Unanimidad sindical en la petición de investigación y transparencia

Los funcionarios piden que se investigue a los compañeros que tienen empresas

Los sindicatos aseguran que «esto huele a podrido» tras saber que 130 empleados públicos poseen compañías que facturan al Principado

FRANCO TORRE / PABLO GONZÁLEZ Oviedo / Siero, La Nueva España

Los principales sindicatos de funcionarios defendieron ayer la necesidad de «depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias», entre ellas la actuación de oficio de la fiscalía, tras conocer que ciento treinta trabajadores públicos de la Administración regional tienen empresas que trabajan para el Principado, tal como se recoge en el sumario de la «operación Marea» -al que ha tenido acceso en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA- que investiga irregularidades en los contratos del Principado. Además, la investigación también ha puesto al descubierto que proveedores habituales de la Administración regional subcontratan trabajos a otras 193 firmas propiedad de funcionarios regionales. «Esto huele a podrido», afirman.

Para Marco García, responsable autonómico de CSI, todo lo que está destapando el sumario de la «operación Marea» es «una vergüenza» y pide que «se depuren las responsabilidades hasta la últimas consecuencias porque esto no sólo desprestigia a la Administración, sino a la sociedad asturiana en su conjunto». García entiende que esto es más necesario que nunca para evitar que la gente perciba que en el Principado «hay gente que tiene chiringuitos privados para lucrarse de la Administración». El líder de CSI en el ámbito regional -este sindicato fue el más votado en las últimas elecciones por los funcionarios- pone por delante la presunción de inocencia, pero reconoce que las sospechas «apuntan a funcionarios de alto rango, los privilegiados por el político de turno».

Alberto del Valle, secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, entiende que si tras lo desvelado por la investigación policial desarrollada a lo largo de la «operación Marea» «hay indicios de cohecho, que se aplique la ley igual que a cualquier ciudadano». Pero matiza que «inicialmente no habría que sospechar porque son datos», en referencia a que no se concretan los nombres de los funcionarios que tienen empresas que facturan al Principado, ni puestos que ocupan dentro de la Administración. Alberto del Valle cree que no sería nada bueno caer en el error de «entrar en un estado de sospecha». Además este responsable sindical, señala, «dar por hecho una suposición es un delito». Eso sí, el representante ugetista considera: «Si alguien delinquió, que se le aplique toda la dureza de la ley».

Por su parte, José Luis González, coordinador del sindicato USIPA, reclama que se utilice «luz y taquígrafos» porque, a su juicio, «se está proyectando la imagen a la sociedad de que todos son unos chorizos, que esto es un cachondeo». Este sindicalista considera que «es crudo leer las escuchas», que desde el jueve publica en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Por eso considera totalmente positivo que «actúe la Fiscalía de oficio para ver de quién dependen y qué relaciones tienen» las empresas propiedad de funcionarios que facturan al Principado». También apuntó al Gobierno de Álvarez Areces: «Alguien tiene que dimitir».

Mientras, Jesús González Alonso, responsable del sector autonómico de Comisiones Obreras, reconoce que lo deja «frío pensar que haya trabajadores que puedan favorecerse de su cargo». González Alonso entiende que esto es «un delito que la fiscalía tiene que perseguir e investigar» y que la Administración regional «debería ponerse roja» al saber que se han estado adjudicando contratos «para que se enriquezcan amiguetes». Este sindicalista de CC OO sentencia. «Esto huele a podrido».

Juan Gavira, de CSIF, defiende que órganos del Principado como la Inspección General de Servicios comprueben si el funcionariado «está cumpliendo con el régimen de incompatibilidades». A Gavira le cuesta creer que esto lo estén haciendo «auxiliares administrativos, que puedan mangonear contrataciones; a lo mejor estamos hablando de altos funcionarios». Pero aclara: «No por tener una empresa se tiene que estar cometiendo un delito. En algún sitio puede oler a podrido, pero en todos no». El sindicalista añadió que el Gobierno «tiene mucho que explicar por lo de Riopedre y por la falta de control».

Ayer también se analizó desde los partidos políticos asturianos la situación provocada por las revelaciones sobre el funcionamiento de la Administración que escondía el sumario del «caso Marea». Isabel Pérez-Espinosa, cabeza de lista del PP al Principado, entiende que el candidato socialista, Javier Fernández, tendrá que posicionarse respecto al caso. Y señaló que Fernández «se presenta orgullosamente como heredero del régimen "arecista", y por tanto también de estas irregularidades y estas actuaciones». Sobre el contenido del sumario, Pérez-Espinosa definió como «datos preocupantes» las últimas revelaciones del sumario, en concreto la «contratación con empresas pertenecientes a funcionarios y empleados públicos».

Tanto Javier Fernández, candidato socialista y líder de la FSA, que ayer eludió abordar la cuestión en un mitin en Luarca, como el Gobierno del Principado presidido por Vicente Álvarez Areces, guardan silencio sobre el asunto.

Desde IU, Jesús Iglesias, su coordinador y candidato, se comprometió por abogar por establecer «medidas para exclusividad de todos los funcionarios públicos y políticos, para que no puedan compaginar sus funciones con trabajos en el ámbito privado». Iglesias emplazó al Principado «a iniciar una investigación conjunta» porque situaciones como las desveladas por la «operación Marea» «generan preocupación e indignación». Por eso apuesta por «endurecer la legislación, reforzar los controles, pero sobre todo aumentar las sanciones». IU ya registró el pasado 2 de marzo, en la Junta General, una proposición de ley sobre incompatibilidades y cargos públicos.

Por su parte, Francisco Álvarez-Cascos, candidato de Foro, aseguró que desde que se ha levantado el secreto del sumario «los asturianos nos estamos quedando sin respiración viendo el nivel de deterioro que ha producido este escándalo de corrupción».