El Gobierno valenciano recolocará a los directivos y echará a 3.000 empleados

Lne.es » España

Un nuevo tijeretazo autonómico

 La Administración regional prescindirá del 40 por ciento de la plantilla y los despedidos tendrán el mismo coste que los sueldos eliminados

Foto: La alcaldesa, interrogada. Sonia Castedo, regidora de Alicante, negó al juez haber recibido regalos de un empresario. efe

 

El Gobierno valenciano aprobó el decreto por el que despedirá a alrededor de 3.000 empleados de su sector público, el 40 por ciento del total de la plantilla, al suprimir 46 empresas, lo que supondrá un ahorro en gastos de estructura de unos 300 millones. Ahora bien, «salvará» a los directivos y gerentes de los organismos que desaparezcan.

 

El anuncio lo hizo ayer el consejero de Economía, Máximo Buch, al dar cuenta de la aprobación del decreto de reestructuración que queda compuesto por 30 entidades, de las 76 que había al principio de la legislatura.

 

Los altos cargos dejarán de tener rango de director general, pero tendrán opciones de seguir en nómina del nuevo sector público, aunque con otros cometidos. Se les enconmendará labores de gestión económica financiera, contratación, presupuestación o personal.

 

Buch explicó que los expedientes de regulación de empleo (ERE) se plantearán en su mayoría a lo largo de noviembre, y su coste estimado es de entre 85 y 100 millones, una cantidad similar al ahorro que se espera en gastos de personal. El Consejero no ha descartado que pueda incrementarse si posteriormente se decide algún ajuste adicional. Además, puntualizó que por sinergias de integración se espera ahorrar 15 millones, a los que se sumarán entre 160 y 200 millones por optimización y eficiencia en la gestión.

 

El balance económico de este plan también podría verse mejorado a través de la «intensificación de la colaboración público-privada», mediante la «venta de activos, externalización de la gestión y privatizaciones», para lo que se elaborará un plan de actuación en el plazo máximo de nueve meses.

 

Los empleados de las empresas cuyas funciones sean asumidas por otra nueva se integrarán en esta última, igual que sucederá con el fijo, con el temporal y con el indefinido, mientras que a partir de enero de 2013 las aproximadamente 85 plazas vacantes que hay sin titular serán amortizadas. El Gobierno valenciano mantiene siete entes que en un principio habían sido integrados en otros organismos, como el Instituto Valenciano de Finanzas.

 

La reconversión del IVF en «un banco de emprendedores» y la voluntad de convertirlo en una entidad de crédito transversal «desaconsejan su integración en estos momentos», dijo el Consejero, quien señaló que otras de las entidades que se mantienen son la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) y el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

 

En otro orden de cosas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), negó ante el juez haber aceptado regalos o viajes del constructor Enrique Ortiz a cambio de amañar el Plan General de Ordenación Urbana en su favor.

 

Castedo prestó declaración como imputada ante el Tribunal Superior valenciano, después de que el Juzgado número 5 de Alicante observara indicios de delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias y se inhibiera por su condición de aforada. Entre los regalos que le atribuyen las acusaciones figura un coche modelo «Mini», unas vacaciones en Andorra durante la Navidad de 2008 y otras en Ibiza a bordo del yate del empresario.

 

Según la acusación popular, Castedo argumentó que el viaje a Andorra lo pagó con el dinero de la lotería. Reconoció que la estancia en Ibiza fue una invitación personal de Ortiz y que le regaló una cazadora la esposa del empresario. El juez aplazó la declaración del asturiano Díaz Alperi, que precedió a Castedo en la Alcaldía alicantina.