El Principado recurre la sentencia que anula la jornada de 40 horas a más de dos mil funcionarios
El PP prevé un coste de nueve millones si reclaman todos los afectados
José María Gancedo. | nacho orejas
Lne. 17.04.2013 | 00:00 Oviedo, J. A. ARDURA
El Principado recurrirá la sentencia que anula la jornada laboral de 40 horas a miles de empleados públicos con dedicación especial, según confirmó ayer el director general de Función Pública. El PP regional estima que esa sentencia, de ser firme cuando se resuelva el recurso, supondrá un coste entre los ocho y los diez millones si reclaman todos los funcionarios afectados.
José María Gancedo, responsable de Función Pública, basa el recurso en la existencia de otros fallos judiciales que han dado la razón a la Administración regional. El sindicato CSIF denunció el pasado verano las instrucciones dictadas por la Consejería de Hacienda para adaptar la Administración regional a las medidas acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de los Presupuestos de 2012. El Principado ganó aquel pleito, mediante una sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. «Al mantener la legalidad de esas medidas una sentencia anterior, entendemos que existe una discrepancia entre juzgados que someteremos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias», declaró Gancedo, quien justificó la aplicación de una jornada de 40 horas al personal con dedicación especial «porque tiene una mayor retribución para trabajar dos horas y media más a la semana».
El diputado regional del PP, Luis Venta, vinculó ayer la sentencia que anuló la jornada laboral de 40 horas con sentencias precedentes, también contrarias a la política de Función Pública de la Administración asturiana. «Este fallo judicial demuestra que el Gobierno de Javier Fernández actuó con prepotencia y reguló mediante una instrucción medidas que requerían un decreto», afirmó el diputado popular. La sentencia, según Venta, también prueba que «el Gobierno regional mintió cuando justificó sus medidas de ajuste como una imposición del Gobierno de España. Nada más lejos de la realidad». El magistrado del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo definió de «adaptación exorbitante» la decisión de ampliar la jornada de dedicación especial mediante una resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
El diputado popular Luis Venta cifró entre ocho y diez millones de euros el coste que acarrearía esa sentencia, de ser firme, si todos los funcionarios reclamaran las horas que trabajaron de más desde el 1 de julio, cuando entró en vigor esa jornada laboral de 40 horas para los funcionarios con dedicación especial. El Principado evitó valorar ese cálculo, pero precisó que la sentencia del Juzgado número 5 anula la ampliación de la jornada entre el 1 de julio y el 11 de octubre, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno que fijaba la duración de la jornada.
El Gobierno regional recurrirá el fallo que limita la jornada al personal con dedicación especial
El Principado recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ( TSJA ) la sentencia que ha declarado nula la ampliación de 37 horas y media a 40 horas la jornada semanal de los empleados del sector público con dedicación especial. El aumento se decretó en junio del pasado año. José María González Gancedo, director general de Función Pública, avanzó ayer que la Administración presentará el recurso de apelación contra la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo intentando así hacer valer una resolución judicial que desestimaba una demanda similar. En una nota de prensa, González Gancedo señala que la Consejería de Hacienda y Sector Público aprobó la ampliación de jornada para dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que establecía que la jornada semanal de los empleados públicos pasase de 35 a 37 horas y media. Éste era el horario con que ya contaban los cerca de dos mil empleados públicos que contaban con dedicación especial por lo que el Principado consideró necesario elevar su jornada semanal hasta las 40 horas dado que tenían una mayor retribución que el resto.
La sentencia ahora conocida estima parcialmente el recurso interpuesto por el colectivo Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies y considera que el Gobierno regional se extralimitó. La normativa estatal «no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media», dice el auto.
Por su parte, el diputado del PP Luis Venta acusó ayer al Principado de actuar con «despotismo y prepotencia» y consideró que la última sentencia «es la guinda a las que venimos acumulando desde hace tiempo en relación con la función pública». Su grupo ha presentado una interpelación para que la consejera de Sector Público explique estos reveses judiciales y preguntará también qué coste podría tener que asumir el Principado si los afectados reclaman indemnizaciones por las horas trabajadas. Venta estima que estas reclamaciones podrían costarle a las arcas regionales entre ocho y diez millones de euros.
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