La media nacional se sitúa en 347 días

El Sespa demora sus pagos 314 días

A finales de 2010, Salud debía 92,1 millones en materiales y equipos, además de otros 60 en concepto de medicinas

La patronal de productos sanitarios dice que la sanidad asturiana tarda 10 meses de media en pagar

03.04.11 – El Comercio.

314 días es lo que tarda, de media, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en pagar sus facturas a algunos proveedores sanitarios. Así lo asegura la patronal del sector, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) en el balance anual de 2010. Según esta entidad, con la que se puso en contacto EL COMERCIO, a fecha del pasado 31 de diciembre la sanidad asturiana adeudaba 92,1 millones a quienes proveen parte del material sanitario que utilizan los hospitales y centros de la región. La media de demora en los pagos fue el pasado año de 314 días, es decir, poco más de diez meses. El dato proviene de las empresas asociadas a Fenin y que, según la Consejería de Salud, son firmas multinacionales en la mayoría de los casos. La Administración sanitaria regional da por válidas las cifras de demora facilitadas por la patronal, pero matiza que éstas no afectan a todas las empresas que le surten material, sólo a las que están adscritas a Fenin.

La deuda de 92,1 millones de euros acumulada corresponde a productos sanitarios (materiales que no son, ni conllevan medicamentos). Esto incluye desde gasas, tiritas y jeringuillas hasta aparatos como resonancias magnéticas, implantes, marcapasos y un largo etcétera. A esa cantidad hay que sumar otros 60 millones que, en materia de medicinas, Asturias adeudaba el pasado año a la patronal farmacéutica (FEFE).

Facturas con intereses

Se da la circunstancia de que los retrasos en los pagos se incrementaron en la sanidad asturiana de forma considerable en el último tramo del año. En septiembre de 2010, siempre según cifras facilitadas por Fenin, el Sespa acumulaba una demora media de 241 días, el equivalente a ocho meses. Sin embargo, un trimestre más tarde, en diciembre, el retraso para solventar la deuda sanitaria se elevaba ya a 314 días (más de diez meses). Los retrasos, explican los proveedores, suelen agudizarse a finales del ejercicio, cuando las administraciones comienzan a cerrar sus cuentas anuales y muchos de los pagos acaban siendo diferidos para el año siguiente. De ahí que, en el caso de Asturias, la demora media se hubiese disparado en 74 días en los tres últimos meses del año.

Los retrasos en abonar a los proveedores generan, a su vez, intereses de demora que deben ser asumidos y costeados por la Administración pública asturiana, con el consiguiente incremento que esto genera sobre lo adeudado. Precisamente, este es uno de los aspectos abordados en el último informe de la consultora Price Waterhouse, donde los expertos señalan que el elevado índice de demoras «está convirtiendo a las empresas proveedoras en financiadoras de la sanidad pública». Pero no se trata de un problema exclusivo del Principado. Hay comunidades que tardan mucho más que Asturias en abonar lo que deben. La autonomía que más retrasa sus pagos es Cantabria, con 666 días (22 meses) de media. Le siguen Murcia, con 652 días y Castilla León, con 594. La media en el Sistema de Salud está en 347 días.

Precisamente, con el objetivo de aliviar la situación de impagos en el que se encuentran las empresas, en 2010 se reformó la Ley de Morosidad. Desde entonces, la Administración está obligada a pagar en un plazo máximo de 50 días en 2011, ratio que bajará a 40 días en 2012 y a 30 días en 2013. En caso de no pagar, precisa el informe de Price Waterhouse, «la Administración deberá abonar intereses a las empresas facilitando además que éstas no tengan que ir a juicio para reclamarlos». En opinión de los especialistas, la nueva Ley de Morosidad no sólo no se cumple sino que «supone una ficción en el contexto actual, ya que garantiza unos derechos, pero no las disponibilidades presupuestarias que permitan afrontar el pago de la deuda». Economistas, exministros y autoridades sanitarias regionales abogan por hacer transparente la deuda sanitaria. Aseguran que los problemas de sostenibilidad del sistema no se podrán resolver si antes no se conoce a cuánto asciende lo adeudado.