El déficit lima la fortaleza de la Seguridad Social

Los números rojos amenazan al sistema por vez primera desde que dejó de financiar la sanidad

Foto: Parados hacen cola en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid.- JASPER JUNIN (GETTY)
El País. LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 11/12/2011
El último símbolo de la bonanza económica está a punto de derrumbarse. El sistema de pensiones ha acumulado desde 1999 un robusto superávit que amenaza con convertirse en déficit al cierre del año. Aunque las previsiones del Gobierno apuntaban a un mantenimiento del excedente, el deterioro laboral ha truncado ese propósito y los responsables políticos contemplan ya la aparición de déficit. De producirse, será la primera vez que la Seguridad Social registra un desfase entre ingresos y gastos desde que el organismo dejó de financiar la sanidad pública, es decir, desde que solo sufraga prestaciones sociales, fundamentalmente pensiones.
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El Fondo de Reserva solo es para situaciones de déficit estructural
La despensa para tiempos difíciles acabará 2011 con 66.814 millones
El último símbolo de la bonanza económica está a punto de caer
"Vamos a acabar el año muy apurados", admiten fuentes del Gobierno
Las últimas estimaciones del Ministerio de Trabajo apuntan a un equilibrio muy ajustado o a un mínimo desequilibrio (quizá alguna décima, frente a las cuatro de superávit que se auguraban). "Vamos a acabar el año muy apurados. Hasta agosto la afiliación se comportaba peor de lo previsto, aunque dentro de lo razonable. Pero desde septiembre hemos vuelto a caer con fuerza, cuando lo que esperábamos era una mejora del empleo", admite Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en toda la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El sistema público comenzó a ingresar más de lo que gastaba en 1999. Fue el primer ejercicio en que la Seguridad Social dejó de contribuir a la asistencia sanitaria general, un capítulo del que se había ido retirando paulatinamente desde finales de los ochenta. No se trató de una mera coincidencia: con unos gastos de pensiones aún moderados -en 1999 suponían la mitad que ahora, pues había muchos menos beneficiarios y sus prestaciones eran inferiores- y unos ingresos crecientes -el sistema se nutría del boom económico que se intensificó a finales de los noventa-, el excedente, sin gastos sanitarios, estaba garantizado.
Pero eso acabó. Los pagos han crecido con fuerza durante estos años de más y mejores pensiones, aunque el Gobierno ya contaba con eso en sus Presupuestos. Incluso ha ahorrado en partidas como las bajas médicas o los gastos corrientes. Lo que ha descuadrado las cuentas ha sido la evolución de ingresos, es decir, el volumen de empleo que aporta recursos al sistema. Fuentes del Ejecutivo sitúan en 17 millones de afiliados el punto de equilibrio con las actuales condiciones. Y esa barrera peligra: en noviembre sumaban 17,25 millones y en diciembre se producirá, previsiblemente, una nueva caída.
Ya el año pasado comenzaron a vislumbrarse las grietas de la caja única. Con la contabilidad presupuestaria, la Seguridad Social registró un superávit del 0,2% del PIB, pero se debió al rendimiento patrimonial: 2.792 millones que proporcionó principalmente el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones que se empezó a dotar en el año 2000 para anticiparse a las dificultades. Sin esa aportación, el saldo entre las cotizaciones de los ocupados y el gasto en pensiones contributivas resultaba ya negativo. Y aplicando la contabilidad nacional, homologable con Europa, la Seguridad Social está obligada a recoger el déficit generado por el desempleo, aunque los desequilibrios los abone el Estado. Con ese criterio, el sistema entró en déficit en 2010. La diferencia este año radicará en que el probable desequilibrio se producirá sin necesidad de sumar las prestaciones de paro.
Pese a todo, es precisamente la solidez del Fondo de Reserva lo que resta dramatismo a un déficit al cierre del ejercicio. Desde los 601 millones de euros con que contaba a finales de 2000, esta despensa para tiempos difíciles acabará el año con 66.814 millones (el 6,36% del PIB), suficientes para pagar la nómina de pensiones contributivas durante 10 meses. La entrada en déficit puede provocar la tentación de recurrir por primera vez a esta hucha para abonar las prestaciones. La redacción tanto de la ley que regula el fondo como del reglamento que lo desarrolla aleja, de momento, esa posibilidad, aunque en última instancia dependerá de la voluntad de los próximos gobernantes.
La coyuntura política invita a retrotraerse a 1996, cuando el Partido Popular asumió por primera vez el poder y culpó a los socialistas de haber tenido que pedir un crédito para abonar las pensiones. Octavio Granado deplora esa lectura: "El problema ese año era que no hubo presupuesto y entonces la Seguridad Social abonaba gastos imputables al Estado que no llegaron a transferirse porque no se hicieron las cuentas".
Con la incógnita de lo que decida el PP, el marco legal establece que el Fondo de Reserva solo podrá abrirse para atender situaciones de "déficit estructural" del sistema y las cantidades empleadas para paliarlo no superarán el 3% del gasto en prestaciones contributivas y en su gestión. Es decir, que no constituye una herramienta de la que tirar sin límite ante los números rojos, sino una pequeña ayuda mientras se habilita otra solución. Además, el reglamento define déficit estructural como el que se mantiene un año y medio consecutivo, por lo que habría que esperar al menos ese plazo.
El secretario de Estado de Seguridad Social se muestra categórico en este terreno: "El fondo está para abordar contingencias demográficas, no para resolver situaciones coyunturales". Octavio Granado señala otras vías a las que recurrir antes de tocar la hucha, todo un símbolo de la salud financiera del sistema. Entre ellas cita el fondo de excedentes de las mutuas, el de prevención y rehabilitación, dotado con 4.600 millones de euros, y la tesorería.
Existe otra solución, más compleja políticamente. Se trata de que la Seguridad Social deje de financiar gastos que no le son propios: los complementos a mínimos de pensión. Esta partida, un añadido para prestaciones que no llegan al umbral, es una decisión asistencial y, por tanto, no debe ser financiada con cotizaciones, sino con impuestos. A lo largo de los años, el Estado ha ido corrigiendo el desfase, pero aún existen 4.000 millones que corren a cargo de la Seguridad Social. Si esa brecha se cerrara, el sistema público aún conservaría el superávit previsto. Pero los apuros económicos retrasan cada vez más una práctica que siempre critica la oposición y nunca resuelve el Gobierno, sea cual sea su color.