El final de la ayuda de 400 euros dejaría a 7.000 parados asturianos sin subsidio

El PP abre la puerta a la continuidad de la prestación, pero la critica: «Sirve para pagar a los desempleados de Zapatero», afirma Alfonso Alonso, portavoz popular           

Foto: Alfonso Alonso.

Lne.es » Economía Oviedo, Agencias

El fin de la ayuda de 400 euros, que concede el Gobierno a los parados que ya han agotado todas las ayudas podría afectar en Asturias a más de 7.000 beneficiarios, los que normalmente, de media, vienen cobrando este dinero mes a mes en la región. El Ejecutivo asegura que no ha tomado aún ninguna decisión sobre la continuidad del subsidio, que finaliza el próximo día 15. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, dejó la puerta abierta a la continuidad de la ayuda, aunque de manera diferente a la actual, ya que cuestionó su eficacia y criticó que sirve para «pagar a los parados de Zapatero». El fin de la subvención no afectará, en principio, a aquellos que ya la están cobrando, sino a quienes la fueran a solicitar a partir del próximo miércoles. El número de beneficiarios de la ayuda ha crecido con fuerza durante los últimos meses debido al empeoramiento de las condiciones económicas y a la escalada del desempleo de larga duración.

El Ministerio de Empleo aseguró que los retrasos en los pagos que habían denunciado los afectados de varias provincias españolas, entre ellas Asturias, y que achacaron a un error en el sistema informático, «ya está solucionado». Desde el Gobierno central se aseguró que una parte de los afectados ya cobró ayer y el resto, afirmaron, lo hará la próxima semana. No obstante, el PSOE pidió la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso de los Diputados para que explique los motivos del retraso en el pago de la ayuda.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, apuntó que el Gobierno tomará una decisión sobre la prórroga de los 400 euros a parados la «semana que viene». Durante su intervención cuestionó la capacidad de reinserción laboral del llamado «plan Prepara», aprobado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El popular aseguró que el Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y reclamó que «más allá del debate de esta semana y de la decisión que tome el Gobierno la semana que viene, se tiene que profundizar en hacer más efectivos los programas de reinserción». Y explicó: «Este programa, cuando comenzó, tenía una capacidad de reinserción laboral del 20% y ahora está en el 6%; creo que está perdiendo su capacidad para reinsertar a los trabajadores, por lo tanto nosotros queremos que esto se valore».

Las palabras del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados cosecharon numerosas críticas del PSOE en Twitter por calificar de «parados de Zapatero» a los perceptores de la ayuda de 400 euros para desempleados sin prestación, una reacción que ha llevado al dirigente del Grupo Popular a ser uno de los temas más comentados («trending topic») en la popular red social. Así, el secretario de relaciones institucionales y política autonómica del PSOE, Antonio Hernando, tiró de ironía y escribió: «Un poco de humor después de escuchar a Alfonso Alonso: como Rajoy siga recortando, va a dejar las siglas de su partido en una sola P».

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, exigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «suspenda las vacaciones y convoque ya un Consejo de Ministros para que apruebe la prórroga» de la ayuda de 400 euros. Según precisó «le quedan menos horas». La socialista destacó la «amplia acogida» que ha tenido la campaña emprendida por los socialistas y los sindicatos UGT y CC OO para defender este subsidio. Según aseguró, «la sociedad española no está dispuesta a tolerar un déficit moral de estas características».

Los datos oficiales señalan que más de 450.000 se han beneficiado de esta ayuda.

«Da para pagar la gasolina, el teléfono y un par de cafés»

Para Sergio Pérez, un desempleado que desde el pasado mayo comenzó a cobrar la ayuda de 400 euros tras agotar la prestación del paro, asegura que con ese dinero consigue «pagar la gasolina, los gastos del móvil y dos o tres cafés». Pérez es uno de los asturianos afectados por el retraso en los pagos y que aún no ha cobrado la ayuda. «Mi situación es más desahogada que la que pueden sufrir otras familias», resume, «no tengo hipoteca y vivo en casa de mis padres». Aun así reconoce que «el dinero de la ayuda no da para mucho pero ayuda, es mejor que nada». Ahorrando poco a poco, añade, «incluso algún mes puedo darme un caprichito y comprarme algo de ropa». Ante el fuerte retraso que acumulaba el pago de la subvención, Pérez se decidió a preguntar en la oficina del Servicio Público de Empleo. «Me dijeron que no había dinero para pagarnos, es una pena porque yo hasta octubre ya tenía hechos algunos planes basándome en que iba a ingresar ese dinero», destaca.


