El colegio médico plantea devolver al Estado la gestión de la sanidad

Carmen Rodríguez achaca el déficit sanitario de las regiones a la mala gestión

Foto: Un empleado organiza la distribución de productos farmacéuticos. ARMANDO ÁLVAREZ

19/01/2012 00:00 / Susana D. Machargo Oviedo

Hay fórmulas para combatir la deuda sanitaria de las comunidades autónomas. Al menos hay tantas fórmulas como colectivos relacionados con el sector. Cada uno tiene la suya. Solo coinciden en que urge tomar decisiones. El sistema público es sostenible pero no con la actual gestión. El Colegio Oficial de Médicos de Asturias cree que es necesario replantearse el Estado de las autonomías, que se ha convertido en un pozo sin fondo. Los proveedores piensan que es necesario ajustar el gasto a los ingresos reales para no acumular déficits astronómicos. La federación de usuarios aboga por incrementar los ingresos con nuevas tasas y con implantar un nuevo modelo de dirección. El Ministerio de Sanidad se limitó ayer a recordar las medidas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado para aliviar las arcas regionales, no solo en materia sanitaria sino de déficit global.

 

Las reacciones se producen 24 horas después de que el consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, cifrara en más de 300 millones lo que la Administración asturiana debe a los proveedores sanitarios y reclamara al Gobierno central su mediación. Navia-Osorio admite que Asturias está mejor que otras comunidades, pero como el problema afecta en mayor o menor medida a todas, cree que se ha convertido en una cuestión de Estado.

 

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, comparte el análisis y es las más contundente a la hora de buscar soluciones. Carmen Rodríguez, que es la esposa de Enrique Álvarez Sostres, diputado de Foro, aplicaría el bisturí a las autonomías y devolvería competencias al Estado. Cree que la raíz del problema está en las transferencias del ministerio a las regiones y en la mala gestión de los diferentes Ejecutivos autonómicos a lo largo de los años. Porque la presidenta cree que más grave, incluso, que la deuda es la pérdida de calidad en el servicio y la diferencia en equidad y en prestaciones que se ha generado entre diferentes comunidades.

 

Cortar por lo sano La solución: que el Estado recupere las riendas y vuelva la caja única para los servicios básicos. Rodríguez sostiene que el mejor ejemplo es trasladar las grandes cifras del sistemas sanitario a la economía doméstica. Si una familia tiene tres casas y no las puede mantener, lo normal es que las cierre y se quede solo con una, la que puede pagar. Esta filosofía es aplicable a la sanidad.

 

¿No se ha acercado entonces el sistema sanitario al ciudadano y ha mejorado la calidad asistencial? La presidenta del colegio afirma que, más bien, se han creado “17 virreinatos” poco eficientes que han degenerado en “una auténtica sangría económica”. Ese mismo pensamiento lo traslada a la sanidad y la justicia.

 

Los proveedores utilizan argumentos más prácticos. Quieren que las Administraciones paguen lo que deben. Si trasladan su visión a la economía doméstica, tal y como propone Carmen Rodríguez, se traduce en que abonen en los plazos estipulados por la ley y que no gasten cantidades que no pueden afrontar. Así de sencillo. La Federación Española de Proveedores de Tecnología Sanitaria (Fenin) reconoce que la situación “es grave”. De seguir acumulándose más deudas, las empresas “no podrán soportar la situación y llegará un momento en que no serán capaces de seguir distribuyendo sus productos”, matizan sus portavoces.

 

No obstante, el panorama no es igual de desesperado en todas las comunidades, por lo que los integrantes de Fenin afirman que el problema no está solo en la crisis sino que también radica en la mala cabeza de los gestores autonómicos. Así, mientras Navarra está cumpliendo la normativa vigente, que fija un plazo máximo de 50 días para abonar los productos sanitarios, y País Vasco, Ceuta y Melilla lo superan por poco, Valencia tarda en pagar 760 días, es decir más de dos años.

 

¿En qué situación se encuentra en Asturias? La Consejería de Sanidad del Principado está en la mitad de la tabla y empeorando. Los últimos datos oficiales son del mes de septiembre, aunque ya está a punto de salir una nueva actualización. En esa fecha, y según las cifras que baraja Fenin, los proveedores sanitarios tardaban en cobrar de la Administración asturiana una media de 306 días. El balance era peor que el registrado en junio, antes del cambio de Gobierno que situó a Foro al frente del Ejecutivo, cuando la demora era de 260 días.

 

Los proveedores dicen que si es necesaria la intervención del Estado, tal y como plantea José María Navia-Osorio, cuanto primero se haga mejor, porque la evolución es negativa y no hay visos de mejora.

 

Los usuarios ven futuro En cambio, hay quien cree que las autonomías tienen margen de maniobra, como es el caso de Carlos Ponte, presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y responsable de UCI en el HUCA. Ponte no es un iluso. Pone sobre el tapete medidas concretas: poner en marcha una política efectiva de precios, aplicando el criterio de coste/efectividad, tal y como ya se hace en Inglaterra; y también incrementar los ingresos, por ejemplo con una nueva subida de los impuestos al tabaco, que además serviría para profundizar en las políticas de deshabituación. La asociación propone, por tanto, atacar en un frente doble, el del ahorro, racionalizando el gasto en las compras, y también mejorar la recaudación, por la vía impositiva.

 

De todos modos, Ponte, sin negar la gravedad de la situación, cree que se está haciendo un uso político de la deuda sanitaria para hacer recortes sin contestación social. De hecho, se pregunta por qué nadie se asusta del déficit en Defensa, que es mayor.