad y evitar que caiga la calidad de la sanidad y la educación».

Más de 60.000 empleados públicos en Asturias

-La distribución de los empleados públicos por administraciones es la siguiente: 35.781 empleados en el Principado, 11.060 en la Administración estatal en Asturias; 10.585 funcionarios y personal laboral en los ayuntamientos y 2.885 empleados en la Universidad.

-El Principado destina 1.660 millones de euros sobre un presupuesto consolidado de 4.600 a costes de personal.

-El Ejecutivo asturiano decidió este ejercicio reducir la oferta de empleo público a 120 plazas en la educación y cubrir únicamente un 15 por ciento de las vacantes por jubilación.

La patronal juzga «insostenible» la escalada de las plantillas públicas y plantea un ajuste

 

El Gobierno regional asegura que ya ha puesto en marcha medidas de contención y el PP advierte de que el sector público «no puede crecer más»

Oviedo, J. A. ARDURA, para La Nueva España
La Federación Asturiana de Empresarios juzga «insostenible» la escalada de las plantillas públicas en Asturias. El presidente de los empresarios asturianos, Severino García Vigón, realiza esa valoración tras trascender que Asturias es la sexta autonomía con más funcionarios y trabajadores públicos, más de 60.000, en relación a su empleo total. Los sindicatos mayoritarios atribuyen esa situación a la orografía del territorio, que obliga a dispersar los servicios públicos, y al elevado envejecimiento de la población. El Gobierno, por su parte, sostiene que ha puesto en marcha medidas de contención para optimizar los recursos de personal, mientras que el PP advierte de que el sector público «ya no puede crecer más».

El presidente de la patronal, Severino García Vigón, espera que la situación de crisis «sirva para recuperar cierta cordura por parte de todas nuestras administraciones públicas» sobre el volumen del empleo público. Vigón sostiene que la FADE siempre ha defendido la necesidad de contar con unas administraciones «de un tamaño y un funcionamiento acordes a la eficiencia que precisa una economía avanzada». Pero, en su opinión, «en los últimos años la evolución ha sido la opuesta y hemos asistido a una escalada en las plantillas y en el gasto corriente vinculado a ellas que creemos sostenible». Según Vigón, «el sobredimensionamiento del sector público detrae recursos al resto de agentes económicos». El portavoz adjunto del PP en el Parlamento regional, Joaquín Aréstegui, comparte el fondo de esas críticas y atribuye el volumen «desproporcionado» de las plantillas de la Administración «a una cultura excesiva de lo público en Asturias, heredada de cuando la siderurgia y la minería generaban 50.000 empleos».

El Gobierno regional mantiene que ya ha tomado medidas para contener el crecimiento de la plantilla del Principado. En 2010 ha reducido la oferta de empleo público a 120 plazas en educación y se ajustará a la normativa estatal de cubrir el 15 por ciento de las plazas que queden vacantes por jubilación o traslados, según ha declarado la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya. IU, socio de Gobierno en el Principado, mantiene una posición menos beligerante con el empleo público. «Asturias heredó muchos funcionarios del Estado en el traspaso de competencias», dijo Jesús Iglesias, quien planteó que «los servicios públicos reflejan la orientación política de un Gobierno. Esperanza Aguirre ha privatizado la sanidad y la educación y tiene menos empleados públicos, pero la calidad de esos servicios es menor».