Javier Rodríguez es otro de los afectados que aún no han cobrado el subsidio; además, era el último mes que iba a tener derecho a la ayuda. «Es un dinero que es muy útil, hay familias que incluso pueden llegar a vivir con esos 400 euros», destaca.

Los datos

Prórroga


La última prórroga del llamado plan «Prepara» finaliza el próximo día 15. El Gobierno aún no ha confirmado si seguirá la ayuda, pese a las presiones de la oposición y los sindicatos. Si no se renueva, se producirá el fin de una ayuda que se creó de forma excepcional en febrero de 2011 y que ha beneficiado a más de 450.000 desempleados.


Solicitud


Podrán solicitar la ayuda aquellos parados que agoten sus prestaciones hasta el próximo 15 de agosto. Para pedirlo hay un plazo de dos meses desde el momento en el que se agota la última prestación. El programa está dirigido a parados que han agotado todas sus prestaciones y se comprometen a recibir formación cobrando una ayuda de 400 euros durante seis meses.


Requisitos


El solicitante debe estar inscrito en el paro, haber agotado todas las prestaciones posibles, no haber cobrado con anterioridad ninguna prestación de este tipo, no tener unas rentas propias o per cápita familiar superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, y participar en algún curso.

PP: desgobierno contra el pueblo y sin el pueblo

Juan Torres López | Economista nuevatribuna.es | 09 Agosto 2012 - 15:55 h.

A partir de mayo de 2010 el anterior presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se convirtió en un obediente esclavo del poder que domina Europa. Aprobó prácticamente sin consultar ni a su propio partido las medidas que le iban imponiendo, e incluso se adelantó sin necesidad a la hora de hacer mayores recortes sociales, acelerando su puesta en marcha seguramente con la intención de evitar que su mandato, ya de por sí frustrante y frustrado, terminara con la intervención de nuestro país. A pesar de que fue criticado por todos, evitó esto último y la prima de riesgo incluso se mantuvo en niveles soportables y sin dar los latigazos que daría más tarde. Aunque, eso sí, los costes sociales y humanos de su falta de compromiso con los de abajo fueron tremendos y los costes políticos de sus constantes errores de previsión tan altos que llevaron al PSOE a una gran derrota electoral. La economía empezó a ir marcha atrás como consecuencia de que las políticas que se aplicaban eran justamente las contrarias de las que había que tomar, pero los grandes bancos y la gran patronal, nacional y extranjera, por muy desagradecidos que fuesen públicamente, obtuvieron grandes rendimientos de la decisión con que Zapatero adoptó los recortes de gasto y derechos sociales...(leer más)

El Banco Central Europeo insta a Españaa aplicar reformas más drásticas

Sugiere recortar el salario mínimo, facilitar el despido, abrirse a la inmigración y liberalizar profesiones cerradas

El Comercio. 10.08.12 - 00:57 -M. J. Alegre | MADRID

El Banco Central Europeo ya incluye a España entre los países que, junto a Grecia, Irlanda, Portugal y, en fecha reciente, Chipre, se han acogido a programas de asistencia financiera. A los cinco les recomienda acometer «reformas adicionales de gran calado», porque considera que su necesidad de reequilibrio es «todavía considerable». E insta sobre todo a España y Grecia, que presentan las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, a aplicar medidas tan radicales como recortar el salario mínimo, facilitar aún más el despido, abrirse a la inmigración o liberalizar las profesiones cerradas, además de moderar salarios y también márgenes de beneficios, especialmente en los servicios. La proporción de desempleados ha llegado en España al 24,63% mientras Grecia acaba de comunicar el nuevo máximo histórico del 23,1% en su registro de mayo.

Poco importa que el Gobierno español se niegue a reconocer una mayor condicionalidad del rescate bancario, porque el Banco Central Europeo ya se ha puesto las pilas. Sus expertos aconsejan al Ejecutivo de Rajoy, como al de otros países asistidos, «la adopción de políticas audaces y la valentía ante las presiones de grupos privilegiados y de intereses creados» para afrontar las reformas.

En España, el BCE celebra la significativa mejora de la balanza corriente por el avance de las exportaciones. También constata que «el ajuste va por buen camino, y el saldo primario está mejorando, aunque en 2010 y 2011 la reducción del déficit fue menor de lo esperado».

