La patronal pide restringir ahora el derecho de huelga

El presidente de la organización, Joan Rosell, quiere que se reforme la ley «lo más rápidamente posible»

Apoya el contenido de la nueva legislación laboral y dice que no está hecha a medida del empresario

Foto: Jesús Terciado, presidente de Cepyme, y Joan Rosell, presidente de la CEOE.

La Voz de Asturias. 16/02/2012 00:00 / Daniel Mediavilla Madrid

Mientras los representantes de los trabajadores critican con dureza la nueva reforma laboral, los empresarios dicen que por fin “el Gobierno ha cogido el toro por los cuernos”. Sin embargo, el presidente de CEOE. Juan Rossel quiso dejar claro ayer que esta reforma “no es un traje a medida de los empresarios”. Pese a agradecer el abaratamiento del despido hasta acercarlo a los principales países de Europa y el incremento de la flexibilidad interna de las empresas (para que el empresario puede bajar el sueldo o cambiar el lugar de trabajo de forma unilateral), Rosell dejó claro que a la patronal aún le quedan objetivos por conquistar. Uno de los principales es el de modificar “lo más rápidamente posible” la regulación del derecho de huelga que recoge la Constitución.

 

El cambio de la ley de huelga, que se aprobó por real decreto en 1979, es necesaria según Rosell para evitar que “por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros”. Esta demanda de la patronal es antigua y ya se había plasmado, por ejemplo, en un documento de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). En aquel informe, presentado en octubre del año pasado, se pedía restringir el ejercicio de la huelga “en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y empresas”, y reclamaba que esta y otras medidas de inclinación neoliberal fuesen asumidas con urgencia por CEOE para trasladárselas al próximo Gobierno. Peticiones como la que formuló ayer Rosell también han brotado de la boca de algunos miembros del Partido Popular como Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo a raíz de la huelga del metro de Madrid de 2010, que no tenía ninguna duda de que el país necesitaba una normativa que regule la convocatoria de paros “para que los sindicatos no puedan tomar como rehenes a los ciudadanos”. Entonces, Aguirre lamentaba que los representantes legítimos de los trabajadores siguiesen teniendo poder para colapsar ciudades, algo que en su opinión “no es propio de un país democrático”. Por si alguien confía en que los deseos de Rosell y la CEOE no pueden hacerse realidad tan pronto, es necesario recordar que el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tuviesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión. Aunque esta enmienda no se ha incluido en el decreto, el Gobierno va a tramitar como proyecto de ley la reforma y ya ha amenazado con mejorar la norma.

 

Rebajar cotizaciones Otro de los argumentos de Rosell para defender que el Gobierno no ha diseñado una reforma a medida de la patronal, es que no se ha tratado la rebaja de las cotizaciones sociales, otra demanda histórica de la CEOE. Pese a señalar las faltas del ímpetu reformista del Ejecutivo, Rosell aseguró que sus quejas no se han incrementado por patriotismo: “Reconocemos cuál es la situación del país”, dijo. No obstante, reconoció también que, en su opinión, la reforma laboral “va en la buena dirección”.

 

Uno de los cambios que le gustan a la patronal es que “ahora las causas de despido son más claras y los importes similares a los de los países europeos con los que competimos”. “Ni más ni menos”, apuntó Rosell. Al empresario catalán le parece que los porcentajes de despido improcedente de hasta el 80% antes de la reforma laboral de Zapatero, y del 66% ahora, indican que hay algún problema en la legislación. “No es posible que los empresarios lo estemos haciendo tan mal”, afirmó.

 

Además, CEOE ha valorado que la reforma introduzca elementos que facilitan la flexibilidad interna, porque antes los empresarios no tenían a su disposición fórmulas de reestructuración y la única solución que quedaba era despedir, según Rosell.Preguntado por la generalización del despido procedente con 20 días de indemnización salvo que el trabajador recurra a un juez, Rosell esgrimió que aún hay una gran mayoría de empresas del IBEX que no tienen pérdidas, la condición que, según Rosell, justificaría el despido procedente de acuerdo a la nueva norma.