La nueva ley supera el mes desde su entrada en vigor.
La objeción médica obliga a la mujer a acudir a clínicas privadas para abortar
Salud pagará más de 600.000 euros anuales por las intervenciones fuera de la red pública.
Los hospitales del Sespa practicarán sólo las interrupciones por malformaciones fetales.
La Voz de Asturias. 16/08/2010 PABLO ZARIQUIEGUI
Un ginecólogo practica una interrupción del embarazo en un centro privado.
Foto:ARCHIVO
Un sistema mixto. Abortos hasta la semana 14 de gestación en clínicas privadas y abortos por malformaciones fetales en hospitales públicos. Es la estrategia que ha diseñado la Consejería de Salud para desarrollar en Asturias la nueva ley que consagra la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer. Amelia González, directora general de Salud Pública, afirma que se ha buscado la mejor solución para evitar que las mujeres tengan que deambular por los centros públicos buscando un médico que quiera practicar la intervención.
La nueva ley del aborto, que ha superado ya el mes desde su entrada en vigor, articula un sistema de plazos. Hasta la semana 14, la mujer puede interrumpir la gestación, de forma libre y gratuita, en cualquier centro público o privado. Por encima de la semana 14, la práctica del aborto debe estar recomendada por una indicación médica. Con la nueva ley en la mano, por lo tanto, una mujer puede ya pedir cita en un centro público o privado, en los estados iniciales del embarazo, para poner fin a la gestación.
La directora general de Salud Pública señala, sin embargo, que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, reconocida por la Constitución, limitará de forma muy importante la práctica de abortos en los hospitales públicos. Y es que, a falta de establecer un registro sobre el número de profesionales que se niegan a llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, la dirección general de Salud Pública da ya por hecho que el porcentaje será altísimo. De hecho, ya lo era con la anterior ley del aborto.
De ahí que, para la Consejería de Salud, la solución que se ha buscado sea la mejor. "La Administración debe garantizar que la mujer pueda hacerlo", asegura Amelia González. "La salida que hemos arbitrado me parece acertada, razonable y correcta", añade la responsable de Salud.
La Administración, lógicamente y cumpliendo la ley, incluye como una prestación sanitaria del sistema público de salud la interrupción voluntaria del embarazo. En qué consiste entonces la estrategia diseñada por el Principado? La solución se asienta sobre dos pilares. De un lado, la Consejería de Salud ha llegado a acuerdos para que la práctica totalidad de los abortos de hasta 14 semanas se lleven a cabo en clínicas privadas debidamente acreditadas. La Administración, eso sí, y ésta es una novedad de la ley, correrá a cargo de todos los gastos que suponga la intervención. De otro lado, los hospitales públicos realizarán casi únicamente las interrupciones por malformaciones fetales. La directora general de Salud Pública entiende que no habrá problemas para llevar a cabo estas operaciones en el sistema público vinculadas, sobre todo, a las unidades de diagnóstico prenatal ya en funcionamiento.
Amelia González subraya que, desde un punto de vista técnico, todos los hospitales de Asturias están capacitados para llevar a cabo abortos. El problema reside, sobre todo, en la colisión de dos derechos reconocidos legalmente. La ley consagra el de la mujer a abortar, dentro de unos parámetros, pero también el de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia. González subraya que es posible
El Principado da por hecho que creará un registro de profesionales objetores
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