El Constitucional avala que el Estado pueda imponer límites al gasto de las autonomías

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La financiación de las comunidades

Murcia amenaza con devolver Sanidad y Educación si el Gobierno no le da más fondos - El socialista Vara admite que Extremadura tiene el doble de déficit, pero niega la deuda

Foto: El Constitucional avala que el Estado pueda imponer límites al gasto de las autonomías efe

El Estado puede imponer a las comunidades, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), objetivos de estabilidad presupuestaria como medida política y económica de carácter general, según dictaminó ayer el pleno del Tribunal Constitucional en una sentencia en la que desestima el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la ley general de Estabilidad Presupuestaria de 2001, que consideraba que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat.

 

Al año siguiente la Generalitat recurrió la ley del «déficit cero», aprobada por el entonces por Gobierno del PP. Ahora el Constitucional define el concepto de estabilidad presupuestaria como «una orientación de la política económica general que el Estado puede dictar», aunque reconoce que su ejercicio ha de «respetar» la autonomía política y financiera de las comunidades.

 

El Tribunal subraya la libertad de las comunidades para fijar el presupuesto, pero su autonomía financiera «no excluye la existencia de controles, incluso específicos». Ve legítimo que el Estado fije limitaciones de gasto, «máxime cuando la ley de Presupuestos, lejos de ceñirse a ser un mero conjunto de previsiones contables, opera como un vehículo de dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno», según informa «Efe».

 

Además, la imposición de topes máximos está avalada en el principio de coordinación con la Hacienda estatal, que «exige» a las comunidades «la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general».

 

Según el TC, no se vulnera la autonomía financiera de la Generalitat, «máxime» cuando el propio Estatuto de Autonomía «condiciona el establecimiento» por el Gobierno catalán de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la UE. La sentencia otorga al Estado la competencia para imponer la elaboración de esos planes de saneamiento para corregir los desequilibrios, ya que debe garantizar el equilibrio de la política económica.

 

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, aseguró que si su región no recibe más fondos devolverá al Estado las competencias en Sanidad y Educación, como ya ha hecho con la de Justicia. «Antes de que nadie se quede sin esos servicios básicos, que el Estado se haga cargo», dijo frente a la tesis del vicepresidente Manuel Chaves de que la devolución no es posible.

 

Por último, el anterior mandatario extremeño, Guillermo Díaz Vara, reconoció haber dejado un déficit del 2,7 por ciento, el doble de lo marcado por el Gobierno, y añadió que en su día se presentó un plan de reequilibrio. Vara cifró la deuda de su Ejecutivo en 1.821 millones, frente a los 2.580 denunciados por el del PP, y matizó que todo es asumible porque la ejecución del presupuesto es del 45% y del 74%. El PP respondió que Extremadura está al borde de la ruina y no descarta descubrir más deuda heredada.

 

 

Cientos de jóvenes «indignados» intentaron llegar hasta las puertas del Congreso, lo que fue impedido por la Policía, que desplegó un fuerte dispositivo. Cuatro agentes y siete participantes en la protesta fueron atendidos horas antes por contusiones leves tras el desalojo de medio centenar de acampados en las inmediaciones del Parlamento (en la foto). Representantes del movimiento 15-M entregaron ayer en el Congreso un documento de siete folios, en el que recogen sus propuestas para cambiar el sistema político y económico, al que culpan de las actuales condiciones de vida de la población. El PP tildó de gran noticia el desalojo en la zona de la plaza de Neptuno de «un grupo de señores bañándose en pelota picada».