El Gobierno aprobará mañana el plan, cuestionado por los sindicatos, para hacer que aflore el trabajo ilegal...

El «empleo oculto» mueve 1.565 millones en Asturias, estiman los técnicos de Hacienda
La Seguridad Social ingresa 284 millones menos al año por el fraude laboral, según el colectivo Gestha

Oviedo, Agencias / L. G., en La Nueva España
El llamado «empleo sumergido» mueve en Asturias unos 1.565 millones de euros al año, equivalentes al 6% del producto interior bruto (PIB), según una estimación del gremio de técnicos de Hacienda. Es una aproximación al tamaño del fraude laboral que el Gobierno se propone frenar con un plan que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Su contenido ha provocado recelos entre los sindicatos, que ven el documento escorado hacia los intereses de los empresarios. Éstos dispondrán de un período de gracia para regularizar el trabajo «oculto» sin recibir sanciones.

El nuevo decreto ley de «medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido» es el resultado de las indicaciones realizadas por la Unión Europea (UE) a los países miembros para contener el avance de la también llamada «economía informal» a raíz de la crisis. Genéricamente, el propósito del plan español es combatir el trabajo fuera de la ley -empleo por cuenta ajena o propia sin cotización a la Seguridad Social y sin control de Hacienda- y, también, mejorar los ingresos públicos.

¿Qué impacto tiene esa forma de fraude en la actividad económica y en la recaudación fiscal? Los técnicos de Agencia Tributaria, agrupados en el sindicato Gestha, han respondido a esa cuestión basándose en sus propios datos y en otros oficiales sobre presión impositiva. Los expertos suelen destacar, no obstante, que cualquier intento de medir la «economía sumergida» no puede pasar de una mera aproximación. Los principales resultados del colectivo Gestha para Asturias se sintetizan a continuación.

El conjunto de la «economía sumergida» (fraude laboral y fiscal, principalmente) representa algo más de 4.600 millones de euros al año, tanto como el 20,2% del PIB regional. La media nacional está en el 23,3%.

La actividad generada por el «empleo oculto» supone unos 1.565 millones de euros anuales. Cataluña (28.937 millones), Madrid (12.351) y Andalucía (11.549) encabezan la clasificación por comunidades autónomas.

Si la Administración lograra erradicar este tipo de prácticas, la recaudación por cuotas a la Seguridad Social aumentaría en la región en 284 millones de euros al año.

El trabajo irregular recoge las siguientes situaciones, entre otras posibles: empresas que tienen asalariados sin alta en la Seguridad Social o con cotizaciones inferiores a las fijadas por la ley; autoempleados que trabajan sin cotizar; compañías que sustituyen a asalariados por «falsos autónomos»...

Las medidas que mañana aprobará el Consejo de Ministros están orientadas a combatir anomalías como las descritas. El Gobierno empezará por abrir un proceso de regularización cuya duración será de dos o tres meses. En ese tiempo, las empresas podrán declarar que tienen trabajadores de manera irregular sin tener que hacer frente a sanciones. El Ejecutivo insiste en negar que se trate de una «amnistía», asegurando que las empresas sortearán el pago de multas, pero deberán abonar las cotizaciones pendientes. Superado el período de gracia, se endurecerán las inspecciones y sanciones.

¿Cómo se normalizará la situación de los trabajadores? Aquí está una de los puntos de fricción con los sindicatos: el último borrador que el Gobierno ha presentado supone que una empresa pueda regularizar a sus «ilegales» mediante contratos temporales de seis meses. También genera controversia el tiempo cotizado que se reconocerá a los trabajadores a efectos de pensiones o prestaciones de paro.