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La deuda del Principado en tecnología sanitaria crece 19 millones en 5 meses

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La Consejería de Sanidad prevé cerrar el año con un déficit de 55 millones de euros, que se sumará a los 262 millones «heredados»

Foto: Realización de un escáner en un hospital del Principado. 

Los datos.  

Lne.es Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

La deuda de la Administración asturiana con los proveedores de tecnología sanitaria aumentó en casi 19 millones de euros (un 24 por ciento) en los últimos cinco meses, hasta situarse en 96,7 millones de euros, según los datos difundidos ayer por la patronal del sector.

La situación financiera de la Consejería de Sanidad no es fácil. El departamento que dirige José María Navia-Osorio prevé cerrar el año con un desfase presupuestario global de unos 55 millones de euros, que se sumarían a los 262 millones «heredados» del anterior Ejecutivo autonómico. Dicho de otro modo, el próximo 31 de diciembre la sanidad pública asturiana acumulará un déficit aproximado de 317 millones de euros.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) difundió ayer un comunicado en el que indica que el conjunto de las administraciones sanitarias españolas adeudaba a estas compañías, el pasado 30 de septiembre, un total de 4.740 millones de euros, una cifra que supone un aumento del 10 por ciento con relación al pasado 30 de abril. La demora media en el pago de las facturas se situaba en 431 días, frente a los 395 registrados cinco meses antes.

La deuda del Principado en aparataje de uso sanitario ha aumentado más del doble que el conjunto de las comunidades autónomas. Con todo, el retraso de los pagos por parte de la sanidad asturiana es muy inferior a la media nacional (306 días frente a 431). La cuantía que adeuda la sanidad asturiana representa un 2,04 por ciento del total del país.

En realidad, el incremento de esta deuda no supone una gran sorpresa. De algún modo, ya fue anunciado por el consejero de Sanidad en su comparecencia del pasado 14 de septiembre en la Junta General del Principado, en enfrentamiento dialéctico con la diputada socialista Pilar Alonso:

-Pilar Alonso: «Señor Consejero, ¿qué va a hacer a 31 de diciembre si el señor consejero de Hacienda no le permite rebasar el tope de gasto que usted tiene? ¿Va a cerrar hospitales?, ¿va a dejar de pagar?... Déjese de hacer demagogia».

-José María Navia-Osorio: «No voy a cerrar hospitales. Le he dicho que voy a pagar las nóminas, eso espero. Le he dicho que voy a pagar al Colegio de Farmacéuticos, eso espero. Le he dicho que voy a intentar pagar a los hospitales concertados, y eso espero. Le he dicho que me gustaría pagar a los pequeños proveedores, y me temo que no. Y no voy a poder pagar a los grandes proveedores. Y ese dinero quedará deslizado para el año que viene. A mí, de mi bolsillo, no me da para tanto».

En su comunicado de ayer, Fenin alude a «las próximas elecciones generales del 20 de noviembre», y exige, como representante del sector de tecnología sanitaria, «un plan urgente de viabilidad ante la alta morosidad de las administraciones públicas sanitarias». En esta misma línea, la patronal reclama «la implicación directa del Gobierno, con el liderazgo de los ministerios de Sanidad, y Economía y Hacienda», con el objetivo último de garantizar «la supervivencia de un sector vital para la asistencia sanitaria de la población».

Fenin subraya que las deudas acumuladas por las comunidades autónomas «ponen en grave riesgo la supervivencia del sector, traduciéndose en pérdidas de puestos de trabajo, cierre y deslocalización de empresas y alarmante descenso de las inversiones en I+D+i». A juicio de la patronal, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo son los «instrumentos clave para la adopción de compromisos firmes entre comunidades autónomas».

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor deuda en tecnología sanitaria (1.168 millones de euros), seguida de Valencia (886 millones) y Madrid (527 millones). A la Comunidad Valenciana le corresponde la mayor demora de los pagos: 765 días. En el polo opuesto, tanto Navarra como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se hallan dentro de los plazos reglamentarios de pago y no acumulan deuda alguna.

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