Esta claro pero no está de más insistir

La tasa del euro por receta es injusta, ilegal e inconstitucional

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

La mayoría del PP de la Comunidad de Madrid ha aprobado la instauración de la tasa de un euro por receta en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012), y la medida se ha puesto en marcha el mismo día 1 de enero.

Esta tasa supone un claro atropello que desde la ADSPM hemos impugnado ante el Ministerio de Sanidad, Defensora del Pueblo y Fiscalía General del Estado porque entendemos que esta tasa es ilegal ya que la Comunidad Autónoma de Madrid carece de competencias para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las siguientes leyes:

Constitución Española

Ley General de Sanidad

Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

Ley del Medicamento

A ello hay que sumar el Dictamen del Consejo de Estado (623/2012) de 21 de junio de 2012 que señala la inconstitucionalidad de la tasa de un euro por receta impuesta en Cataluña, y la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña.

Esta tasa, este nuevo copago que se suma a los ya establecidos a nivel general por el Gobierno, aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, impide que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se realice en condiciones de igualdad efectiva en todo el país, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la Seguridad Social en Madrid.

Además se trata de una tasa injusta que penaliza a los mas pobres y los mas enfermos y que se suma a los copagos farmacéuticos ya establecidos con carácter general por el RD Ley 16/2012, y a los copagos sobre transporte sanitario, dietas y prótesis y ortesis que hacen que el acceso a las prestaciones sanitarias sea cada vez mas difícil para las personas mas enfermas y con un menor nivel económico, que como es bien sabido son cada vez mas por una política equivocada.

La Comunidad de Madrid, con la incompetencia que le caracteriza, ni siquiera ha puesto en marcha el sistema informático necesario, por lo que las tasas que se abonen durante el mes de enero y hasta que este sistema informático este disponible, no se computaran para el máximo anual de 72 € que establece esta ley, de manera que los madrileños acabaran pagando cantidades muy superiores, y también debe señalarse que el tope se establece sobre cada persona física y no sobre la unidad familiar, con lo que por ejemplo, una familia de 5 miembros tendrá un tope real de 360 € anuales. Por cierto este tope se fija de manera anual para recaudar el dinero lo antes posible, porque es más que probable que las personas con problemas importantes de salud hayan superado el tope en 2 o 3 meses.

Otro hecho que habría que resaltar es que parece mas que probable (ya esta sucediendo) que una parte de las recetas que se prescriben en Madrid sean recogidas en las farmacias fuera de esta Comunidad (en Castilla La Mancha o Castilla y León) con lo que los usuarios se ahorrarían la tasa, la Comunidad de Madrid no conseguiría su objetivo recaudatorio y solo se perjudicaría a las farmacias madrileñas.

Los formularios que la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de las farmacias para no pagar la tasa son ambiguos y amenazantes, y parecen incluir la aceptación de los ciudadanos de estar cometiendo una infracción, cuando en realidad la ilegalidad la comete el gobierno de la Comunidad de Madrid, por eso recomendamos a quien los utilice que añada a mano su rechazo a esta tasa ilegal e inconstitucional.

El Consejo de Ministros de ayer (por el viernes) ya ha decidido presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, condicionándolo de manera incomprensible a un informe positivo del Consejo de Estado, que ya había señalado en junio de 2012 la inconstitucionalidad de la tasa en cataluña .Habría que exigir también que se paralice rápidamente la aplicación de una tasa que es injusta e ilegal, y de cuya aplicación se pueden derivar daños irreparables para la salud y la vida de la población, al impedirles el acceso a los medicamentos que necesitan.