El Gobierno se compromete a no restringir el gasto social, «dentro de las posibilidades»

 

 

IU da por hecho que «el año comenzará con prórroga presupuestaria» e insta al Ejecutivo a negociar «con la otra fuerza de la derecha»

 

01.12.11 - 02:37 - AIDA COLLADO AIDA COLLADO | OVIEDO.

 

El Gobierno se comprometió ayer a hacer «el mayor de los esfuerzos», para que «el gasto social no sea objeto de ningún tipo de restricción, dentro de las posibilidades financieras». Un gasto social que en el presupuesto todavía vigente está estimado en más de 2.800 millones, esto es, el 68% del total.

La intención de no tocar el gasto social el próximo año fue enunciada por el Ejecutivo regional ayer, tras la reunión mantenida con los responsables de Izquierda Unida. Fue el primer encuentro de la ronda de negociaciones que el equipo de Francisco Álvarez-Cascos mantendrá con el resto de formaciones políticas, con la intención de consensuar el presupuesto de 2012, del que, según informó el consejero de Presidencia, Florentino Alonso Piñón, ya se está elaborando «un primer borrador». El objetivo es llevar el proyecto a la Junta «lo antes posible», en un intento de evitar la prórroga presupuestaria, aunque ésta, reconoció, «es un escenario que está sobre la mesa»

IU es el único partido que, a día de hoy, ha respondido a la invitación del Alonso Piñón, quien ayer explicó que el PSOE aún «no ha contestado» a la misiva y el PP ha exigido «que se le envíe el documento base» de las cuentas, «antes de sentarse a hablar». El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, avanzó que este documento básico estará listo «en unos pocos días» y, con toda seguridad, «será antes de final de año».

Resaltó que el techo de gasto de 4.069 millones anunciado por el Gobierno para 2012 puede sufrir variaciones «a la baja o al alza», en función de los escenarios macroeconómicos de la región y de España. Por eso, volvió a resaltar la importancia de contar con la «colaboración y cooperación» de la Administración general del Estado.

Recordó que el Ejecutivo regional ya ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno central que se le abonen las partidas «pendientes de transferir» al Principado, que según sus cálculos ascienden a unos 1.640 millones. El titular de Hacienda busca así elaborar un presupuesto de «calidad», que cumpla con los objetivos de estabilidad para gestionar de manera responsable los fondos públicos, «tratando de que ningún asturiano pueda resultar afectado desde la gestión de lo público por la crisis financiera».

La reunión entre Ejecutivo e IU fue valorada de forma positiva por ambas partes. No obstante, el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Jesús Iglesias, dio por hecho que «el año comenzará con prórroga presupuestaria». En su opinión, tras el encuentro se puede asegurar que aprobar las cuentas de 2012 antes de fin de año es «prácticamente imposible». Y quiso aclarar que de momento el Gobierno sólo cuenta con «un escenario presupuestario y una serie de datos sobre la realidad económica» de la región y «no con un documento cerrado».

Iglesias transmitió a los consejeros de Presidencia y Hacienda que su partido está dispuesto a respaldar al Gobierno en las «exigencias para que Rajoy incremente los recursos a transferir a esta comunidad autónoma», así como para que «el sistema de financiación autonómica se cumpla rigurosamente». Aunque dejó bien claro que no apoyará ninguna reducción fiscal, porque sería «una medida suicida en un momento en que la recaudación está cayendo».

Pidió que «los presupuestos de 2012 reflejen lo que se derive de la concertación social que está en marcha», que no asuman «ningún recorte en la financiación de servicios públicos esenciales» y que no supongan «ninguna rebaja en el gasto social».

Asimismo, Iglesias descartó una hipotética moción de censura. «Creo que no es el escenario donde hay que colocarse ahora», aclaró antes de invitar a «las dos derechas» a que «se entiendan». Porque fueron los ciudadanos, aseveró, quienes con sus votos les emplazaron a ello. Y un primer paso sería acordar los presupuestos. De no ser así, la responsabilidad recaería sobre el presidente del Principado, quien debería analizar «hasta dónde puede llegar con sus fuerzas y tomar decisiones más oportunas». Una de ellas, disolver el Parlamento por propia iniciativa.