A costa del empleo

En España también se han contenido los costes laborales unitarios respecto a la media de la zona euro. Pero dice el BCE que solo una parte de esta reducción se debe a las medidas para lograr mayor eficiencia. El resto responde, lisa y llanamente, a los recortes de plantilla.

En España y Chipre, asevera, «la moderación salarial ha sido muy limitada». Por eso apunta que la negativa evolución del paro ha podido deberse también a «la actuación tardía de los agentes sociales que participan en las negociaciones salariales, tanto en el sector privado como en el público».

De cara al futuro, espera que se produzca «una acusada caída de la remuneración por asalariado», consecuencia de los nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado. Y aprovecha para estimar que, si la reforma del mercado de trabajo «de gran trascendencia y envergadura» que aprobó el Gobierno de Rajoy en febrero de 2012 se hubiera producido hace unos años, «podría haber sido muy útil para evitar la destrucción de empleo».

Menores beneficios

Pero ahora toca acometer nuevos retos. España, Grecia y también Portugal, con elevadas tasas de desempleo, tienen que mejorar su competitividad y, para conseguirlo, han de recortar no solo los costes laborales unitarios, sino también los márgenes de beneficio excesivos, que se localizan sobre todo en los sectores orientados al mercado interno, y en particular en los servicios. Para reducir costes laborales, el instituto emisor sugiere recetas bien conocidas como aumentar la flexibilidad de los salarios relajando la legislación que protege el empleo, reduciendo los salarios mínimos y permitiendo la negociación salarial a escala de empresas. Añaden los expertos del Banco Central Europeo que el ajuste de competitividad se reforzará también mediante privatizaciones, la innovación de procesos, el desarrollo de nuevos productos, la aplicación de medidas para mejorar la cualificación de la población activa y la puesta en marcha de iniciativas para crear un entorno empresarial más favorable.

Y agregan recomendaciones que no van precisamente en línea con las políticas emprendidas por el Gobierno español, como la liberalización de la inmigración o la reorientación del gasto hacia la educación, amén de la apertura de las profesiones cerradas y especialmente protegidas, o la modificación de los marcos regulatorios para dar entrada en distintos ámbitos de negocio.

Los trabajadores españoles en Alemania crecen un 11,5%

Hay más de 46.0000 empleados nacionales, 4.753 más que en 2011

09.08.12 - 18:27 -AGENCIAS | MADRID

Los trabajadores españoles en Alemania crecen un 11,5%

El número de españoles que trabajan en Alemania aumentó en un año en un 11,5%, según datos de la Oficina Federal de Empleo, que reflejan también un incremento de ciudadanos procedentes de Grecia, Italia y Portugal en el mercado laboral alemán.

De acuerdo con la estadística del organismo, elaborada con cifras del pasado mayo, cotizan como trabajadores en Alemania un total de 46.026 españoles, 4.753 más que un año atrás. Siguen a los españoles los griegos, con un incremento del 9,8% -un total de 117.744 ciudadanos de esa nacionalidad empleados en Alemania.

En términos absolutos, el mayor colectivo entre ese grupo de cuatro países lo forman los italianos, con 232.772 personas y un incremento interanual del 4,2%, mientras que el número de portugueses subió un 5,9 %, hasta situarse en 55.560. De acuerdo con esas estadística, el total de trabajadores de esos cuatro países se sitúa en 452.102, lo que representa un aumento global del 6,5% respecto a mayo de 2011.

Dentro del cómputo de población laboralmente activa de Alemania, integrada por 34,09 millones de personas, los trabajadores de estos cuatro países representan un 1,3%

BUSCAS 09/08/2012

 

ENLACE:

http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

Lo cierto es que al actual ministerio, que está desmantelando el SNS, le importa un rábano todo esto

Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas

El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias

Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento

Emilio de Benito / María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.

A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.

Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.

El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.

En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.

La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.

Los afectados

VIH.

El Grupo de Estudio de Sida calcula que hay entre 2.700 y 4.600 inmigrantes sin papeles con el virus.

Cáncer.

No hay datos de cuántos de los 160.000 diagnósticos de cáncer que se efectúan en España al año corresponden a inmigrantes irregulares. Si su proporción fuera igual que en el total de la población, serían 510 al año. Pero probablemente sean menos, porque los inmigrantes son en general más jóvenes.

Diálisis.

En España hay unas 47.000 personas que usan estos servicios. Si su necesidad fuera igual entre los 150.000 inmigrantes sin papeles que en el conjunto de la población, los afectados serían 150.

