Volvemos a «Inilandia»

 

A finales de septiembre el número de trabajadores públicos de Asturias, 74.443, superó al de empresarios y autónomos, 73.558. El Principado recorta su Presupuesto y pese a ello, sin que los sindicatos lo hubieran reivindicado, está dispuesto a hacer fijos a casi 3.000 contratados temporales, cargando de por vida con ese coste. Puede entenderse la descompensación laboral entre lo público y lo privado consustancial a las crisis por el retraimiento de los empresarios. Puede que aunque todas las autonomías estén engordando plantillas de manera irresponsable hasta esos nuevos funcionarios sean necesarios; pero aferrarse a la capacidad empleadora de la Administración para sortear la galerna es un engaño temerario.

 

Los recursos de cuatrocientos mil asturianos, entre trabajadores, jubilados, parados y subsidiados varios, dependen de la caja común, estatal o autonómica, según un análisis de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) desvelado el pasado domingo por LA NUEVA ESPAÑA. Esta abultada nómina sólo puede admitirse como una emergencia transitoria. Para no hipotecar más Asturias hay que revertir pronto la situación. Pronto resultará inabordable. En funcionarios, parados y subsidiados el Principado tiene porcentajes similares al resto del país. En pensionados se destaca con muchísima diferencia, consecuencia lógica de una población envejecida como ninguna otra y de un voluminoso sector industrial laminado sin traumas a base de prejubilaciones. Buena parte del nivel de vida de Asturias reposa en la renta de este colectivo, que ya equivale al 15% del PIB regional. Pagamos la última factura de la reconversión. El tiempo apremia. Las prejubilaciones masivas no son la alternativa ideal, lo estamos comprobando. Prolongarlas adormece el riesgo individual y convierte en improductivos a operarios en su madurez laboral.

 

Seamos realistas, no hay para todo. La era del ladrillo tal como la conocimos se acabó, y con ella el espejismo de un desarrollo a toda mecha y las recalificaciones como instrumento rápido e indoloro de acopiar fondos. En cuanto a disponibilidad dineraria se refiere, la cosa sólo puede ir a peor, con Cataluña y su porcentaje de inversión estatal garantizado llueva o truene, con las comunidades forales engrosando su financiación privilegiada, con una Andalucía, granero electoral, mimada con esmero y con pujas inmorales, como la de estos días, para aprobar el Presupuesto. El País Vasco es la región con menos paro de España. Por prestar sus votos nacionalistas para salvar a Zapatero recibirá sólo para promoción de empleo tanto dinero como el Principado en infraestructuras.

 

Depender del erario público siempre acaba resultando un mal negocio. Bien lo experimentó Asturias, a la que le costó un potosí sacudirse del efecto pernicioso de las empresas estatales, imprescindibles durante una época para el despegue de España y ruinosas más tarde por estar volcadas en sectores ineficientes. No podemos caer ahora en la trampa de convertirnos por una vía alternativa otra vez en «Inilandia», aquellos años en los que el bienestar de 60.000 familias de esta tierra se cocinaba en la sede madrileña del Instituto Nacional de Industria (INI).

 

Si las administraciones no normalizan pronto su recaudación, no hay Presupuesto social, ni subsidios de paro, ni pensiones, ni salarios básicos, ni inversiones que valgan. El aumento de ingresos y la disponibilidad de recursos, la sostenibilidad del sistema, en definitiva, sólo llegará con el crecimiento económico. La tasa de actividad de Asturias, el porcentaje de ciudadanos que están en edad de trabajar respecto a la población total, es la más baja de España. La tasa de empleo, el porcentaje de personas ocupadas sobre la población activa, es la menor del país, tras Extremadura. Ahí es donde hay que remangarse, no en perseguir momios.

 

Para crecer, para crear empleo, no necesitamos al Estado o a la comunidad autónoma como contratistas: necesitamos emprendedores. Cuantos más, mejor. Cualquier opción basada en el paternalismo, el proteccionismo y la subvención no los fomenta. Los empresarios tienen que recuperar un papel protagonista en la economía asturiana por su obra, no convertirse en cabezas de turco. Los expertos calculan que hay que promover 100.000 nuevos puestos de trabajo para que Asturias empiece a volar. A ver quién de una vez da un giro radical a la política económica y se atreve a prometerlos.

 

¿Qué Asturias queremos? Después de entregarlo todo para salvar bancos y haciendas, la columna vertebral, los gobiernos mundiales están virando. Dan mayor responsabilidad al individuo que a las instituciones, proponen menos ayudas y más mercado. Por ahí hay que avanzar.

 

La industrialización llegó en el siglo XIX de la mano de ilustres apellidos extranjeros que perviven en la memoria. Las empresas estatales, de todos los tamaños y colores, recogieron el testigo en el XX, primero por razones estratégicas, luego sociales. Con apenas una década transcurrida del XXI repetir el error y retornar a la casilla de salida de la que tanto luchó la región por alejarse es una forma tan estúpida como segura de fracasar. Los asturianos necesitan tomar de una vez las riendas de su destino económico.