La solitaria voz a favor del presidente del Consejo General de Enfermería, a favor ¿no será porque les han prometido devolverles lo de la “colegiación obligatoria” en la sanidad pública?

El coste del repago farmacéutico

Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública auguran que el gasto de gestión de cambiar la tarjeta sanitaria será superior a los ingresos previstos

Foto: Susana Pérez Alonso, Presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanidad y Enfermos Crónicos, que tacha la medida de “despreciable”.

Oviedo, M. S. M. / Agencias, en La Nueva España

El anuncio del repago farmacéutico realizado el miércoles por la ministra de Sanidad, Ana Mato, no parece haber dejado a nadie indiferente. Desde el mismo momento en que se anunciaron las medidas con las que Sanidad quiere ahorrar más de tres mil millones de euros no han parado de sucederse declaraciones a favor y en contra del recorte.

Ayer mismo se ha sabido que la medida que obligará a los pensionistas a pagar sus medicamentos requerirá una inversión de 470 a 900 millones de euros en el cambio de las tarjetas sanitarias de todos los españoles.

De hecho, según estas estimaciones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el gasto de gestión será superior a los ingresos previstos «al menos durante el primer año», afirmó la entidad, censurando que con este nuevo copago se «penaliza a los más enfermos y los más pobres». La FADSP también tiene dudas de la devolución de dinero a los pensionistas que superen los topes mensuales, ya que esa gestión es «complicada», y temen que «el plazo previsible de la misma seguramente se prolongara mucho tiempo», sobre todo cuando «hay demoras en el pago a proveedores que superan el año».

A las críticas de los defensores de la sanidad se oponen los que, como el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, consideran que las medidas son «necesarias, correctas y razonables», pero, al mismo tiempo, «claramente insuficientes por sí solas» para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

González Jurado aseveró que «resulta imprescindible tomar urgentemente medidas respecto a ámbitos como la gobernanza, la equidad y la eficiencia», porque el sistema sanitario no es «ni sostenible ni eficiente», y no cumple «con principios de la ley General de Sanidad ni de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud».

Ante esta realidad, considera «necesario y urgente» poner en marcha reformas estructurales que corrijan las «importantísimas deficiencias» que existen y «permitan garantizar la sanidad para todos los españoles, y dotarla de la fortaleza necesaria para que cuente con plenas garantías de futuro».

El secretario nacional de sanidad y asuntos sociales del PP, José Ignacio Echániz, se sumó ayer al debate con unas declaraciones polémicas. A su juicio, imponer el copago farmacéutico supone para los pensionistas «sólo cuatro cafés al mes». En una entrevista con la COPE, el también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha señaló que la medida, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, se incorpora al sistema sanitario en «unos momentos tremendamente difíciles». «El pensionista al que más le van a costar las medicinas al mes pagará ocho euros; eso son cuatro cafés, un café a la semana, 0,20 céntimos al día», comentó.

Echániz cree que la puesta en marcha de los nuevos baremos para pagar los medicamentos en función de la renta va a ser «muy ágil y rápida», y ha dicho que se incorporará fácilmente a la tarjeta sanitaria.

Las palabras del dirigente del PP fueron respondidas ayer mismo por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que calificó de «cruel» y «muy poco inteligente» que el responsable de Sanidad de Castilla-La Mancha haya dicho que el copago de los medicamentos para los pensionistas «son cuatro cafés».

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares también aseguró ayer, en Oviedo, que la puesta en marcha de un sistema recaudatorio para cobrar los medicamentos a los ciudadanos en función de sus rentas tendrá un mayor coste para las arcas públicas que las cantidades que se obtengan. Llamazares anunció una pregunta de su grupo parlamentario al Gobierno sobre el coste de implantar un aparato de recaudación y gestión del que carece la administración sanitaria.

A su juicio, las explicaciones de la ministra de Sanidad suponen «un monumento a la hipocresía» y tratan de ocultar que el Gobierno ha puesto en marcha un impuesto añadido «a los débiles: los enfermos, los crónicos y los ancianos».

En Asturias, la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanidad y Enfermos Crónicos, Susana Pérez Alonso, se mostró ayer contraria a las medidas anunciadas. A su juicio, «pedir que el jubilado abone las recetas es absolutamente despreciable y una medida falta de cualquier rigor económico». También pide aclaraciones de cómo va a gestionarse la medida en lo que se refiere a los crónicos, ya que, a su juicio, «en España no existen enfermos crónicos, sino fármacos de precio minorado que son los que deciden quién es enfermo crónico o no».