Además de una excusa inconcebible es ridícula e improcedente esperemos que el TSA actue en consecuencia y políticamente también se exijan responsabilidades.
Respuesta del Gobierno regional a la sentencia judicial sobre la ilegalidad de la supresión de las ayudas sociales…
El Principado considera «imposible» pagar las ayudas sociales a los empleados públicos
Administraciones Públicas plantea al juez que si realiza esos pagos, de 1,2 millones, no podrá cumplir el ajuste de 142 millones pactado con Economía
Oviedo, Juan A. ARDURA, en La Nueva España
El Principado ha remitido un escrito a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia donde expone que le resulta «imposible» cumplir la sentencia que le condenaba a pagar las ayudas sociales a 4.500 empleados públicos, por motivos económicos. El juez ha citado el próximo viernes a los abogados del Principado y del sindicato que recurrió ese recorte, el CSIF, para dilucidar la resolución del caso, que ganó en primera instancia el sindicato y que suponía el pago de, aproximadamente, 1,2 millones de euros.
El Gobierno regional ha elaborado un informe sobre «la imposibilidad de ejecutar» ese fallo judicial. La dirección general de Función Pública, que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, argumenta que los créditos existentes para hacer frente a esas ayudas «fueron objeto de retención por parte de la Consejería de Economía para poder lograr el objetivo de reducción del déficit en 2010».
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó una sentencia a finales del pasado mes de diciembre en la que obligaba a la Administración regional a dar las ayudas sociales que recortó a los empleados públicos en 2010. El Principado aplicó el «tijeretazo» a las becas de estudio y para libros de los hijos de los empleados públicos y las ayudas económicas a quienes tienen a su cargo hijos discapacitados.
Los magistrados decidieron que el Gobierno regional debía convocar y conceder esas ayudas sociales porque estaban incluidas en el convenio colectivo del personal laboral del Principado, suscrito por la Administración y los sindicatos. Este fallo afecta únicamente al personal laboral y no a los funcionarios.
El TSJA advertía en su sentencia que el Principado acordó la supresión de esas ayudas de forma «unilateral» y que el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, aprobado por el Gobierno central y esgrimido por el Principado como principal argumento, «establecía medidas de contención y reducción de masa salarial», pero no hacía referencia alguna a las ayudas sociales.
La dirección general de la Función Pública responde en su informe que el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció para Asturias un recorte de 142 millones de euros para contribuir a la reducción del déficit público, de los que 68 millones correspondían a recorte de gastos de personal, bien de retribuciones de los empleados o de «otras partidas asimilables». El Gobierno sostiene en su argumentario que «la convocatoria de las ayudas a estudios, tal como estaba prevista inicialmente, provocaría que la comunidad autónoma del Principado de Asturias incumpliese el compromiso alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2010». El director general de Función Pública concluyó en su informe que «resulta de imposible ejecución legal la sentencia de la Sala de lo Social» y pidió a los servicios jurídicos del Principado que trasladasen ese planteamiento al juez. «Son excusas de mal pagador. El Gobierno regional se atreve a decir que en un presupuesto de 4.000 millones de euros no tiene un millón doscientos mil euros para hacer efectiva una sentencia. Un gobierno de PSOE e IU, que se dice progresista, es capaz de dejar a niños minusválidos y a sus familias sin ayudas», valoró Juan Gavira, del sindicato CSIF, que entabló ese pleito contra el Principado.
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