El Gobierno impulsará su propia reforma laboral tras fracasar el diálogo social

Patronales y sindicatos no negociaron el fin de semana pese al llamamiento del Ejecutivo

Despidos, contratación y salarios son los principales escollos

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ayer en Málaga. efe

La Nueva España. Madrid, Agencias

El Gobierno comenzará a elaborar a partir de hoy una nueva reforma laboral tras concluir ayer el plazo que el Ejecutivo había concedido a los agentes sociales sin que éstos hayan alcanzado un acuerdo sobre los asuntos fundamentales de la negociación. La contratación, los despidos y los salarios son las cuestiones que al final imposibilitaron el acercamiento de posiciones.

 

Pese a los nuevos llamamientos realizados ayer por el Gobierno, y en particular por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en los que se pidió a patronales y sindicatos esfuerzos adicionales, durante todo el fin de semana no hubo ni siquiera reuniones.

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabajará a partir de hoy en el anteproyecto de ley de una nueva reforma del mercado de trabajo con el fin de aumentar la flexibilidad interna de las empresas y de la contratación y poder frenar el paro. Fuentes sindicales confirmaron que no ha habido contactos entre los agentes sociales este fin de semana y que tampoco «estaban previstos», por lo que no han tratado ningún aspecto.

 

Los sindicatos aseguraron que están dispuestos a seguir negociando después de la fecha límite establecida por el Gobierno y adujeron que la patronal, sabedora de la existencia de un límite temporal, habría preferido la falta de acuerdo en la confianza de que la reforma que haga el Gobierno sea más próxima a los intereses empresariales que la que hubiesen logrado con una solución pactada.

 

De esta forma, UGT, CC OO, CEOE y CEPYME se remiten al documento de 67 páginas firmado por las dos partes el pasado martes y enviado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Este acuerdo preveía pactos en materias de resolución extrajudicial de conflictos, de formación profesional, de mutuas y sobre la racionalización del calendario de festivos, pero fue calificado de «insuficiente» el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

 

Durante todo el fin de semana tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la Vicepresidenta y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, urgieron a los agentes sociales a que agotaran el plazo marcado y aportaran soluciones sobre asuntos «troncales» como la flexibilidad interna de las empresas o el absentismo laboral.

 

Sáenz de Santamaría reiteró ayer mismo que debían «apurar las horas y los minutos» porque la reforma laboral es necesaria para crear empleo.

 

El sábado, Báñez había advertido de la necesidad de hacer una reforma «decidida y equilibrada».

 

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, reconocieron que las posturas en materia salarial y de contratación están muy alejadas, aunque el dirigente de CC OO tampoco ve imposible un acuerdo.

 

Sin embargo, en lo que sí coinciden tanto empresarios como sindicatos es en que la negociación colectiva y los asuntos relativos a la contratación y despidos son «bilaterales» y así lo hacen constar en el texto del documento enviado a Empleo. Toxo y Méndez califican de «maximalistas» las propuestas de la patronal en la última recta final de la negociación, ante la iniciativa de congelar los salarios. El presidente de CEPYME, Jesús Terciado, pidió al Gobierno hace unos días que tomara de inmediato las decisiones que considerara oportunas porque «volver a negociar sería perder el tiempo» y consideraba que la negociación ya no tenía recorrido.

 

El Ejecutivo se ha comprometido a que una nueva reforma laboral esté cerrada en el primer trimestre del año, después de que el anterior Gobierno socialista aprobara otra reforma del mercado de trabajo por decreto ley tras meses de negociación de los agentes sociales y que también terminaron en fracaso.

 

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que el empleo, «una responsabilidad y una prioridad de los políticos, pero también de todos los agentes sociales», es «el principal objetivo de España».