Mejor estaba discretamente callada, pero no debe saber

 

Migoya cree que la mayoría de los empleados públicos comprende el recorte

A juicio de Migoya, los 36.000 empleados públicos de la comunidad autónoma continuarán con su labor "con la misma profesionalidad" que hasta ahora

EFE

La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, ha considerado hoy que la mayoría de los empleados públicos "comprende" que se les haya pedido un "sacrificio" con el recorte salarial dada la situación presupuestaria, aunque, ha añadido: "lógicamente, a nadie le gusta que le bajen el salario".

Así lo ha expresado Migoya en declaraciones a periodistas ayer tarde antes de participar en Oviedo, en la sede del Archivo Histórico Provincial, en una reunión de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos, a la que ha asistido la presidenta de la Agencia estatal de Evaluación y Calidad, María Luisa Carcedo.

"En un momento como el que estamos viviendo hay que hacer esfuerzos por parte de todos", ha señalado Migoya.

Y ha añadido que si bien a los empleados públicos les han "pedido un sacrificio", con una bajada salarial de entre el 1,95 y el 7,31 por ciento, según la ley aprobada por la Junta el pasado viernes, "también el Gobierno de Asturias ha actuado en otras medidas de recorte del gasto y de incremento de los ingresos".

A juicio de Migoya, los 36.000 empleados públicos de la comunidad autónoma continuarán con su labor "con la misma profesionalidad" que hasta ahora.

Una profesionalidad que tiene "el mérito" de que la calidad de los servicios públicos sea reconocida, como, según ha apuntado Migoya, así lo señalan las encuestas que, por ejemplo, sitúan a la sanidad asturiana entre las mejores del Estado.

También ha señalado la portavoz del Gobierno regional que en los años anteriores a la crisis para los funcionarios "se mejoró notablemente en salarios y condiciones de trabajo" y que ahora, en cambio, les "toca hacer un esfuerzo".

En la reunión, el Principado ha firmado los convenios de colaboración con la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios con los que Asturias pasa a ser la cuarta comunidad autónoma en sumarse al sistema interadministrativo impulsado desde el Ministerio de Política Territorial.

"Nos permite poner en marcha instrumentos para medir la calidad de los servicios que prestamos", ha explicado Migoya, que ha agregado: "Debemos valorar si se prestan correctamente, si los estándares de calidad que utilizamos son los adecuados".

Sobre los planes de evaluación en el Principado, la consejera de Administraciones Públicas ha señalado que ya están en el Consejo Consultivo los dos decretos que desarrollan las leyes aprobadas en diciembre sobre la carrera profesional de funcionarios y la específica para docentes, como paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

"En septiembre u octubre estarán en disposición de poder realizar la evaluación correspondiente al primer nivel de carrera y desarrollo profesional que hemos implantado", que incluye "un incentivo económico ligado a una mejora de los servicios", ha explicado Migoya.

Carcedo, por su parte, ha dicho que el objetivo es "fijar compromisos de trabajo conjunto" entre la administración estatal y las autonómicas y locales, ya que "la evaluación compartimentada desde la Administración General del Estado es insuficiente".

La reunión de dos días en Oviedo, en la que participan representantes de otros gobiernos autonómicos, es un "punto de encuentro para compartir las experiencias, las buenas prácticas y, sobre todo, la generación de conocimiento", ha indicado la ex consejera y ex diputada asturiana.

Carcedo ha expuesto que la Agencia en la dimensión en la que trabaja actualmente, más que en evaluar la calidad y eficiencia de las políticas dentro de las administraciones, es en "ver el entorno".

Así, se ha referido al impacto que tiene un servicio público en la sociedad desde tres perspectivas: económico -búsqueda de la eficiencia-, social -para generar cohesión- y medioambiental -en la lucha contra el cambio climático-.

Preguntada sobre el posible "sobredimensionamiento" de las administraciones públicas, Carcedo ha sostenido que las administraciones españolas están "muy por debajo de la media de otros países europeos y de la OCDE que tienen un mismo nivel de servicios".

Según Carcedo, el planteamiento sería "en qué medida el Estado debe proporcionar esos servicios (sanidad, educación, Policía) o se va a un modelo en el que los ciudadanos se busquen la vida y no haya servicios públicos".