Los despidos colectivos se disparan y dejan sin empleo a 1.161 asturianos en 4 meses

La delicada situación de la economía  El trabajo

Asturias fue en enero la cuarta región con más trabajadores afectados por regulaciones

La reforma laboral facilita y abarata los ERE desde febrero

Lne.es » Economía   Oviedo, L. GANCEDO

La recaída de la actividad económica provocó a partir de octubre del pasado año un fuerte aumento de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Asturias y la destrucción por esta vía de 1.161 puestos de trabajo en cuatro meses, según datos del Ministerio de Empleo. Ese incremento se produjo ya antes de la aplicación de la reforma laboral, que facilita y abarata el procedimiento de los despidos colectivos.

 

Las cuentas del Ministerio conocidas ayer llegan hasta finales de enero. No reflejan, por tanto, los posibles efectos de la reforma laboral, que entró en vigor como decreto del Gobierno el pasado 12 de febrero, aunque a la vez se tramita como proyecto de ley en el Parlamento. Enero fue uno de los peores meses de la crisis, con 113 regulaciones de empleo y 1.336 trabajadores asturianos afectados, entre ellos 419 que perdieron sus empleos. Este último resultado convirtió a Asturias en la quinta autonomía con más despidos colectivos, por detrás de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

 

El incremento de los expedientes de regulación, sobre todo en su variante de extinción de contratos, se aceleró después del verano de 2011, coincidiendo con un bache de la actividad industrial y, especialmente, con el agravamiento de los problemas en la construcción. En el último trimestre del año entraron en preconcurso y plantearon ajustes de plantilla constructoras asturianas como Ceyd y Contratas Iglesias. A escala nacional, los ERE han aumentado con fuerza en tres grandes sectores: servicios (51% de aumento), industria (47%) y construcción (32%).

 

Tras la reforma laboral, los sindicatos temen que los expedientes de regulación de empleo se incrementen aún más y que empeoren las condiciones de salida de los trabajadores en los casos de extinción de contrato. El decreto del Gobierno suprime la autorización administrativa previa para los ERE. La exigencia de esa autorización, hasta ahora competencia del Estado o de las autonomías, según los casos, forzaba a las empresas a buscar acuerdos con los representantes de los trabajadores. Era así porque, de hecho, la autoridad laboral solía exigir tal acuerdo para dar su conformidad. Esa práctica reforzaba la posición negociadora de los comités de empresa y, con ello, la capacidad de los trabajadores afectados para obtener indemnizaciones por despido más elevadas, por encima de los 20 días por año de antigüedad que marca la ley para los despidos colectivos por razones económicas. La reforma laboral abre paso, con la desaparición de la autorización previa, a que las empresas apliquen los expedientes con más facilitad y menores costes.