En el nuevo HUCA abundaron las anomalías jurídicas, critican los síndicos en la Junta

La oposición en bloque censura a la empresa pública Gispasa y el Gobierno asegura que siempre se ha atenido a una legalidad cambiante

Lne. 18.03.2014 | 01:41 

Los tres síndicos, ayer, en la Junta. De izquierda a derecha, Antonio Arias, Miguel Ángel Menéndez y Avelino Viejo. | miki lópez

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ Los tres miembros de la Sindicatura de Cuentas del Principado criticaron ayer en el Parlamento regional las "deficiencias", las "anomalías" o las "inobservancias" de carácter jurídico cometidas por los sucesivos gobiernos autonómicos en el proyecto de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El objeto de debate fue la empresa pública Gispasa, creada en 2004 para impulsar la puesta en marcha del complejo sanitario de La Cadellada, cuya entrada en servicio se lleva a cabo de forma paulatina y debería estar completada el próximo 30 de junio, según las previsiones del Ejecutivo de Javier Fernández.

El síndico mayor Avelino Viejo, quien llevó la voz cantante de la exposición, exhibió una notable habilidad para eludir la palabra "irregularidades", pero sí se avino a verbalizar todos los términos entrecomillados en las líneas anteriores. Cuando los diputados -no socialistas, claro- le apretaban las clavijas para que se mojase en la calificación de los aspectos más dudosos, su respuesta fue, por sistema: "Me remito a lo que figura en el informe de fiscalización", una auditoría de ochenta páginas, muy técnica, del que muy probablemente la mayor parte de los diputados no extraerá grandes clarificaciones. "No se han apreciado indicios de responsabilidad contable", precisó Viejo.

Las reprobaciones esgrimidas por los síndicos pueden resumirse en cinco. Primera: Gispasa fue creada por el Gobierno de Areces para evitar la inclusión del endeudamiento que suponía el nuevo HUCA en el balance de la comunidad autónoma, pero al año siguiente esta deuda entró a formar parte de la autonómica debido a un cambio legislativo. Segunda: en el momento de la firma del convenio entre el Principado y Gispasa "no existía norma legal que le sirviese de amparo". Tercera: los modificados introducidos en la construcción del HUCA son, en su mayor parte, innecesarios y deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias. Cuarta: no existe una memoria justificativa de la creación de Gispasa, como exige la normativa, ni ha sido posible verificar la existencia de la memoria económica preceptiva que detallara las repercusiones presupuestarias. Quinta: en el contrato de construcción del recinto sanitario "parte de los criterios de adjudicación fijados en los pliegos se valora en atención a unos subcriterios no especificados previamente en los pliegos", carencia que pudo generar desigualdad de oportunidades entre los diversos licitadores.

Fueron los cuatro partidos de la oposición los que quisieron llevar ayer a la Comisión de Hacienda de la Junta la discusión sobre el citado documento. Más de cinco horas estuvieron debatiendo unos y otros, en primer término con los tres síndicos y a continuación con los consejeros de Hacienda (Dolores Carcedo) y de Sanidad (Faustino Blanco) y con el gerente de Gispasa (Alfonso de Carlos). Según Carcedo, gran parte de las críticas de la Sindicatura obedece a "la distinta calificación jurídica que se le da a Gispasa". "No hay nada que ocultar. La empresa ha ido cambiando al hilo de los cambios de normativa y de las sentencias", se defendió Carcedo. El pasado mes de diciembre el Ejecutivo regional modificó los estatutos de Gispasa para convertirla en "medio propio de la Administración del Principado".

La discusión tuvo momentos sólo aptos para expertos, por ejemplo, los dedicados a analizar los trasvases de cuantías en concepto de IVA entre el Principado y Gispasa, cuestión de relevancia más que dudosa, por cuanto la caja de caudales de ambas entidades es la misma. Hubo también momentos abiertamente soporíferos. Otros llamativos. Izquierda Unida, que en 2004 gobernaba con el PSOE y apoyó la constitución de Gispasa, empleó bastantes minutos en inquirir -por medio de su diputado Ángel González- qué pasaría si Gispasa dejara de existir y la Administración regional pasara a desempeñar directamente sus funciones, que en el futuro serán la gestión de los servicios no sanitarios del HUCA y la del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres.

"He visto pocos informes tan demoledores como este de la Sindicatura", subrayó el portavoz del PP José Agustín Cuervas-Mons. A juicio de Teresa Alonso, de Foro, "en el informe hay muchas denuncias claras". Ignacio Prendes, de UPyD, indicó que el documento es riguroso y serio y llega a unas conclusiones preocupantes".