Acuerdo para mejorar los derechos de las empleadas del hogar, 14.000 en Asturias

La cotización a la Seguridad Social será obligatoria desde la primera hora de trabajo 

La equiparación al régimen general no será completa hasta 2019

Foto: Una trabajadora doméstica.

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Lne.es » Economía Oviedo / Madrid,  Agencias / L. G.

El Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO sellaron ayer un acuerdo nacional para integrar de manera progresiva a las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. El pacto trata de corregir la falta de protección de un colectivo formado por 700.000 personas en España (unas 14.000 en Asturias) y damnificado por una legislación que, según opinión común de partidos políticos y organizaciones sindicales, ha favorecido la economía «informal» y el empleo precario. Las principales mejoras acordadas atañen a la cotización y a la prestación por enfermedad. Queda sobre la mesa, en cambio, el acceso a los subsidios de desempleo.

 

El acuerdo afecta a las 300.000 personas -mujeres en un 90% y en un 60% inmigrantes- que están de alta en el régimen especial de los empleados del hogar, pero potencialmente también alcanza a otras 400.000 que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), desempeñan trabajos domésticos sin cotizar. Los datos de Asturias son los siguientes: hay 6.415 cotizantes, 2.300 de ellos extranjeros, y puede haber al menos 8.000 personas más que no constan en la Seguridad Social.

 

Son resultados inducidos por una singularidad del régimen vigente: no es obligatorio que la trabajadora doméstica esté de alta en la Seguridad Social si su semana laboral es inferior a 20 horas. Tal situación ha favorecido históricamente una situación de economía «informal»: esto es, no se trata de empleo «sumergido», porque no se vulnera la ley, pero sí de trabajo que no consta a efectos de Seguridad Social.

 

La situación variará el próximo año. Los cambios acordados ayer, y que han sido incluidos mediante una enmienda al proyecto de ley de reforma de las pensiones, determinan que habrá de existir cotización y protección desde la primera hora de trabajo, con independencia del número total de horas y también de cuántos sean los hogares que empleen al trabajador.

 

Esto es, muchas familias que hasta ahora no cotizaban por sus empleados deberán empezar a hacerlo. Se aplicará durante unos años un sistema transitorio según el cual la base de cotización tendrá una escala de 15 tramos según los salarios percibidos y la cuota a pagar irá desde un mínimo de 19,84 euros al mes a un máximo 164,6 euros. Este modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y se dará un plazo de seis meses para que las empleadas y los hogares puedan adaptarse a la nueva situación.

 

El citado régimen de cotizaciones funcionará hasta 2018. A partir de 2019 se completará la equiparación de la cotización de las empleadas del hogar con la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, destacó ayer el Ministerio de Trabajo.

 

Las empleadas consiguen también otro avance que beneficia además a los hogares. Ahora, cuando una trabajadora afiliada al régimen especial se queda de baja por enfermedad la prestación por incapacidad temporal (enfermedad o accidente no laboral) corre por cuenta de la familia empleadora hasta el día 25 de la baja. Hasta entonces no comienza a pagar la Seguridad Social. Con la reforma pactada ayer, la prestación correrá por cuenta del instituto público a partir del noveno día.

 

Se atiende también otra reivindicación histórica: las empleadas del hogar deberán tener un contrato en el que como mínimo se estipulen las horas de trabajo, el salario y otras condiciones básicas. En la actualidad, y conforme a una antigua regla que en los más de treinta años de la democracia española no se ha cambiado, no es obligatorio que las empleadas domésticas tengan un contrato individual de trabajo.

 

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció ayer que el Gobierno aplazará «de momento» un año la puesta en marcha de un fondo de capitalización para el despido, similar al austriaco, porque exigiría una subida de las cotizaciones sociales o un aumento de recursos en los presupuestos.

 

Salgado se refirió a la entrada en vigor de ese fondo, que, según el texto de la reforma laboral, debería estar en funcionamiento el 1 de enero de 2012. El fondo de capitalización es un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido o de movilidad geográfica para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

 

El modelo, vigente en Austria desde 2002, supone sustituir el sistema actual de indemnización en caso de rescisión de contrato por una fórmula consistente en crear un fondo de despido asociado a cada trabajador al que la empresa realizaría aportaciones sistemáticamente, como si se tratara de una hucha para las indemnizaciones. De esta forma, se impide que se acumulen los costes en el momento de la ruptura del contrato. Si el trabajador cambia de puesto de trabajo, el fondo se marcha con él y seguiría creciendo con las aportaciones de la nueva empresa. De este modo se incrementaría la movilidad laboral.

 

Salgado indicó que un estudio elaborado por expertos para el Ministerio de Trabajo señala que es mejor aplazar la entrada en vigor de ese fondo para más adelante, de momento, un año. Aplicar el modelo austriaco requiere, según esos estudios, incrementar las cotizaciones sociales o una aportación pública, alternativas ambas contraindicadas en una situación económica como la actual.

 

La Vicepresidenta aseguró también que la incertidumbre vivida en el debate sobre la reforma de la negociación colectiva se debió al cambio de posición de un grupo parlamentario -que no citó-, que primero dijo que se iba a abstener y luego manifestó que votaría en contra. El Gobierno sacó la reforma adelante con las abstenciones de CiU y PNV.