«Con ella dejamos de depender de la caridad»

El Comercio. 30.09.12 - 02:40 -CHELO TUYA | GIJÓN.

Fue la primera ley del sector y obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contar en su plantilla con discapacitados

Los colectivos de discapacidad celebran el trigésimo aniversario de la Lismi, pero critican su incumplimiento

«Para nosotros fue muy importante, porque, con ella, dejamos de depender de la caridad. Las necesidades de las personas con discapacidad pasaron de ser consideradas objeto de beneficiencia a derechos que cumplir, pero, como todas, tampoco se ha cumplido».

José Luis Crespo, presidente de la Federación Asturiana de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps) resume lo que para los colectivos de las personas con discapacidad ha supuesto la Ley de Integración Social del Minusválido, más conocida como la Lismi, no sólo porque la comodidad de utilizar abreviaturas, sino porque la discapacidad lleva años rechazando que minusválido sea su sinónimo.

Creada hace ahora 30 años -en abril de 1982- la Lismi fue el más claro ejemplo de lo que las personas con discapacidad llevan años diciendo «hasta que un político no tiene un problema, no se busca solución». El padre de la Lismi es Ramón Trías Fargas, diputado catalán ya fallecido, que tenía un hijo con síndrome de Down.

De su lucha para que Jordi tuviera los derechos que le ampara el artículo 49 de la Constitución nació la Lismi, que supuso el primer paso para la igualdad de oportunidades entre personas con o sin discapacidad. Establecía derechos, pensiones y, sobre todo, la obligatoriedad de que todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla incluyeran empleados con discapacidad. Un 2%. Sin embargo, como todas las leyes relativas a este colectivo, nunca fue cumplió del todo.

«Fue un acierto, porque obliga a la contratación, pero se ha incumplido y se sigue incumpliendo. Se lleva a rajatabla la legislación española en otras materias, pero lo que afecta a nuestro colectivo se ve incumplido continuamente», confirma Mario García, presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad (Cocemfe). En su opinión, que España sea pionera en normativas para respetar los derechos de las personas con discapacidad, «no sirve de nada si seguimos incumpliéndolas todas».

Porque, como señala José Luis Crespo, «nunca se logró que se cumpliera el mínimo establecido, un 2% de personal con discapacidad en plantillas de más de 50 trabajadores», sobre todo porque «ni siquiera lo cumplió la propia administración». De hecho, el Principado anunciaba una campaña en 2005 para perseguir a las empresas que no cumplieran con esa ley. 23 años después de entrar en vigor.

Medidas alternativas

Con esos mimbres, en el año 2000 el Gobierno decide reformarla, incluyendo las denominadas medidas alternativas. Es decir, se permite a las empresas que no cumplan con la reserva de empleo, siempre que compren bienes, formalicen un contrato con un Centro Especial de Empleo o a un autónomo con discapacidad.

Ese salvavidas para las empresas con más de 50 empleados en plantilla tampoco ha sido la panacea de la Lismi. Mario García asegura que «vamos a seguir reclamando que se aumente el control con inspecciones rigurosas y continuadas para que esto no ocurra», en una campaña que no se limita a la persecución, sino que desde Cocemfe «vamos a continuar actuando de una manera muy intensa a través de nuestros servicios, con los que asesoramos gratuitamente a cualquier empresa que lo requiera»

En su trigésimo aniversario, José Luis Crespo ve poco recorrido más a la Lismi «porque desde el año pasado está pendiente su fusión con otras normas». Un cambio que, el presidente de Feaps, espera que «no suponga recortar más derechos».