Y van tres, pero aquí nunca pasa nada ¿sabrán Migoya y Daniel lo que es asumir responsabilidades?

Un juez anula el concurso para jefes de sección del Principado

Cree que no se ajustan a Derecho dos de las bases del proceso convocado en octubre de 2009 para cubrir más de 300 puestos

14.05.10 - L. F. M. | GIJÓN, en El Comercio.

La convocatoria apareció publicada a finales de octubre de 2009 en el Boletín Oficial del Principado. Se trataba de un concurso de méritos para proveer puestos de jefe de sección -el sindicato CSI-CSIF calcula que más de trescientos empleos- en varias consejerías del Principado. No obstante, una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo conocida ayer pone en entredicho todo el proceso.

¿La razón? El juez declara nulas dos de las bases de dicho concurso de méritos por considerar que no se ajustan a Derecho. Esas dos bases tienen que ver, por un lado, con la experiencia y, por otro, con los cursos de formación o perfeccionamiento aportados por los candidatos. El juez rechaza que la máxima puntuación en el apartado de experiencia en un determinado puesto de trabajo de la Administración se pueda obtener con un único año de ejercicio y que, por tanto, se valore de igual forma el conocimiento y la experiencia adquiridos durante un año que durante diez. También se opone -y así consta en la sentencia dictada el pasado 11 de mayo- a que sólo se valoren los cursos realizados en los últimos diez años.

Fue el sindicato CSI-CSIF quien presentó en su momento una demanda contra las bases de este concurso para cubrir más de 300 puestos de jefe de sección en la Administración regional. Su secretario de acción sindical, Juan Gavira, manifestó que, hoy mismo, el abogado de la formación «pedirá la suspensión cautelar» del proceso de valoración de méritos y que, en el caso de que el Principado decida recurrir la sentencia, «pediremos la ejecución de la misma».

Gavira, que recordó que este es el tercer concurso de méritos que anula un juzgado asturiano, criticó duramente la «actitud prepotente» de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y del director de Función Pública, Daniel Álvarez.