Los funcionarios alertan del deterioro de los servicios básicos a causa de los recortes

Los sindicatos de la Administración aseguran que hay departamentos, como la sanidad y la educación, donde es necesario aumentar plantilla

Foto: Funcionarios saliendo del edificio de la administración en Llamaquique. 

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 La Nueva España. Oviedo, José Luis SALINAS

Los sindicatos de los funcionarios asturianos alertan de que la supresión del reemplazo de los trabajadores jubilados en la Administración pública, que se viene aplicando en los últimos meses y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende prolongar en 2012, puede pasar una cara factura a algunos de los servicios, especialmente en a la educación y la sanidad. Los representantes sindicales sostienen que las plantillas en muchos casos ya se encuentran muy ajustadas, y destacan que, incluso, en algunos servicios como el caso del ERA, el organismo del que dependen las residencias de ancianos de la región, es necesario aumentar plantilla para seguir manteniendo la calidad del servicio.

A los sindicatos tampoco les ha gustado nada la nueva congelación salarial que pretende seguir aplicando el Gobierno nacional durante el próximo año, que previsiblemente se aprobará el viernes, y temen incluso que pueda haber un nuevo recorte. El anteproyecto de la ley de Presupuestos regionales recoge también la congelación salarial.

Según los cálculos sindicales, en los últimos años (desde que en 2010 el Ejecutivo, que por entonces presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera recortarles un 5% sus salarios) las retribuciones de los funcionarios han sufrido un descenso del 14%. En el anteproyecto de ley de Presupuestos que presentó recientemente el Gobierno asturiano se recoge que los gastos de personal crecerán en Asturias durante el próximo año un 0,19%. Este incremento se deberá a que el Principado ha tenido que asumir la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa y por el aprovisionamiento económico que ha tenido que hacer el Ejecutivo ante las últimas sentencias que reconocen el derecho a sexenios (un aumento de la paga que se produce por cada seis años de trabajo para la administración) del personal interino perteneciente a la educación, y que en los últimos meses han generado un enorme número de litigios, ya que muchas administraciones solo reconocían este aumento para algunos funcionarios. Descontando estos dos factores, señala el Gobierno regional, el gasto en personal sufriría un descenso del 1,3%. Aún así, según las cuentas presentadas, esta partida de gastos llegará a los 729,6 millones durante el próximo año. Enrique López, secretario de organización de la CSI y portavoz de la junta de personal, afirma que la congelación es «injusta».

José Luis González, coordinador del sindicato USIPA, explica que «la idea es la de cubrir solo los puestos de trabajo a los que se esté obligado. Es evidente que el servicio no va a ser el mismo». De hecho, Enrique López destaca que la plantilla de empleados públicos está mal equilibrada. «Hay determinados servicios en los que se necesita gente y que son precisamente donde más se está hablando que se va a recortar, como son la educación, la sanidad y la asistencia social», asegura López

También, el portavoz de CSIF, Juan Gavira, asegura que los sacrificios que se están pidiendo a los funcionarios españoles son «una barbaridad». Y destaca que «hay servicios que comienzan a estar en mínimos, y se van a acabar resintiendo». Según Gavira, «los trabajadores públicos estamos siendo los verdaderos paganos de la crisis por el mero hecho de tener un trabajo fijo».