Ya era hora de que la justicia se impusiera

La justicia obliga al Principado a dar plaza a 44 médicos que en 2009 aprobaron una oposición

La Consejería pospuso el nombramiento de los facultativos y alegó que había que ejecutar antes un concurso de traslados

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Un grupo de 44 médicos que habían aprobado a mediados de 2009 un concurso oposición deberá ser incorporado de inmediato a una plaza del Principado, según establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Estos facultativos llevaban más de un año reclamando la toma de posesión de sus puestos, pero la Consejería de Administraciones Públicas fue posponiendo los plazos y determinó que previamente había que desarrollar un concurso de traslados que ya ha sido convocado y que se dirige a los facultativos que ya tienen plaza en propiedad.

En un auto fechado el pasado 29 de noviembre, y que ya es firme, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal asturiano establece que la persistencia de la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso genera «evidentes perjuicios, tanto económicos como de índole personal» para los médicos afectados. La mencionada suspensión cautelar fue decretada por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 25 de marzo, como respuesta al recurso que había presentado uno de los concursantes que no había obtenido plaza.

El nuevo auto indica que la decisión de reanudar el proceso y proceder al nombramiento de los 44 facultativos ha sido adoptada después de escuchar a «nuevos interesados que no fueron oídos en el momento de dictarse» la resolución de marzo. A juicio de los magistrados, este pronunciamiento ni perjudica al recurrente ni impide darle la razón en el futuro.

La reclamación, por parte de estos 44 facultativos, de la plaza ganada mediante concurso-oposición ya fue recogida por este periódico hace casi un año. Subrayaban que su oferta pública de empleo ya había sido aprobada en 2006 y consideraban que el retraso acumulado había adquirido unas dimensiones «intolerables». Asimismo, estos facultativos negaban la necesidad de un concurso de traslados, habida cuenta que ya se había ejecutado otro en 2006, antes del proceso selectivo. A juicio de los médicos, la pretensión de la Administración regional es «recolocar en los sitios más apetecibles a algunos amigos que llevan años fuera de sus plazas».

La postura de la Administración fue expuesta en su día por el director general de la Función Pública, Daniel Álvarez, quien argumentaba: «No podemos dar a un funcionario de nueva incorporación una plaza que no se haya ofertado antes a un funcionario de carrera». Según Álvarez, «desde 2006 se han producido nuevas vacantes y desde un punto de vista legal no podemos hacer otra cosa».

Los facultativos afectados pertenecen a un colectivo denominado de asistencia pública domiciliaria (APD), un antiguo cuerpo de funcionarios (no estatutarios) que ejercían como médicos rurales. Aunque tradicionalmente han dependido de la Consejería de Administraciones Públicas, están llamados a incorporarse a los centros de salud como médicos del Sespa.