La reforma del Gobierno para los convenios decepciona a empresarios y economistas

 

El borrador se aparta de las exigencias de la CEOE sobre flexibilidad laboral - Los expertos asturianos consideran «mínimas» las aportaciones del documento

Foto: Café para los sindicatos. Juan Rosell, presidente de la patronal, junto a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, y Cándido Méndez, su homólogo en UGT, en un desayuno organizado por Fórum Europa.

Lne.es  Oviedo / Madrid, Marián MARTÍNEZ / Agencias

El borrador del Gobierno para la reforma de la negociación colectiva se aleja claramente de las aspiraciones de la patronal CEOE. De hecho, su presidente, Juan Rosell, se mostró esperanzado en poder influir para introducir modificaciones antes del viernes porque, a su juicio, el texto es «decepcionante» y «bastante desequilibrado». Los sindicatos, por su parte, advirtieron de que aunque se tramite como ley, para su aplicación final necesita del acuerdo de los agentes sociales, «si no, será papel mojado». La reforma que el Consejo de Ministros aprobará el viernes consagra la prevalencia de los convenios de empresa sobre los provinciales (como defiende la patronal), mantiene la llamada «ultraactividad» (como pedían los sindicatos), impulsa la mediación y el arbitraje para reducir la judicialización de conflictos y limita la capacidad de maniobra de los empresarios para modificar las condiciones de trabajo.

 

Los expertos ven un paralelismo entre esta reforma y la laboral en el sentido de que «no aborda» las cuestiones realmente importantes para procurar un cambio efectivo en el mercado laboral. La mayor crítica es que las pequeñas y medianas empresas, sin representación sindical, seguirán sometidas a normas rígidas establecidas en convenios sectoriales generales y a menudo despegadas, según esos expertos, de las necesidades de cada empresa y su mercado. Los cambios más significativos que contiene el documento del Gobierno son los siguientes:

 

Convenios de empresa. Tendrán «prioridad aplicativa respecto del sectorial de cualquier ámbito», que mantendrá su jerarquía. Se trata así de estimular a empresarios y sindicatos a pactar.

 

l Mediación. En el afán de evitar los conflictos, en cada convenio se incluirá el nombramiento de una comisión paritaria (empresarial y sindical) cuyo cometido será la de solventar las discrepancias que puedan surgir y aquellos casos relativos a modificaciones en las condiciones de trabajo o salariales si se diera el caso. Si en este paso no hubiera acuerdo, las partes deberán recurrir a un mediador, cuya resolución no sería vinculante y, de mantenerse el desacuerdo, a un arbitraje, cuya resolución tendrá rango de ley.

 

l «Ultraactividad». Este criterio hace que siga vigente el convenio anterior si no hay acuerdo sobre el nuevo. La patronal quería eliminar la «ultraactividad» o restringirla de forma drástica. El Gobierno la mantiene, como exigían los sindicatos. Se fija un plazo máximo de 20 meses para negociar el nuevo convenio. Si en ese tiempo no hubiera acuerdo, se recurrirá a la mediación y al arbitraje. Aunque falle este último recurso, el convenio anterior seguirá siendo de aplicación.

 

l Flexibilidad. En este punto se centran las principales críticas de la CEOE después de que ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, le presentase el documento. En él se limita a un máximo del 5% la proporción de la jornada de trabajo que el empresario podrá modificar de manera unilateral, aunque también establece que esa proporción se pueda aumentar en cada convenio. La CEOE reclama una tasa mínima del 15%. Si en la aplicación de esta flexibilidad interna hubiese discrepancias, la comisión paritaria deberá decidir en un plazo máximo de siete días. Si se mantuvieran los desacuerdos, se acudiría a la mediación y, finalmente, al arbitraje.

 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó ayer que la CEOE «tendrá al Gobierno abierto para cualquier fórmula de mejora de la flexibilidad que sea fruto del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales». De momento, el Gobierno sigue buscando apoyos parlamentarios para sacar adelante su documento.

 

Joaquín Lorences, catedrático de la Universidad de Oviedo, remarcó ayer que la reforma «afectará a una minoría del mercado laboral, porque más del 80% de los trabajadores pertenecen a pymes y micropymes sin representación sindical y que no pertenecen a asociaciones empresariales. «Se seguirán rigiendo por un convenio de reglas generales y homogeneizadas que no tendrá en cuenta a esas empresas», expuso Lorences. Una solución sería «arbitrar cláusulas de descuelgue realistas para estas empresas, que les den la flexibilidad de adaptarse a las distintas situaciones, igual que las grandes».

 

Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de economistas («Los Cien») que ha sugerido su propia reforma, aseguró que «a expensas de un análisis más sosegado, las aportaciones son mínimas».