Los empleados públicos mantienen el pulso contra los recortes

 

MAÑANA VIERNES DIA 10 SE VOLVERAN A CONCENTRAR A LAS 11 DE LA MAÑANA EN LA GLORIETA DE LA Av/SAN AGUSTIN.

 

LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS INVITA A TODOS LOS COLECTIVOS SOCIALES Y CIUDADANOS EN GENERAL A SUMARSE A LA CONCENTRACION.

 

 

El Principado rechaza el plan de Rajoy de retirar la atención sanitaria a los ilegales

En Asturias hay unos 4.000 inmigrantes sin papeles

Más de novecientos médicos de toda España objetan contra la medida

 

Oviedo, J. A. ARDURA /

 

P. RUBIERA

 

El Gobierno asturiano garantizará la asistencia sanitaria a la población inmigrante que se encuentra en situación irregular. El consejero de Presidencia y portavoz, Guillermo Martínez, confirmó ayer «el rechazo» del Principado a los planes del Ejecutivo central, que preside Mariano Rajoy, para suprimir las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin papeles y dejó entrever la posibilidad de pleitear contra la orden ministerial que condiciona la cobertura sanitaria a ese colectivo. «En Asturias atenderemos a los inmigrantes sin papeles, la atención sanitaria está garantizada», afirmó el portavoz del Gobierno regional. Guillermo Martínez manifestó que la decisión del Ejecutivo de Javier Fernández está basada «tanto en razones de tipo humanitario, consagradas por la ONU y la propia Constitución española, como en el sentir de la sociedad asturiana y de los profesionales».

 

 

El próximo 31 de agosto, los «sin papeles» se quedarán sin tarjeta sanitaria y sólo podrán ir a urgencias, excepto los menores y las mujeres embarazadas. El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad prepara un proyecto por el que los inmigrantes ilegales deberán suscribir una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y de 155,4 para el resto.

 

 

El PP se ha quedado solo defendiendo la medida. Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso de los Diputados, considera «lógico» que los inmigrantes en situación irregular paguen la sanidad «como lo hacemos todos los españoles». En una rueda de prensa, tras presidir la reunión del comité de dirección del PP de Cádiz, dijo que para defender «el modelo sanitario de calidad, asistencia gratuita y de cobertura universal que nos gusta lo importante es que sea económicamente viable», algo que, a su juicio, «no se puede tener con facturas sin pagar en los cajones».

 

 

Aunque no hay cifras oficiales, Asturias Acoge cifra en menos de 4.000 los residentes en Asturias de forma ilegal. Son, en su mayoría, personas jóvenes y sanas, que apenas utilizan los servicios. Varias asociaciones que trabajan con estos colectivos, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la ya citada, entregaron el pasado mes de julio casi 60.000 firmas a los gobiernos de varias comunidades autónomas rechazando las medidas anunciadas por Ana Mato. Se anuncian manifestaciones en varias ciudades españolas el próximo 1 de septiembre con el lema «Tenemos derecho a la salud sin condiciones».

 

 

Cáritas hizo público ayer un comunicado en el que invita al Gobierno y a los partidos políticos a una «reflexión profunda» sobre las consecuencias de estas medidas. La exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes irregulares va a añadir «un sufrimiento muy severo» a un colectivo «especialmente vulnerable», afirma la organización.

 

 

Los ejecutivos del País Vasco, Andalucía y Cataluña ya han anunciado su oposición a la medida. Por otra parte, algo más de novecientos médicos han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).

 

 

La organización, la más representativa de primaria con unos 22.000 socios, puso esta iniciativa en marcha el pasado mes de julio. Los médicos de esta sociedad consideran que la reforma sanitaria «deja sin prestación sanitaria» a personas que hasta ahora habían atendido en sus consultas. «Atendemos personas, no asegurados», dice el texto.

 

 

El consejero de Presidencia de Asturias cree que la medida «no persigue la sostenibilidad del sistema, ni un menor gasto», porque la población inmigrante «tiene una edad media más baja que el resto de la población y no es la que más frecuenta los servicios de salud». Guillermo Martínez alertó de que estas iniciativas del Gobierno estatal «corren el riesgo de estigmatizar a un sector de la sociedad».

