Artículo de Ignacio Fernández Toxo:

El Gobierno debilita el Estado de Bienestar

31-05-2010.

Después de la quiebra del sistema financiero estadounidense provocado por la emisión fraudulenta de los bancos de inversión de activos financieros por valor de billones de dólares, y la posterior extensión al consumo y la producción mundial, todos los analistas coincidieron en que tan sólo la decidida y masiva intervención del sector público evitó el riesgo sistémico y el colapso de la intermediación financiera. Una intervención que, sin embargo, no evitó una rápida y abrupta recesión económica en la mayor parte del mundo.

Fueron tiempos de políticas públicas y manual keynesiano. De dignos amagos sobre la supremacía de la democracia y de la política. Pero fue un espejismo. Aquellos que reclamaron un paréntesis al capitalismo y que esperaron agazapados hasta que escampara; los que provocaron el desastre y vivieron aparentemente bajo el signo del descrédito social; los ideólogos del capitalismo de casino, que parecen no tener rostro; todos ellos han emergido de nuevo y han puesto a los gobiernos a sus pies, recetando mercado y agitando convulsiones monetarias.

El Gobierno español ha sido uno de ellos. Incapaz de prever la dimensión de la crisis, fue aceptando su gravedad a medida que improvisaba un paquete tras otro de medidas de corto alcance y escasa o nula coordinación. Sumó a su insolvencia una acusada  ausencia de liderazgo que, en tiempos de recesión, se nos antojaba imprescindible para convocar a las fuerzas políticas y sociales y explorar la posibilidad de un Pacto de Estado. En su lugar se fueron sucediendo acuerdos de baja intensidad y alta disputa mediática, siempre activados por un Partido Popular cegado por el horizonte electoral.

No faltó en este festival de despropósitos, la Unión Europea, más atenta a los vaivenes de los mercados, que a la necesidad de preservar la Unión Política y Monetaria. De la primera, mejor no hablar; y de la segunda, sólo cabe hablar de decepción y fracaso. Una decepción que deriva en irresponsabilidad cuando se trata de hacer frente a situaciones de grave crisis económica y financiera como la de Grecia, a la que se atendió tarde y mal, sometiéndola a la dictadura de los mercados financieros.

Y entonces, llegó el plan de ajuste. El presidente del Gobierno lo anunció en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo, y el Consejo de Ministros lo aprobó el 20 de mayo. Un plan para reducir el déficit  público en 15.000 millones de euros hasta 2011, a rebufo de los mercados, de la UE y de los dictados del FMI. Un nuevo paquete de medidas, pero esta vez,  con un objetivo claro y unas víctimas definidas. El objetivo: reducir el déficit público, recortando drásticamente el gasto social; las víctimas: pensionistas, empleados públicos y personas dependientes. En unos días, el Gobierno cambió el rumbo e interpretó de la forma más ortodoxa las recetas del liberalismo económico: menos estado de bienestar y más confianza en los mercados, es decir, más sacrificio para los de siempre.

Este no es el camino

CCOO no tardó en responder. Las medidas contempladas en el plan nos parecen injustas (afecta a alguno de los sectores más débiles de la sociedad), desequilibradas (se opta por reducir el gasto abandonando cualquier iniciativa para aumentar los ingresos), antieconómicas (reducen la capacidad de compra de pensionistas y empleados públicos lo que provocará un descenso del consumo y un freno a la reactivación), quiebran la legitimidad del diálogo social (el consenso parlamentario y social derivado del Pacto de Toledo y de los acuerdos con los empleados públicos saltan por los aires), y contaminan la negociación colectiva en el sector privado (en numerosos convenios los empresarios han roto compromisos salariales anteriores).

En coherencia con el análisis que nos merece el plan de ajuste, los sindicatos acordamos una huelga general en las Administraciones Públicas para el 8 de junio, y advertimos al Gobierno que de seguir por el camino del recorte del gasto social, vulnerando derechos sociales y laborales, quedan abiertos todos los escenarios de movilización social, incluida la huelga general. Concretaría más: si además del plan de ajuste y en ausencia de acuerdo en la mesa de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno legisla por decreto contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general, según acordó nuestro Consejo Confederal reunido el pasado 27 de mayo. No podemos tolerar que la destrucción de empleo que se acerca ya a los 4,7 millones de parados y el ataque al estado de bienestar, cuyo origen hay que buscarlo en las políticas especulativas y la crisis del sistema financiero, se agiten como la "única posibilidad de superar la grave crisis por la que atraviesa la economía española".

Hemos repetido hasta la saciedad que hay otra forma de hacer las cosas. Se puede y se debe reformar el sistema financiero, para que fluya el crédito a familias y empresas; hay que recuperar figuras tributarias alegremente eliminadas (impuesto de patrimonio, de sucesiones, modificar impuesto de sociedades…); hay que abordar de una vez por todas el debate para una nueva fiscalidad, más ambiciosa y equitativa; se tiene que precisar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que permita cuantificar anualmente los ingresos obtenidos. En definitiva, el plan de ajuste no es la única salida. O somos capaces de compartir sacrificios para superar la delicada situación económica, y trabajamos por un acuerdo de todos, en el que el Gobierno se implique con decisión y firmeza, o entraremos en tiempos de creciente y sostenida movilización general contra las medidas injustas y antieconómicas que ha aprobado el Gobierno.

Ignacio Fernández Toxo