El Principado licita el servicio informático en 60 millones ante el recelo de IU y los sindicatos

Las centrales denuncian que la administración pierde el control total sobre la gestión interna y los datos

La-Nueva-España.Oviedo,Pablo-GONZÁLEZ
El Principado tiene previsto licitar el mantenimiento de la gestión de sus servicios informáticos por unos 60 millones de euros ante el recelo de Izquierda Unida, socio de Gobierno de los socialistas, y algunos sindicatos de funcionarios como USIPA. La consejería de Administraciones Públicas, responsabilidad de Ana Rosa Migoya, prepara los pliegos de condiciones para la licitación del contrato, valorado en 60,12 millones (IVA no incluido), para la adjudicación del denominado Centro de Gestión de Servicios Informáticos (CGSI). En principio, el contrato es de cuatro años prolongable a seis. Es decir, el coste por año sería de 10 millones de euros.
En realidad se trata de la renovación de un contrato que hace un lustro indignó a los sindicatos debido a que suponía la externalización de los servicios informáticos del Principado y dejaba en manos privadas el control de muchos datos sensibles del Gobierno asturiano y sus ciudadanos. Ahora, algunos sindicatos no entienden que en unos tiempos en los que desde la administración «se nos recortan los sueldos se gastan millonadas en unos contratos para unas funciones que serían menos costosas si las llevara a cabo gente de la casa», dice José Luis González, coordinador general de USIPA. Y es que desde USIPA se asegura que este tipo de contratos mantiene prácticamente «mano sobre mano» a unos 70 informáticos del Principado.

En el contrato, dividido en cinco lotes, aparece una novedad respecto al último pliego de condiciones, que es la inclusión de una oficina para el control del cumplimiento del resto de los lotes. Ésta oficina, que ya existe, tiene un coste de 9,2 millones de euros. «Vamos, que el vigilante encargado de vigilar a los demás es también externo, del sector privado», ironiza González que pone este caso como ejemplo de la pérdida del control que el Principado tiene sobre sus datos, su gestión informática e incluso sobre el cumplimiento de los contratos. Otros 14 millones de destinan a un centro de llamadas para, por ejemplo, la resolución de incidencias. «Son 60 millones que van destinados única y exclusivamente a soporte técnico. No incluyen la compra de ningún tipo de material», dicen desde USIPA. Los dos otros dos lotes, también para la contratación de servicios, presentan un coste estimado de 6,2 y 5,4 millones

Mientras, desde IU hace tiempo que se cuestiona la política de contratación del Principado en esta materia y el elevado nivel de privatización de estos servicios. La coalición considera que hay otras vías más baratas y generadoras de empleo que permiten dotarse de los mismos servicios, concretamente apostando por el software libre y sin pagar licencias a grandes multinacionales. IU aseguran que hay autonomías del PSOE que ya trabajan en esa línea desde hace años. IU ha planteado que el ajuste del Presupuesto regional se centre en este tipo de contratos y presupuestos como La Laboral y la TPA. IU también rechaza operaciones urbanísticas como la compra de la parcela del Vasco, en Oviedo, para el Palacio de Justicia. La coalición precisó ayer que excluye del recorte al centro Niemeyer.

 

El informático, un servicio causante de más de un problema

Oviedo:La externalización de los servicios informáticos y su adjudicación, como en el caso del CGSI, a una multinacional en colaboración con un socio local, provocó una oleada de protesta entre los sindicatos cuando hace aproximadamente un lustro el Principado decidió dar el paso. En aquel entonces el contrato, que se en principio era de cuatro años, se adjudicó por unos 31 millones de euros. El responsable del ramo era Luis Iturrioz viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas, en el cargo hasta comienzos de este año cuando dejó el Principado para ser nombrado gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Gijón (EMTUSA). De este servicio dependía también la alta funcionaria cesada por apropiarse supuestamente de 800.000 euros. No faltan las críticas por el escaso control de los gastos.