 

 

El consejero de Presidencia evitó entrar en detalles de cómo se prestará la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles: «Que posean o no la tarjeta sanitaria dependerá de las órdenes ministeriales». Apuntó la posibilidad de un nuevo conflicto judicial con el Ejecutivo de Rajoy por esta cuestión. «No tenemos aún conocimiento oficial de la orden ministerial, pero si existe la obligación de firmar convenios para la prestación de ese servicio, nuestros servicios jurídicos estudiarán el caso ante una posible invasión de competencias».

 

 

Por su parte, el coordinador de IU en Asturias, Manuel González Orviz, aseguró que «la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles no es sólo una cuestión de humanidad, sino también de salud pública». En su opinión, lo que propone el PP es «volver a un modelo antiguo, injusto y que puede suponer un grave riesgo para toda la población, pues se pretende que gente sin recursos, sin posibilidades legales de trabajar y de obtener unos ingresos suficientes pague por su atención».

 

 

 

El Principado buscará el acuerdo para aplicar la ampliación de horas a los funcionarios

 

 

Los sindicatos reclaman al Gobierno socialista que recurra ante el Constitucional el aumento de la jornada en la Administración

 

09.08.12 - 00:44 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO.

 

Guillermo Martínez, ayer, en la comparecencia ante los medios, tras el Consejo de Gobierno. :: M. ROJAS El Principado buscará el acuerdo con los sindicatos para consensuar cómo se pondrá en práctica el aumento de la jornada laboral a los empleados públicos. El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, expresó ayer la disposición al diálogo con la que acude a la mesa de negociación el Ejecutivo, que tendrá que superar los recelos de las centrales.

La propuesta de la Administración regional para que las dos horas y media en las que se ampliará la jornada semanal se repartan media hora al día, de 14 a 14.30 horas, no gusta a los sindicatos y así se lo trasladarán en la reunión que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. El Principado no cierra ninguna puerta y asegura que será «sensible» a estas reivindicaciones.

Guillermo Martínez, portavoz del Ejecutivo, trasladó este mensaje ayer, al término del Consejo de Gobierno, tras recordar que el Principado lleva a cabo esta ampliación de horarios por una ley «impuesta» por el Gobierno central. «No tenemos alternativa», ahondó el dirigente socialista, que compromete esfuerzos de la Administración regional para intentar «consensuar» una posición con las centrales, aunque dejando claro que el Principado no obviará que cualquier cambio estará supeditado a lograr la mayor «eficacia» en la gestión pública.

La mayoría de los empleados públicos del Principado trabajan ya las 37,5 horas. Lo hacen desde que fuera aprobada por ley y publicada en el Boletín Oficial la ampliación de la jornada laboral el pasado 2 de julio. Desde ese momento, el Principado ha acatado la normativa -ya que no se puede negar-, aunque es cierto que ha mostrado cierta flexibilidad en la aplicación del nuevo horario, al menos, hasta decidir en la negociación con los sindicatos la fórmula definitiva que se va a adoptar para llevar a cabo la reestructuración de los horarios. A pesar de que el control que se ha hecho no ha sido exhaustivo, la mayoría de los funcionarios han optado por cumplir con la nueva exigencia que supone aumentar de 35 a 37,5 horas jornada y de 37,5 a 40 en el caso de los funcionarios de dedicación especial. Un ataque más a los muchos que, sostienen, llevan soportando en los últimos meses.

No hay que olvidar, recuerdan los trabajadores, que les han suprimido la paga de navidad, les han quitado tres de los seis días que les corresponden por asuntos particulares sin justificar, han perdido un día de vacaciones (tienen 22 días laborales en lugar de 23) así como los días extra (en algunos casos hasta tres, los que llevan 30 años en la Administración) que acumulaban los empleados más veteranos.

Ante esta situación, los trabajadores de la función pública están dispuestos a defender sus derechos y a luchar contra los ataques que, en su opinión, están sufriendo por parte del Gobierno central. El empeoramiento de las condiciones laborales unida al despido de muchos trabajadores interinos tendrá, sostienen, incidencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Los sindicatos darán buena cuenta de esta problemática al Principado en la reunión de la mesa de negociación del próximo día 20 donde, además, trasladarán una petición para que la Administración autonómica siga el mismo camino emprendido en su oposición a los ajustes en los ámbitos de la sanidad y la educación y plantee un recurso de inconstitucionalidad por lo que, consideran, es una invasión de competencias. El Gobierno asturiano, en el último encuentro mantenido, se comprometió a estudiar esta iniciativa, aunque, de momento, mantiene silencio sobre la decisión que adoptará.