Presentada la norma tras el Consejo de ministros de ayer

El Estado multará e intervendrá a los que incumplan el déficit

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Hacienda enviará una delegación a comunidades y ayuntamientos que se desvíen de su plan económico

M. J. GÜEMES / D. MEDIAVILLA, Madrid, en Público.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará el próximo lunes al Consejo Europeo con el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera bajo el brazo. Los dirigentes conservadores no dejaban este viernes de destacar que, en este sentido, España es "pionera" y presumían de que el jefe del Ejecutivo iba a demostrar con ello "su capacidad de liderazgo".

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue la encargada de presentar la norma junto al responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro. En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la número dos aseguró que se trata de una "reforma estructural de primer orden" que cuenta con el consenso territorial de Comunidades y corporaciones locales. Además, comentó que su intención era sumar a este acuerdo a los partidos políticos, a los que este viernes por la tarde se trasladó el texto.

Esta ley obliga a todas las administraciones a presentar déficit cero a partir del año 2020 y a ir reduciendo sus actuales niveles para llegar a esa meta. También prevé que si una de ellas no cumple los objetivos de consolidación fiscal debe presentar un plan económico para corregir la situación en un año. Si no se ajusta a lo previsto tendrá que realizar un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal. Si a los seis meses sigue sin apretarse el cinturón, esta especie de fianza se convertirá en multa. Y si a los nueve meses persiste en su actitud, el Gobierno enviará una delegación para valorar la situación.

"La visita no es amable, es una forma de intervención", reconoció Montoro. Recordó que es lo que se hace en la Unión Europea con la "llamada troika", como en el caso de Grecia. "Consiste en poner los deberes, trabajar en paralelo y, en definitiva, hacer los ajustes correspondientes", resaltó. Cuando le preguntaron si el Estado se iba a "imponer", dijo que esta palabra le parecía "exagerada". "No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", indicó.

Montoro explicó que este paso se ha dado para que España "no tenga sanciones" por parte de Bruselas y anunció que si esta las impone, las asumirá "el responsable". Si no hay problemas, se autorizará la emisión de deuda, habrá subvenciones y se suscribirán convenios.

El titular de Hacienda, que fue el encargado de dar todos los detalles, explicó que esta ley desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución que los socialistas llevaron a cabo el pasado verano para controlar el gasto público, contemplando un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.Y añadió que a ella se habían incorporado "todas las exigencias derivadas de la normativa europea permitiendo una adaptación continua y reformista".

Control exhaustivo

El control del Gobierno va a ser exhaustivo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya adelantó en su día que los presupuestos iban a ser estudiados con lupa. Desde el Foro de Davos, indicó que la nueva Ley va a ser "más estricta" que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con los países de la zona del euro.

Mientras lanzaba ese mensaje mirando a los mercados, Montoro jugaba en casa y trataba de no soliviantar a comunidades y ayuntamientos. Así afirmó que en cuanto a liquidez, se buscara cómo evitar cualquier quiebra. Y también defendió que desde el Ejecutivo se iba a tener "un cuidado extremo en no interferir en la autonomía y en su capacidad de autogobierno". "Respetamos al máximo el Estado de las Autonomías", garantizó. Eso sí, recordó, que antes de aprobar sus cuentas todos deberán informar de "sus líneas fundamentales".

"Casos excepcionales"

Montoro, que habló siempre de "medidas correctivas", destacó que todas las administraciones, como el Estado, tendrán que aprobar un techo de gasto. El texto introduce la deuda pública por debajo del 60% como criterio de sostenibilidad presupuestaria. Además, deberán presentar superávit o equilibrio y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo "en circunstancias excepcionales".

Por estas se entiende que estén inmersas en "reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo" o en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

El gasto de las administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y la prioridad es pagar primero los intereses de la deuda para dar seguridad a los inversores.

Montoro recordó que "la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional crezca". Y que cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB. Con ello se persigue la consolidación fiscal, además de una reducción del déficit y la deuda pública para lograr la recuperación del crédito y asegurar el Estado del Bienestar."El pago de los intereses de la deuda está detrayendo muchos recursos que podrían destinarse a sufragar los servicios públicos esenciales", apuntó Santamaría.

A partir de ahora, se tratará de contar con el apoyo del PSOE y de CiU, que en verano no respaldó la reforma de la Carta Magna. Los socialistas reconocían que esta es necesaria, aunque no debe "asfixiar" el crecimiento económico. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se desmarcaba por completo incidiendo en que no contaba, al menos, con el respaldo "de 2.200 municipios" de España, en manos del PSOE. El PNV la ve con "reticencias" y va a vigilar la tramitación parlamentaria para que no se vulnere la singularidad financiera y fiscal de las diputaciones forales vascas. IU dijo que era "una política equivocada" para "favorecer ciertos intereses económicos" y desde Unión Progreso y Democracia (UPyD) se criticó la "severidad fingida" en las sanciones.