EN CLÍNICAS Y HOSPITALES ESPAÑOLES

Los fiscales ordenan buscar a médicos y matronas acusados de robar bebés

Decenas de policías judiciales investigan si los presuntos autores aún viven para no archivar las denuncias

El Comercio. 07.03.11 - 06:28 - MATEO BALÍN | MADRID

foto:Miembros de Anadir se manifiestan ante la Fiscalía General del Estado. / Efe

Los fiscales provinciales han dado instrucciones a las unidades de la policía judicial adscritas a sus órganos para que identifiquen a las matronas y médicos que podrían estar involucrados en los casos de bebés robados. Los agentes siguen la pista de los supuestos responsables a partir del contenido de las cerca de 260 denuncias que hasta la fecha tramitan 17 fiscalías territoriales. El hallazgo de estas personas es fundamental para que las diligencias abiertas por los fiscales acaben en los juzgados. De lo contrario, serán archivadas, admiten fuentes judiciales.

En algunas de las denuncias tramitadas por la Fiscalía que ya han llegado a los juzgados, al menos dos en Cádiz y una en Málaga, la policía judicial ha conseguido encontrar a personas que aparecen en los partes médicos falseados. En el mejor de los casos los acusados ya están jubilados, ya que, dada la antigüedad de las denuncias investigadas, que datan sobre todo de los años 50 y 80, buena parte de las personas involucradas en estas redes mafiosas han fallecido.

La tarea de estos agentes, pertenecientes a las Unidades de la Policía Judicial adscritas a los Tribunales y Juzgados, consiste en rastrear archivos hospitalarios, registros civiles, cotejar las partidas de nacimiento falsificadas o los partes de defunción. Se trata, en suma, de una "labor de oficina". De remover cientos de legajos que no han sido digitalizados o que se encuentran bastante deteriorados, según comenta un policía judicial que trabaja en la Fiscalía de Madrid. Una unidad que cuenta con una veintena de agentes para investigar unas 80 denuncias.

Una vez analizados estos documentos se pasa al "trabajo de campo". Consiste en buscar a los supuestos responsables que actuaron en los hospitales públicos y privados implicados. La primera premisa es rastrear en los archivos de personal para saber si los médicos y matronas que falsearon las partidas de nacimientos y/o defunción siguen vivos. Si es así comprueban si siguen en activo o se han jubilado (casi todos los casos identificados). Y, en último término, se busca el domicilio de los denunciados para notificarles las diligencias abiertas contra él.

’Caso Agüera’

En todo este proceso los agentes judiciales están en permanente contacto con los denunciantes. Les interrogan si lo consideran oportuno y les comunican la deriva de la investigación. Éste fue el caso de la malagueña Isabel Agüera.

Esta mujer de Fuengirola denunció en julio pasado ante la Fiscalía de Málaga la desaparición de una hermana en el Hospital Civil de la ciudad en 1970. Durante los seis meses que duró la investigación, Isabel recibió varias llamadas de una inspectora de la policía judicial. Una de ellas para comunicarle que la matrona que atendió a su madre y que aparecía en la denuncia había fallecido. Otra para decirle que el médico que había firmado una de las partidas de defunción estaba vivo y, lo mejor de todo, que había sido localizado. El hallazgo de este facultativo permitió ampliar la búsqueda a otros implicados que aparecían en la denuncia: personal del hospital, de la funeraria, del registro civil o del mismo cementerio.

Tras concluir las diligencias en enero pasado el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, remitió la denuncia a los juzgados tras apreciar indicios de delito en la desaparición de la hermana de Isabel, que hoy tendría 40 años. El asunto recayó la semana pasada en el juzgado de instrucción número 8 de Málaga, cuyo titular es el magistrado Juan Pedro Jiménez. Este juez deberá ahora investigar la denuncia con el aval acusatorio del Ministerio Público.

El caso de Isabel Agüera ha sido el primero investigado por una Fiscalía Provincial que ha llegado a los tribunales. Pero se espera, como un lento goteo, que en los próximos meses se incoen más diligencias de este tipo. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y la ’plataforma de niños robados’ consideran que dado el volumen de las denuncias que los fiscales tramitan hasta hora, unas 260, y las que han sido enviadas en los últimos días a las órganos territoriales, otras 500 más, "habrá miles de implicados en el escándalo judicial más grande de Europa en el mundo contemporáneo", según el abogado de Anadir Enrique Vila.