Quince organizaciones sociales se rebelan contra los recortes en sanidad
Remiten una carta a los diputados del Parlamento pidiéndoles que voten contra el Real Decreto de Salud que presenta el Gobierno
El Comercio. 15.05.12 - 00:19 - E. C. | MADRID.
Quince organizaciones sociales se han unido para redactar una carta dirigida a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que pasado mañana voten en contra del Real Decreto de reformas llevado a cabo por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Todas ellas consideran que esta normativa vulnera el principio de equidad.
En concreto, la misiva está firmada por Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Standing Committee of European Doctors, la asociación Convivir sin racismo, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español, Karibu, Médicos del Mundo, el Centro de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia (Mugak), el Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Pueblos Unidos, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.
Todos ellos aseguran que el Decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy implica un cambio «importante» en la concepción de la atención sanitaria que se conoce hasta la fecha. Además, recuerdan que una modificación de «estas envergaduras» requiere un debate previo abierto tanto en el Parlamento como entre aquellas entidades que trabajan en estos campos. «Sólo de esta manera se garantizarían y respetarían los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin tener en cuenta su lugar de nacimiento», recalcan.
Asimismo, las quince organizaciones destacan a los diputados la situación a la que se enfrentan los inmigrantes, tras la aprobación de esta norma, y les recuerdan que sólo «unos 150.000 extranjeros» tendrán derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, salvo en el caso de mujeres embarazadas y en menores. «Estas medidas van a traer consigo una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país y puede provocar en la práctica, no sólo el colapso de las zonas de urgencias de los hospitales españoles, sino la división entre los ciudadanos con plenos derechos y los que no los tienen», aseguran las organizaciones.
Derechos fundamentales
Asimismo, las organizaciones y entidades reunidas para esta campaña reivindican un sistema sanitario «universal y gratuito» cuyo acceso esté normalizado y gestionado por la Administración pública para todas aquellas personas que viven en países vecinos. Además, instan al Gobierno a que tenga «en cuenta» las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que aconseja que el acceso a la sanidad necesaria debe «facilitarse» a los inmigrantes irregulares con arreglo a los «mismos criterios» que los nacionales y «aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones».
Por último, se hacen eco de los pronunciamientos de otros colectivos profesionales sanitarios que durante las últimas semanas han anunciado su decisión de hacer objeción de conciencia a las consecuencias de la reforma como, por ejemplo, el Sindicato Médico de Asturias, el Consejo General de la Abogacía, la Fundación Salud y Familia, la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, Informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España o la Red de Colegios Médicos.
El Principado admite que el ajuste de Rajoy llevará al paro a medio millar de docentes
Los sindicatos esgrimen que despedir a 500 interinos será «un drama humano y no supondrá gran ahorro»
15.05.12 - 00:21 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO.
Después de semanas de bailes de números e incertidumbre entre el profesorado, la Consejería de Educación y Universidades del Principado se atrevió ayer, finalmente, a cifrar el número de docentes asturianos que se quedarán en la calle tras el plan de ajuste impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy: medio millar. Una cantidad que, a juicio de los sindicatos, «además de un ataque frontal contra la enseñanza pública, a la que se pone a los pies de los caballos, es un drama humano y ni siquiera supondrá un ahorro económico apreciable».
La consejera del ramo, Ana Isabel Álvarez, dejó caer el cálculo como un mazazo durante la reunión celebrada por la mañana con los sindicatos de la Junta de Personal Docente. Una cita que, según explicó la Federación de Enseñanza de CC OO a su término, «sirvió para confirmar los peores pronósticos sobre la incidencia de las medidas de recorte en la enseñanza pública asturiana».
Esa pérdida de puestos de trabajo de interinos el próximo curso 2012/2013 es la consecuencia directa de las medidas de aplicación inmediata: aumento de 20 a 25 del número de alumnos por aula de Infantil de tres años e incremento del horario lectivo a 20 horas en Secundaria, dos más que ahora. Aunque CC OO sospecha que «pueden ser bastantes más de mil» los docentes que se queden en el paro.
Este es, según la valoración de Suatea, «el panorama en el mejor de los casos. Es decir, si presuponemos la buena voluntad por parte de la actual consejera».
Una consejera que, añade Comisiones, «sigue en su línea, intentando justificar la pretensión del Gobierno de Asturias de mantener en niveles bajos la incidencia de las medidas gubernamentales, pero siendo disciplinada en la aplicación. Y, por supuesto, lejos de plantearse la insumisión o el recurso» frente al decreto de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, «un instrumento perverso que socava los cimientos de la enseñanza pública».
Pero es que las cosas, continúa Suatea, son susceptibles de empeorar, ya que, «si se cumplen la amenaza de intervención de Asturias por parte del Gobierno Central y la aprobación el próximo día 17 en el Congreso de los Diputados de los recortes salvajes, puede darse el caso de que se aplique dicha ley a rajatabla, lo que conllevaría la vuelta a la educación de los años 70».
O lo que es lo mismo: «De cara al próximo curso nos encontraríamos con aulas masificadas (hasta 30 alumnos por aula en Educación Infantil y Primaria, hasta 36 en Secundaria y hasta 42 ampliables hasta 46 en Bachillerato y FP), el despido de hasta 2.000 interinos, la mengua significativa de recursos para el alumnado de necesidades educativas especiales, numerosas escuelas rurales abocadas al cierre, la reducción de la oferta de modalidades del Bachillerato, lo que condenará a importantes comarcas de Asturias a una única opción, el abandono de determinados programas de apoyo y la no implantación de los ciclos de FP actualizados».
Todo este rosario de males repercutirá, necesariamente, «en la calidad de la enseñanza pública asturiana, algo que la propia consejera reconoció», explicó FETE-UGT, que precisó, además, que resultan «especialmente inaceptables en un momento en el que se toma la decisión de ampliar los conciertos en dos colegios de Oviedo».
«Esta Administración, ante la posible necesidad de crear nuevas unidades, se ha decantado por la red privada, en detrimento de la red pública. Una decisión de tipo ideológico que pone de manifiesto que en tiempos de crisis hay dinero para unos en perjuicio de otros», concluyó UGT, que también mostró su oposición a «la modificación del calendario escolar que la Administración ha realizado de forma unilateral, trasladando el final de curso en Primaria del 19 al 21 junio y en Secundaria, del 21 al 25». Dos jornadas más en Primaria y cuatro en Secundaria.
Y mientras que ANPE ponía el acento en que la consejería niega también la posibilidad de adhesión a más profesionales al Plan de Evaluación Docente, los sindicatos volvían a exigir «a este Gobierno y al que esté por llegar que rectifique, pues la educación pública, que es un pilar básico en el Estado del Bienestar, no admite ni un recorte más». De lo contrario, amenazan, la huelga del próximo día 22 será masiva.
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